Hay un  nuevo cuco nacional. Gendarmería hizo un operativo en Radio Pop, pocos minutos antes que Beto Casella entrevistara a Cristina Kirchner el jueves. En ese punto, la divergencia no es si éste gobierno es una dictadura o llegó por los votos. El dilema es si este gobierno respeta los derechos de los disidentes, los derechos de libre expresión de un medio que decide entrevistar a una dirigente crítica. Dos días antes, Gendarmería entró a la facultad de Psicología de la Universidad de Rosario cuando se estaba realizando un acto por Santiago Maldonado. Tampoco aquí hay que enfocar el núcleo en la pregunta de si es una dictadura. La pregunta es si respeta la autonomía universitaria. Gendarmería hizo tareas de espionaje a la familia del detenido desaparecido Santiago Maldonado. Otra vez: no hace falta preguntar si es una dictadura o insistir que lo votó la mayoría. La pregunta es si el gobierno respeta la ley que impide este tipo de espionaje. Gendarmería es la fuerza que reprimió a la comunidad mapuche que estaba apoyando Santiago Maldonado. Si se hace a un lado esa referencia a la dictadura, la pregunta es si este gobierno respeta la libertad y el derecho a la vida de las personas. Finalmente, Gendarmería realiza un peritaje sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y arregla las cosas para que coincidan con la hipótesis de asesinato que le sirve al gobierno para embarrar al gobierno anterior.

La idea clásica de dictadura se deja en un rincón. Lo que hay es un gobierno elegido por los votos, pero que no respeta los derechos de sus críticos a la libertad de expresión ni los derechos de libertad de prensa de un medio que decide entrevistar a un dirigente de la oposición. Un gobierno que no respeta la autonomía universitaria, que hace espionaje interno y demuestra no respetar el derecho a la libertad ni a la vida. La palabra dictadura no lo define, pero la de democracia tampoco. Para un medio como PáginaI12 que sufre un hostigamiento permanente, empezando por el retiro de gran parte de la pauta pública, la irrupción de los gendarmes en otro medio que se propone a entrevistar a la ex presidenta no se puede entender más que como un acto de amedrentamiento tanto contra Cristina Kirchner como contra la empresa de medios. Los gendarmes no tenían nada que hacer allí y menos en ese momento, estaban buscando un efecto intimidatorio, igual que cuando entraron en la Universidad de Rosario. Allí fueron solamente tres, dos de uniforme y el otro de civil. Entraron pisando fuerte, en una actitud de desafío. Cualquier trámite hubiera sido diferente si no lo realizaban durante el acto por Santiago Maldonado de cuya desaparición forzada los acusados son ellos.

Hubo un salto de calidad en el protagonismo de Gendarmería. Leopoldo Moreau denunció que hubo una reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y la conducción de Gendarmería para sellar un pacto. Impunidad en la represión a cambio del nuevo y escandaloso peritaje sobre Nisman. Escandaloso por los vergonzoso, por los resultados insostenibles, por las explicaciones forzadas, pero que coinciden con las necesidades del gobierno para travestir de asesinato al suicidio de Nisman. El resultado de esa pericia es tan bochornoso que termina por confirmar el suicidio del ex fiscal. Si para que hubiera sido asesinato tendrían que haberse dado tantas situaciones estrafalarias, finalmente el suicidio es lo que sucedió con más seguridad.

Si hubo pacto o no, no se puede constatar, pero hay dos cosas que sí: el resultado del peritaje sobre Nisman forzado para complacer al gobierno y la protección del gobierno a rajatabla. “Tenemos que proteger a los que nos protegen” dijo el jefe de Gabinete Marcos Peña en el Congreso. Tal cual. Cristina Kirchner fue más allá cuando Casella le preguntó cómo concebía la actuación de Gendarmería: “El gobierno está usando a la Gendarmería como fuerza de choque”. Y agregó: “es evidente que con lo que sucedió hoy no se puede decir que haya libertad de expresión, nadie puede trabajar cómodo con un operativo de Gendarmería en la redacción”.

La frutilla del postre la puso Astiz en su alegato final del miércoles en Tribunales. El ex marino condenado por el secuestro y desaparición de varias madres y tres monjas, respaldó la represión de Gendarmería a los mapuches y la comparó con los delitos por los cuales fue condenado. Expresó así lo que muchos argentinos tenían en el subconsciente y no terminaban de expurgar: marcó una equivalencia entre la desaparición de Santiago Maldonado y los desaparecidos durante la dictadura. Es un desaparecido en el marco de una represión. Y los esfuerzos del gobierno para evitar que se investigue a Gendarmería son inusitados.

Otra vez los imponderables de lo que no se ve. Pero lo que se ve son las directivas del gobierno a sus fuerzas de seguridad de mano dura en la represión de la protesta social. Y la brutalidad con que actúan, incluyendo la infiltración evidente de provocadores y la actitud desafiante del que está seguro de su protección, de su impunidad. De vuelta a lo que dijo Peña: “Hay que proteger a los que nos protegen”. Pero en esos casos, Gendarmería está protegiendo al gobierno y no a los ciudadanos. Más que a los ciudadanos, en el caso de los mapuches, Gendarmería aparece defendiendo a John Lewis y a Benetton, cuyos intereses defiende el gobierno frente a los intereses de los mapuche. Sigue siendo un gobierno elegido por la mayoría de los votos, pero defiende los intereses de terratenientes extranjeros, frente a reclamos de tierras de pueblos originarios.

Si es dictadura o no, en ese contexto aparece como una discusión anacrónica que surge de una experiencia pasada. Porque se trata de una realidad nueva, o sea, hay un gobierno democrático que reúne los mismos condimentos de la dictadura, aunque en dosis diferentes. Las dictaduras tenían un socio del poder económico y respaldo civil en la sociedad. Ahora el poder económico que fue socio y cómplice de las dictaduras pudo capturar ese respaldo civil y convertirlo en una fuerza electoral que logró el respaldo de la mayoría de los ciudadanos.

En el plano económico, ese fenómeno les dio un impulso que ni siquiera se los daba el poder de los militares y de hecho han ido más lejos que ellos. En lo económico, este gobierno está a la derecha de las dictaduras. Esta semana el gobierno adelantó los embriones de lo que será el final de la salud pública y gratuita, la privatización de la obra pública y la tercerización de los servicios del PAMI. Todo tiene el aura de la privatización y el ajuste. En este país cualquiera puede atenderse en un hospital público. La presentación de la Cobertura Universal de Salud como una nueva prestación es una gran mentira que esconde un tarifario porque esa cobertura ofrecerá en forma gratuita los servicios más elementales, como hasta ahora, pero empezará a aplicar una escala tarifaria a los demás servicios de salud, cuando en la actualidad son gratuitos. O sea que una persona de escasos recursos tendrá que pagar si necesita una intervención quirúrgica medianamente complicada. La creación de Vialidad Nacional, Sociedad Anónima, en vez de la Dirección Nacional de Vialidad, implica que el gobierno podría conceder obras a empresas privadas sin necesidad de licitación previa, controlada y pública. La fundación “PAMI” tendrá la misma operativa para tercerizar servicios que ofrece la obra social de los jubilados. Como la “Reparación histórica a los jubilados”, que busca que por unos pocos pesos desistan de los juicios contra el Estado. Todo es anunciado con festejos, papelitos y globos de colores como si fueran beneficios para los ciudadanos cuando se trata de pérdida de transparencia, de negocios privados y retrocesos en reivindicaciones populares históricas como la salud pública gratuita.

Es el embrión del achicamiento del Estado, de los ajustes que se empollan para después de octubre. Son objetivos económicos que el poder de facto nunca pudo alcanzar. Pero los papelitos y los globos de colores no pueden durar toda la vida. En algún momento se caerá el teatro y allí aparecerá la represión en toda su magnitud. Cuando la gente deje de creer en el circo y se acaben los papelitos y los globos, vienen los palos. Es imposible aplicar medidas que van a destruir la economía de sectores medios y humildes sin preparar a las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas que se producirán. Eso ha sido lo que toda la sociedad pudo observar a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La reacción de parte de la sociedad exasperó al gobierno, que puso así en evidencia lo que está preparando para el futuro.