Un día después de que la CIDH se sumara al reclamo de los organismos internacionales por la liberación de Milagro Sala, el Ministerio Público de la Acusación jujeño ratificó que la detención de la dirigente social responde a los cargos de supuesta asociación ilícita, extorsión, fraude, encubrimiento y lesiones graves que pesan contra la líder de Tupac Amaru. En tanto, el Supremo Tribunal de Justicia jujeño, alineado con el gobernador Gerardo Morales, desestimó un recurso para que se anulen las resoluciones por las que la referente de la Tupac Amaru sigue detenida y rechazó otro que planteó su inmunidad parlamentaria por ser legisladora del Mercosur.

A través de un informe publicado horas después del pedido de “pronta respuesta” formulado por el organismo dependiente de la OEA, los fiscales de Estado que acusan a Sala indicaron que las denuncias se basan en la declaración de nueve cooperativistas de la Red de Organizaciones Sociales que denunciaron que la dirigente y “un grupo cercano” recibía fondos que “luego fueron asignados a fines por el momento desconocidos”.

También dicen que Milagro, presa desde mediados de enero pasado, "habría instalado un sistema para apoderarse de modo ilegítimo y violento de fondos públicos para viviendas" y que “despojaba” a los cooperativistas de cheques. Sólo con esas declaraciones, el Ministerio Público considera que la líder de Tupac Amaru “acrecienta las posibilidades de que intente eludir el accionar de la justicia y con mayor razón pueda obstruir la presente investigación".

La acusación asegura tener "plena prueba de la existencia de los hechos” y “semiplena prueba de la culpabilidad” de la participación de Sala en esos hechos por los que está detenida desde mediados de enero pasado y que fueron cuestionados, tanto por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU como por la OEA, cuyo titular, Luis Almagro, pidió la inmediata liberación de la dirigente social.

Por su parte, el máximo tribunal jujeño rechazó los planteos de inconstitucionalidad presentados por la defensa de Sala, que pedían la nulidad de las órdenes de prisión preventiva, como así también otra que sostiene que la detenida goza de la misma inmunidad que todos los parlamentarios del Mercosur. Sala resultó electa para una banca en el Parlamento regional, pero aún no pudo jurar en el cargo por estar detenida.

Los jueces respondieron que "la inmunidad prevista en la normativa internacional” existe pero está “delimitada y circunscripta siempre a la de opinión en ejercicio de sus funciones", y aseguraron que Sala no fue detenida por sus “opiniones y votos emitidos” en un cargo que “nunca llegó a ejercer”.

Además, denegaron los pedidos de liberación por “la gravedad de los delitos” que se le imputan, así como “también los indicios concretos de peligrosidad procesal que surgen de las constancias del expediente".

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