La Asociación de Abogados Laboralistas realizó durante el fin de semana en Gualeguaychú dos días de debate sobre la defensa de los derechos de los trabajadores. El telón de fondo del encuentro fue la reforma laboral que anuncia Cambiemos para después de las elecciones. “Una reforma que busca volver al siglo XIX”, definió Matías Cremonte. El presidente de la AAL asegura que “el sueño del macrismo es poner los acuerdos individuales o por empresa por sobre los convenios colectivos, como si trabajadores y empresarios estuvieran en un pie de igualdad para acordar las condiciones de trabajo”.

A las jornadas anuales de la Asociación fueron convocados jueces del trabajo y sindicatos judiciales. “Vemos que todo este último año estuvo marcado por la avanzada del Gobierno contra la justicia del trabajo”, señaló Cremonte a PáginaI12. “Primero, con el pedido de juicio político contra una serie jueces laborales, no por irregularidades ni por mal desempeño, sino por sentencias que favorecieron a los trabajadores. Al mismo tiempo hay un ataque a la Justicia del trabajo más general: el propio presidente Macri declaró que considera que la Justicia laboral falla siempre para el mismo lado y debe ser “más equitativa” con los empresarios. Esto apunta a borrar que la relación entre el trabajador y el empresario es una relación desigual, y que los tribunales del trabajo existen, justamente, para atender a esta desigualdad.  

–¿Qué efectos tienen estos discursos? También el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cuestionó la Justicia laboral...  

–Creo que tanto las declaraciones contra la Justicia laboral como contra los abogados laboralistas y contra los sindicatos, más allá de los personajes en los que eventualmente se centren, buscan debilitar la representación de los trabajadores frente al empleador. Cuando hablamos de la avanzada del neoliberalismo, precisamente aludimos a eso, a que los trabajadores no tengan la posibilidad de defenderse colectivamente, a que se afecte el derecho laboral. Más allá de que es difícil hacer desaparecer el derecho del trabajo, toda esta campaña tiene el objetivo de desprestigiar, de estigmatizar para generar en la opinión pública el terreno propicio para reformas laborales regresivas, todo acompañado por otro discurso, el de adecuar las relaciones de trabajo al siglo XXI, de mejorar las condiciones para que haya inversión y se genere más empleo. La reforma a la ley de accidentes de trabajo, por ejemplo, fue precedida de una campaña contra “la industria del juicio”. Lo mismo pasó en los ‘90 con las privatizaciones.

–La Corte Suprema viene dictando varios fallos desfavorables a los trabajadores. ¿Cuáles le parecen paradigmáticos? 

–El fallo Orellano, que limitó la posibilidad de que los trabajadores puedan ejercer inorgánicamente medidas de acción directa o recurrir a la huelga. En él, la Corte entendió que el sujeto titular del derecho de huelga es el sindicato, cuando en realidad toda la legislación dice que el derecho de huelga es de los trabajadores, es decir que es un derecho individual que se ejerce colectivamente, y no hace falta que sea convocado por los sindicatos. Ese fallo, de junio de 2016, marcó un cambio de época en un contexto político de regresión en materia de derechos sociales. Le siguió el fallo Expósito, que fue regresivo en materia de accidentes de trabajo. Otro fallo preocupante se dio en el caso Fontevecchia, que limitó la aplicación de los tratados internacionales al derecho interno.

–¿Esta tendencia se trasladó a los tribunales inferiores?

–Los fallos de la Corte no son de cumplimiento obligatorio para los tribunales inferiores y me parece que, al revés de la finalidad buscada por el Poder Ejecutivo con los ataques a los jueces laborales y los pedidos de juicio político, no lograron atemorizarlos. La Justicia laboral en gran parte mantiene su finalidad progresista, a pesar de las presiones. 

–El Gobierno habla de una reforma laboral para después de las elecciones. ¿En qué aspecto ya hubo una reforma de hecho?  

–La primera intervención muy concreta del Estado en el mercado de trabajo fue justamente su retiro, dejar de intervenir. Desde diciembre de 2015 a hoy hubo cientos de miles de despidos; el Estado no se ocupó de preservar las fuentes de trabajo, ni de sus consecuencias sociales. Ahí los empresarios entendieron que podían aprovechar para sacarse de encima a todos los trabajadores que quisieran, total no iba a haber consecuencias más allá de pagar las indemnizaciones, que de hecho en algunos casos han pagado por encima. Así se han reducido plantas, y se han limpiado comisiones internas enteras.

–¿En qué aspectos cree que podría seguir una próxima reforma?

–El sueño del macrismo es una reforma como que la que hizo Brasil, muy nefasta en cuanto a los derechos individuales de los trabajadores, en la ampliación de la jornada de trabajo, la posibilidad de despedir, la tercerización... pero lo más grave de esa reforma fue que invirtió el orden jerárquico de aplicación de las normas. Nosotros tenemos la ley laboral, que fija un piso de derechos; después, a través de un convenio colectivo ese piso puede subirse, y luego un trabajador puede pactar condiciones que lo superen, con un contrato individual. Esta jerarquía tiene este orden porque el trabajador, individualmente, es débil frente al empresario. La reforma brasilera lo invirtió, estableciendo que lo que diga un convenio colectivo puede estar por debajo de lo que dice la ley. Eso es volver al siglo XIX, una sentencia de muerte para el derecho del trabajo. El Gobierno, no sé si por una cuestión electoral, le viene poniendo paños fríos a una reforma legislativa, pero dice que la va a hacer a través de los convenios colectivos, y pone como ejemplo el de Vaca Muerta, convenio de los petroleros de Neuquén. Hay que marcar cómo en ese convenio no es que se modificó algo para aplicar nuevas tecnologías ni para modernizar nada: lo que modificaron en Vaca Muerta fue simplemente el salario, algunos rubros que se pagaban dejaron de pagarse. Por ejemplo, al obrero petrolero le pagaban el tiempo que tardaba desde que lo recogía el transporte de la empresa hasta que llegaba a la boca de pozo, hablamos de distancias largas, de hasta dos o tres horas. A esas dos o tres horas de viaje hoy no las cobran. No tiene nada que ver con un adecuación a las nuevas tecnologías.

–¿Es verdad, como señaló el ministro de Trabajo, que la litigiosidad laboral creció?

–Es probable, pero porque la reforma de la ley de accidentes de trabajo hizo retroceder, volver a poner en vigencia la ley de 1995. La ley de accidentes de trabajo que se sancionó en ese año, en el menemismo, fue tan evidentemente contraria a los derechos constitucionales de preservar la salud en el trabajo que terminó siendo la norma que más veces se declaró inconstitucional en la historia del país. La reforma de este año borró de un plumazo todo lo que la Corte había declarado inconstitucional y volvió a poner en vigencia los criterios de aquella ley. Eso obviamente tuvo como resultado un crecimiento de los juicios. 

–¿Qué situaciones se volvieron a presentar? 

–Hay un listado cerrado de enfermedades derivadas del trabajo, por ejemplo, y si uno tiene una afección no importa si puede demostrar o no que es consecuencia de su tarea. Si no está en el listado, la ART no la reconoce. Podés tener una hernia de disco porque trabajás cargando cajas pesadas, pero la hernia de disco no está en el listado y tenés que hacer juicio para que lo reconozcan. Y está además el tema de la informalidad en el trabajo, que sigue creciendo: cualquier trabajador que está en negro y no tiene ART. Si se accidenta, no está cubierto: no le queda otro camino que ir a juicio.