Desde Barcelona

La siguiente estación en la hoja de ruta independentista llega hoy. Tras el referéndum sin garantías legales que el domingo 1 de octubre obtuvo un 90 por ciento de votos en favor de la separación de España, el Govern catalán pautó para este martes la comparecencia de su presidente en el parlamento regional y con ella, teóricamente, la declaración de la independencia. Teóricamente, porque el procedimiento parte de lo estipulado por la Ley de Transitoriedad que aprobó la Cámara catalana el pasado 7 de septiembre- según la cual, a partir de la presentación oficial de los resultados del referéndum, se pondría en marcha la transición jurídica entre el régimen constitucional español y el de una Cataluña independiente- pero aún en la práctica no hay completa certeza de cómo se llevará a cabo, ni si se llevará a cabo finalmente. 

Muchas preguntas y todavía muchas más respuestas es con lo que cuenta la ciudadanía en estas horas clave del devenir de España. Hasta mediados de la semana anterior, la dirección a la que se abocaba Cataluña parecía clara, la declaración unilateral de la independencia por parte del president Carles Puigdemont avanzaba firme, empujada por el rechazo masivo hacia la represión policial que acabó con casi 900 heridos. Sin embargo, ese ímpetu se volvió más difuso a partir de que, por un lado, la demanda de diálogo se fue intensificando tanto dentro como fuera de las fronteras españolas; por otro, las voces contrarias a la secesión también salieron a la calle, desbordando todas las previsiones; y, por sobre todas las cosas, los dos bancos más fuertes y una decena de empresas emblemáticas de Cataluña decidieron mudar su sede social a otras regiones. 

En teoría, entonces, Puigdemont hoy anuncia los resultados oficiales y definitivos del referéndum del 1-O, que considera vinculante, y lleva al Parlament la puesta en marcha de la ley de ruptura con la legislación española, la Ley de transitoriedad, según la cual Cataluña pasa a ser una República y un proceso constituyente para su nueva Constitución inicia su recorrido. Pero fuentes de su equipo de gobierno, por el contrario, afirmaban ayer que lo que el presidente de la Generalitat haría hoy ante el Parlamento catalán sería “una declaración simbólica”, tal como lo explicaba la coordinadora general de su partido, Marta Pascal, a la cadena británica BBC. 

La dirigente de la formación nacionalista dejó entrever que Puigdemont abordará la situación actual en Cataluña y recordará a la cámara en Barcelona que un alto porcentaje de catalanes votaron a favor de la independencia en el referéndum del 1 de octubre, para hablar luego sobre el camino que seguirá su Ejecutivo para lograr la secesión, sin lanzar una declaración unilateral de independencia. De la misma idea es otra persona del equipo más cercano del president, el consejero de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, quien reclamó en un programa de la emisora catalana RAC 1 una tregua, un “alto el fuego que frene decisiones unilaterales y que abra el paso a una fase de distensión y negociación”. 

La visión conciliadora que empieza a abrirse paso dentro del partido de Puigdemont no es, de todos modos, unánime. “El resultado del referéndum es vinculante y tomará forma mañana”, afirmaba ayer el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Sergi Sabrià, reforzando la tesis original de que la secesión se plasmará este martes. Los republicanos, del mismo modo que sus socios en el gobierno, la fuerza soberanista y anticapitalista CUP, no son partidarios de “una declaración simbólica” o “en diferido”- como también se comentó durante los últimos días- según la cual se daría un tiempo entre el acto de hoy y la cristalización de la independencia para posibles acuerdos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero tampoco concretan si hoy en el hemiciclo regional se podrá votar o será Puigdemont quien declare la república catalana, sin participación del resto de los diputados.

En cualquier caso, desde las filas del Partido Popular (PP) ya están desplegando la retaguardia ante el que consideran “un gravísimo ataque constitucional y democrático”. Después de los diez mil efectivos de policía enviados para impedir el referéndum, las cargas policiales que acabaron con 894 heridos, las detenciones de altos cargos de la Generalitat y el requisamiento de numerosos medios de comunicación, la última ofensiva del gobierno de Rajoy se prepara para evitar que hoy Puigdemont declare unilateralmente la independencia. Ya lo intentó suspendiendo, a través del Tribunal Constitucional, la comparecencia que en principio estaba programada para el lunes, pero como quedó sin efecto porque el president logró saltarse la suspensión solicitando una nueva para este martes sin mencionar explícitamente el referéndum, ahora el Partido Popular (PP) ultima una respuesta mucho más contundente. 

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ayer manifestó en una entrevista radial que si el gobierno de Cataluña hace una declaración unilateral de la independencia,entonces sí que se podrá poner en marcha el artículo 155 de la Constitución que promulga la intervención de la autonomía de una región y la posterior convocatoria de elecciones. “Ese breve artículo, que dice muy poco, permite al Ejecutivo tomar las medidas necesarias para reponer en una comunidad el respeto al interés general de todos los españoles”, declaró la número dos de Mariano Rajoy.

Siguiendo la línea de “mano dura” que el gobierno del PP viene llevando a cabo y que el rey Felipe incentivó desde su mensaje televisivo de la semana pasada, las opciones que se barajan en la Moncloa van desde la actuación judicial- para evitar el cumplimiento de una ley suspendida- a la política- para intervenir en una comunidad autónoma cuyas autoridades declaran la secesión- bien a través del mentado artículo 155, de la declaración del estado de sitio o de la Ley de Seguridad Ciudadana- otra “famosa” norma del PP, la llamada “Ley Mordaza”- para poner bajo mando estatal a la policía catalana, los Mossos d’Esquadra.

Sin tapujos, el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, manifestó ayer en rueda de prensa, “lo que le podía pasar” a Carles Puigdemont si declaraba la independencia de Cataluña: terminar como Lluís Companys, el presidente de la Generalitat que el 6 de octubre de 1934 proclamó “el Estado catalán de la República Federal Espanyola” y acto seguido fue detenido junto con el resto de su gobierno, condenado a prisión y luego de exiliarse, tras la Guerra Civil, capturado, torturado y fusilado por la policía franquista. “A lo mejor Puigdemont acaba como el que la declaró hace 83 años”, soltó Casado, dando pie a que las redes sociales estallaran en repulsa de una amenaza que ya había llegado demasiado lejos.