En 2016, se abrieron 11 causas penales por hora por violencia familiar y violencia de género en la provincia de Buenos Aires. En todo el año fueron 95.577 expedientes judiciales, un 41 por ciento más que el año anterior: 7 de cada 10 por amenazas o lesiones leves, la forma en que las mujeres que sufren violencia machista ingresan al fuero penal con las marcas de esa violencia en el cuerpo o en el alma. Sin embargo, la mayoría de esas causas terminará archivada, según advirtió el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo bonaerense, en su Informe Estadístico 2017. Porque no se investigan o se subestima la gravedad de los hechos. No es el único problema: Las comisarías de la Mujer y la Familia presentan “serias deficiencias” en sus equipos técnicos “para lograr un abordaje eficaz” de las denuncias, alertó también el organismo que monitorea las políticas públicas. “La escasez de móviles policiales destinados a estas CMyF impide, por ejemplo, que las personas que denuncian violencia familiar y de género sean trasladadas a centros de salud, o facilitar su traslado a sede judicial”, señaló el OVG. El Informe, que fue presentado la semana pasada en el Senado de la provincia, pone además el acento en el aumento exponencial de las causas por violencia familiar y de género iniciadas en el fuero de Familia y los Juzgados de Paz: entre el año 2010 y 2015, el número de casos pasó a ser más del doble. Al mismo tiempo aumentaron los procesos por femicidio y por abuso sexual. 

El relevamiento contabiliza un total de 2.252 agentes de la policía bonaerense con investigaciones sumariales administrativas en trámite por hechos de violencia familiar/violencia de género. En el 13 por ciento de esos casos se utilizó el arma reglamentaria. Se iniciaron, además, 8 sumarios por femicidio cometidos por uniformados, en 4 de los cuales se usó el arma reglamentaria.

“Una de las mayores dificultades que existen es la falta de articulación entre los distintos procesos judiciales que se inician por varias denuncias de una misma víctima de violencia. Por eso desde la Defensoría del Pueblo insistimos en la necesidad de elaborar un sistema unificado de gestión de este tipo de causas entre la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General y el Poder Ejecutivo”, indicó a PáginaI12 el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. 

Para dar un ejemplo, Lorenzino explicó que “en un juzgado de familia se dicta una medida de protección por violencia familiar, en otro juzgado se ordena un régimen de visita y en otra causa judicial se resuelve la tenencia de la vivienda. En la mayoría de los casos los expedientes se tramitan sin tener en cuenta los antecedentes de violencia”. Y advirtió que es necesaria la unificación de los sistemas de registros “para evitar que una mujer que ha denunciado un hecho de violencia transite por tantas dependencias en búsqueda de una protección efectiva por parte del Estado”. 

El pormenorizado informe de la OVG da cuenta de un panorama repetido, que se arrastra desde hace años y no cambia. Desde el Colectivo Ni Una Menos también expresaron su preocupación por la respuesta estatal de la provincia a la violencia machista, analizada en el estudio. “En las 126 comisarías de la mujer se hicieron 215.807 denuncias el año pasado. Cada denuncia abre un abanico de problemas: las comisarías no tienen la cantidad necesaria de equipos profesionales y no pueden garantizar la atención continua de las denunciantes; escasean los móviles policiales y las denunciantes tienen que ir por sus propios medios a los centros de salud o a la sede judicial. Las denuncias demoran entre 7 y 10 días en llegar a las fiscalías”, puntualizaron.

“La mayoría de las causas iniciadas por delitos relacionados con la violencia de género son caratuladas como amenazas y lesiones, en el 71 por ciento de los casos. Estas causas son las más archivadas en el fuero penal”, dijo a este diario Laurana Malacalza, coordinadora del OVG.

El informe estadístico propone mejoras en la recolección de datos sobre la problemática. La información producida por la administración bonaerense es “fragmentada, escasa y presenta problemas de subregistro” sobre las distintas formas de violencias de género y familiar, señaló el organismo. En ese sentido, puso el acento en que no existe la obligatoriedad de la carga de registros, lo cual produce dificultades en el relevamiento de datos significativos para la construcción de diagnósticos.   

El estudio busca sistematizar y publicar los datos relevante de carácter público acerca de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires, remitida por los organismos estatales: comisarías de la Mujer y de la Familia; juzgados de Familia y de Paz; Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad y Procuración General de la Suprema Corte de Justicia. 

Uno de los problemas detectados por el organismo es que en el marco de la administración de justicia existen dos sistemas de registros diferentes y sin articulación entre sí ni con el Poder Ejecutivo. “Esto genera, por ejemplo, que las víctimas deban iniciar distintos trámites judiciales y administrativos frente a una situación de violencia y explica también la cantidad de casos de femicidio en los cuales se habían dictado previamente una o más medidas de protección”, indicó a este diario Malacalza. En ese sentido, advirtió que las medidas de protección aplicadas de manera aislada “no garantizan la seguridad física, económica y emocional de las víctimas”, por lo que recomendó que se contemple el dictado de medidas que contribuyan a satisfacer lo más completamente las necesidades que se le plantean a las mujeres.

Las estadísticas de las comisarías de la Mujer y la Familia muestran que quienes denuncian son mujeres y sus agresores, cónyuges o ex parejas, mayoritariamente.