Hoy se celebra el 15º Día Mundial contra la Pena de Muerte. Hasta hoy 105 países la han abolido para cualquier delito, 60 de ellos en los últimos 25 años, y en ese lapso ha caído casi a la mitad el número de estados que realizan ejecuciones.
Pero esto no basta. Los países más poblados del mundo - China, India, los Estados Unidos e Indonesia aún conservan la pena de muerte, junto con estados como Corea del Norte, Irán, Arabia Saudita, Irak, Pakistán, Malasia y Singapur. El derecho a la vida de casi la mitad de la población mundial, que habita en esos países, no está garantizado, como lo dispone el artículo 3 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. Centenares de ejecuciones tienen lugar cada año y se han pronunciado penas de muerte contra miles de personas.
A la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte le preocupa que casi todos los países que la aplican, lo hacen en forma arbitraria que discrimina contra los pobres y marginados de la sociedad, incluyendo minorías y trabajadores migrantes. Debido a sus limitados medios económicos y su desconocimiento de los sistemas legales y de sus derechos, por carecer de una buena defensa legal y por los prejuicios de las fuerzas de seguridad en su contra, corren mayor riesgo de ser condenados a muerte.
Casi el 90 por ciento de las personas condenadas pertenecen a grupos económicamente vulnerables. En Arabia Saudita, Irán y Pakistán centenares son ejecutadas cada año, la mayoría de ellas de comunidades pobres o minoritarias. Además esos tres países ejecutan a quienes cometieron los delitos cuando eran menores de edad. En Estados Unidos, la mayoría de las personas condenadas a muerte hasta la actualidad no pueden pagar un abogado de confianza y los defensores oficiales están sobrecargados de trabajo, mal pagos o carecen de la experiencia necesaria para ejercer la defensa en casos de pena capital. Además, los fiscales tienden a pedir la pena de muerte más a menudo cuando la víctima es blanca que afro-americana o de otro origen étnico o racial, todos factores que contribuyen a la arbitrariedad de la pena de muerte. De este modo se viola el derecho a la igualdad y se refuerza la marginalidad.
En China el número de ejecuciones es un secreto de estado y las víctimas que, según se teme se cuentan por miles, incluyen a miembros de comunidades marginales, entre ellos trabajadores no calificados que tienen pocos medios de defensa. En Indonesia, 13 de los 16 ejecutados en los últimos dos años eran extranjeros y en varios de esos casos se duda de que hayan tenido un juicio justo.
Según la experiencia y las convicciones de los comisionados, ésta no es la solución para acabar con la criminalidad. Por lo común es contraproducente, ya que agrava la pobreza, la discriminación y la desigualdad que alimentan el círculo vicioso de la violencia.
El derecho a la vida es un derecho humano universal y la pena de muerte no tiene espacio en el siglo XXI. En el Día Mundial contra la Pena de Muerte la Comisión advierte que más de la mitad de los países del mundo la han abolido porque reconocieron que los modernos sistemas de justicia pueden proteger al público del delito sin incurrir en el riesgo de ejecutar a un inocente, dada la naturaleza irrevocable y cruel de la pena de muerte. Esas naciones han reconocido que el asesinato de estado está mal y que no disuade el delito en forma más eficaz que otros castigos. La Comisión se une al movimiento abolicionista y se compromete a lograr un mundo libre de esta práctica discriminatoria que se basa en la venganza y el prejuicio y aumenta el riesgo de las condenas injustas.
* La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte es un cuerpo independiente integrado por 21 comisionados y con un grupo de apoyo de 19 países. Su actual presidente es la ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidente del tribunal internacional para los crímenes cometidos en Ruanda, Navy Pillay. Sus dos vicepresidentes son el ex ministro de Justicia de El Líbano Ibrahim Najar y la ex presidente de la Confederación Helvética, Ruth Dreifuss. También forman parte el ex primer ministro de Italia Giuliano Amato; el ex ministro de Justicia de Francia que abolió la pena de muerte, Robert Badinter; la ex presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal-Arroyo, quien se negó a firmar cualquier orden de ejecución hasta que consiguió abolir la pena de muerte; el ex ministro y precandidato presidencial estadounidense Bill Richardson, quien abolió la pena de muerte cuando fue gobernador de Nuevo México, y el presidente del CELS, Horacio Verbitsky.
