Desde Santa Fe

Desde que asumió como presidente del comité nacional de la UCR se sabe que una vez a la semana, José Corral atiende en Buenos Aires. Así que ayer no estaba de la Intendencia de Santa Fe para ver un hecho sin precedentes desde la vuelta a la democracia, en 1983: los allanamientos cercanos a su despacho que solicitó el fiscal Roberto Apullán y ordenó el juez de turno, en una causa que investiga una red de punteros de Cambiemos financiada con plata de los contribuyentes (que llaman "Corral papers"). Los operativos se realizaron después del medio día, en el primer piso, en las oficinas del secretario de Desarrollo Social Carlos Medrano y de su colega de Hacienda María Belén Etchevarría, donde revisaron computadoras y se llevaron documentación del Programa de Iniciativas Comunitarias, que está bajo la lupa. Medrano es el mismo que ya esquivó dos interpelaciones sobre el asunto en el Concejo Municipal, la última con la excusa que iría después de las elecciones del 22 de octubre.  

La investigación se inició por una denuncia del concejal peronista Juan Cesoni, que apuntó a Corral, Medrano y a la secretaria de Gobierno María Martín, pero también pidió el "aseguramiento de pruebas". "La justicia tiene que actuar rápido porque acá hay una matriz organizada, una metodología, un sistema de derivación de fondos públicos para fines políticos", dijo. El abogado Alejandro Otte, que lo patrocinó en la denuncia, interpretó la pesquisa judicial en la misma línea. "Nosotros habíamos solicitado medidas para preservar todo lo que tuviera que ver con documentos y archivos relacionados al Programa de Iniciativas Comunitarias". Y fue lo que se hizo.

En los allanamientos participaron unos veinte efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), al mando de su jefe, el comisario Mario Monzón, que revisaron los despachos de Medrano y Etchevarría, en el primer piso, y se llevaron cajas con documentación, mientras especialistas en informática de la PDI analizaban las computadoras.

Alrededor de las tres de la tarde, dos horas después de iniciada la tarea, Monzón dijo que habían "cumplido una orden de allanamiento del juez de turno solicitada por el fiscal Apullán. A nosotros nos encargaron el secuestro de documental y está trabajando también personal de informática". Y cuándo le pidieron precisiones, comentó que si era "necesario", también se llevarían las computadoras.

El consorcio de periodistas que descubrió "Corral papers" dijo que el destape comenzó con una "filtración" de la computadora de Medrano. Se trata de "miles de archivos" que el secretario de Desarrollo Social comparte "en una nube y en sus computadoras" con su "equipo de trabajo más cercano. No sólo se han filtrado los archivos que al imprimirse y estamparse las firmas se convierten en documentos públicos sino también sus apuntes de trabajo: planillas, anotaciones, carpetas con fotos de obras", reveló. Los "archivos de Medrano y compañía demuestran que las irregularidades no son fallas en controles internos, ni hechos aislados, sino una constante que financia la militancia, el timbreo y el aguante" a Corral.

En la mitad del procedimiento, las secretarias de Gobierno María Martín y de Comunicación Andrea Valsagna convocaron a una conferencia de prensa para amortiguar el impacto. Valsagna dijo que Corral estaba en La Plata. "Está al tanto, por supuesto. Nos dijo lo que siempre, que nosotros estamos a disposición de la justicia. Nos parece muy bien que funcionen las instituciones", alagó. 

--¿Califican esto como un allanamiento? -le preguntó el movilero de una emisora oficialista.

--Es un requirimiento de información que está haciendo el Ministerio Público de la Acusación al municipio -respondió Valsagna. "Nosotros estamos a disposición".

Valsagna recordó que la denuncia era de Cesoni, a quien llamó "concejal del kirchnerismo". "Apenas radicada la denuncia, el fiscal municipal Federico Sedlacek se puso a disposición para brindar toda la información que se requieran", concluyó Valsagna.