PáginaI12 En España
Desde Barcelona
El presidente de la Generalitat anunció ayer ante el hemiciclo catalán que se suspenden los efectos derivados del referéndum del 1 de octubre, es decir, la inmediata declaración de la independencia como resultado del 90 % en favor del “sí” en las urnas, para abrir un espacio de diálogo y negociación. Carles Puigdemont retrasó una hora la comparecencia que tenía en vilo a Cataluña y al resto de España, alargó la espera de miles de personas que seguían el acontecimiento por pantallas gigantes en el paseo próximo al Parlamento regional y, cuando finalmente subió al estrado, no dudó en tomarse el tiempo necesario para repasar año por año la historia que los llevó a estar a punto de declarar la independencia… Para no declararla.
El freno que Carles Puigdemont puso repentinamente a lo que hasta hace una semana parecía impostergable, según manifestó ayer en el Parlamento catalán, responde a la “necesidad imperiosa de desescalar la tensión”. En efecto, desde la aprobación de las leyes que regularían el referéndum y su posterior suspensión por el Tribunal Constitucional, la batalla librada entre el Govern de Cataluña y el central no hizo más que acrecentar la discordia en las calles. La represión policial que refrescó escenas propias de la dictadura franquista en la mente de miles de personas y el temor de una gran parte de la población a verse, de repente, separada por nuevas fronteras exacerbó las pasiones y, con ellas en muchos casos, el enfrentamiento.
Puigdemont recogió este sentir y dio marcha atrás, tal como se lo llevan semanas pidiendo organismos y dirigentes de todo el mundo, y tal como lo “sugirió” la decena de empresas catalanas que mudaron su sede social a otras regiones de España.
“Proponemos suspender durante unas semanas la declaración de independencia para entrar en una etapa de diálogo”, expresó solemne el presidente de la Generalitat, en lo que considera “un gesto de generosidad”. Puigdemont anunciaba esta decisión justo un minuto después de reconfirmar que los resultados del referéndum del 1 de octubre debían ser tomados por válidos, dado que “la urnas” avalaron la secesión, a la vez que limitaba su intervención a “presentar el mandato democrático para que Cataluña se convierta en un Estado independiente”, desilusionando a miles de partidarios por la independencia que seguían la sesión desde el Paseo Lluís Companys cercano al Parlament en Barcelona. También desde la bancada de la CUP– fuerza secesionista y anticapitalista que gobierna junto con Esquerra Republicana (ERC) y el partido conservador de Puigdemont (PdeCat)– se recibió con frustración el frenazo del plan independentista y Anna Gabriel, la diputada de esta formación que compareció ayer en el Parlamento catalán, lo calificó como “una ocasión perdida” porque esta intervención tenía que ser “la proclamación solemne de la república catalana”.
“¿Negociar con un Estado que sigue amenazando y persiguiéndonos? ¿Con un Estado que despliega sin vergüenza fuerzas policiales y que atiza el terror? Nos encantaría hablar de mediación y diálogo y pensar que el Estado abandona su línea de amenaza” expresó la diputada de la CUPen en respuesta al pedido que Puigdemont reiteró ayer en el hemiciclo al presidente Mariano Rajoy.
El líder catalán hizo un nuevo llamamiento a los distintos agentes políticos, sociales, empresariales y mediáticos para contribuir al diálogo y pidió directamente al gobierno del Partido Popular (PP) que actúe con “la misma responsabilidad y generosidad y que escuche las demandas que han llegado para llevar a cabo una mediación”.
Sin embargo, desde Moncloa nadie parece hacerse eco de su pedido. La primera reacción oficial al discurso del dirigente catalán fue a la agencia EFE, asegurando que es inadmisible “hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita”. La vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría fue la segunda y última en pronunciarse tras la sesión en el Parlamento catalán para anunciar que Rajoy decidirá hoy en un consejo extraordinario de ministros si aplica el polémico artículo 155 por el cual se suspende la autonomía de una región y se convoca a elecciones locales anticipadas. “Ni el señor Puigdemont ni nadie puede sacar conclusiones de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido, ni de una voluntad del pueblo de Cataluña que quiere apropiarse. Hoy el president ha asumido a su comunidad autónoma en la mayor incertidumbre de su historia”, sentenció Santamaría.
De opinión parecida son los socialistas, que exponían ayer en el hemiciclo catalán que “no se puede suspender una declaración que no se ha hecho”. El líder del Partido Socialista Catalán (PSC), Miquel Iceta, subrayó que nada de lo acontecido tiene valor legal porque todo fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Para Iceta, del mismo modo que lo manifestó el secretario general del partido, Pedro Sánchez, “la única salida son unas elecciones autonómicas anticipadas para que los catalanes puedan expresarse con garantías y en igualdad de condiciones”.
La fuerza que encabeza la oposición en Cataluña, Ciudadanos, también defiende un adelanto de las urnas pero lo hace, además, a través de un ataque agresivo y frontal a la política independentista: “Ustedes son del peor nacionalismo que ha existido en Europa”, le replicaba a Puigdemont ayer su líder, Inés Arrimadas. “Todo el mundo ve que esto no va de democracia sino de fronteras”, fue de lo más suave que le dijo la portavoz del partido centroderecha al presidente catalán.
Hoy, los magistrados del Tribunal Constitucional esperan la decisión que, finalmente, tome el gobierno de Rajoy tras haberse reunido con los líderes del PSOE y de Ciudadanos– sus aliados contra del secesionismo– para castigar o vetar la declaración, o más bien la “no declaración” de la independencia de Cataluña.
