Resulta impensable pensar la sociedad contemporánea al margen de la comunicación en su acepción más amplia, porque al esencial encuentro entre personas diversas en el ámbito público es necesario sumar todo la potencia y los alcances que los desarrollos tecnológicos han aportado para multiplicar el impacto de los procesos comunicacionales.

Nadie pondría en duda –aun al margen de las diferentes miradas que coexisten en la académico y en lo político– que la democracia política está íntimamente vinculada –cuando no supeditada– al sistema de medios de comunicación. Dicho de manera más contundente: democracia y comunicación son interdependientes y están mutuamente condicionados. Es inimaginable pensar en medios democráticos si no es en el marco de una democracia política. No menos cierto y comprobable es que sin comunicación democrática no existen tampoco posibilidades de una democracia que legítimamente lo sea.

En síntesis podría decirse que en una sociedad democrática entre las funciones esenciales del sistema de medios se incluye la de producir información, favorecer la educación, ser medio de visibilización de las culturas y fuente de entretenimiento. Debe agregarse la tarea de colaborar en la supervisión de la gestión del poder político, como parte de la responsabilidad y del servicio ciudadano. Al menos éstas son tareas insoslayables para los medios de comunicación en nuestras sociedades actuales.

Para que ello sea posible se necesita un sistema de medios que refleje también en la estructura de propiedad la diversidad de perspectivas políticas, sociales y culturales que existen en la sociedad. Pero, dada la lógica del capitalismo, la única manera de encuadrar esta realidad dentro de una perspectiva plural y diversa es mediante el establecimiento de normas surgidas de la democracia misma que garanticen la pluralidad y pongan límite a los abusos del poder económico.

Este fue, sin duda, uno de los propósitos fundamentales de la ley de servicios de comunicación audiovisual (26.522) hoy prácticamente desguazada por decisión del Poder Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri con inocultable propósito político y económico y para favorecer a quienes hoy son sus principales aliados. 

Pero al margen del debate sobre la ley y de la incumplida promesa del oficialismo de discutir una nueva norma para regular las llamadas “comunicaciones convergentes” resulta preocupante para la democracia que la alianza gobernante, además de contar con la incondicionalidad, la complicidad y el blindaje informativo mediático de un sistema de medios altamente concentrado en su propiedad, continúe propiciando –por los medios a su alcance y usando el poder que le da el ejercicio del gobierno– la aniquilación de todas las manifestaciones disonantes del escenario comunicacional. No conforme con el coro de las voces amigas, el objetivo es acallar toda disidencia, controlar la información, invisibilizar a los actores que piensan diferente. Y para ello se usa el Poder Judicial, potestades discrecionales del Ejecutivo y, por supuesto, la capacidad de ahogo económico del Estado mediante el uso discriminatorio de la pauta oficial. Para destruir empresas, perseguir comunicadores y privar de posibilidades a la comunicación alternativa en general.

En este escenario el debate trasciende lo comunicacional. Si la ciudadanía no tiene la posibilidad de acceder a fuentes diversas y alternativas de información, si quienes piensan de manera distinta al oficialismo no encuentran medios para expresarse sin condicionamientos, lo que está en juego no es solamente el derecho a la comunicación, sino la democracia misma. Riesgo quizás no advertido por buena parte de la ciudadanía que, sin embargo, sufrirá las consecuencias con fuerte impacto en sus condiciones de vida.