La Corte Suprema británica examinará a partir de mañana la apelación del gobierno de Theresa May contra una decisión judicial que la obligaba a someter la salida de la Unión Europea (UE) a un Parlamento proeuropeo que podría entorpecerla.

La Alta Corte de Inglaterra y Gales dictaminó el mes pasado que May no tenía la autoridad para invocar el Artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa, puerta de salida de la UE. Muy cerca del Parlamento, los 11 jueces más altos del país empezarán el lunes cuatro días de audiencias, y su decisión se conocerá a principios de 2017. Los británicos votaron a favor de romper con Bruselas por 52 por ciento a 48 por ciento en el referéndum del 23 de junio, pero la ley que validó el plebiscito no lo hacía legalmente vinculante, dejando la última decisión en manos del gobierno o el Parlamento.

La primera ministra argumenta que, como jefa del gobierno, tiene la autoridad constitucional en Relaciones Exteriores, incluyendo la potestad de retirarse de tratados internacionales. Pero los demandantes, encabezados por la directora de un fondo de inversiones, Gina Miller, sostienen que el Brexit dejaría sin valor algunas leyes nacionales y despojaría a los ciudadanos de ciertos derechos –el del pasaporte comunitario, por ejemplo–, algo que sólo el Parlamento puede autorizar. La primera decisión de la justicia favorable a los demandantes polarizó al país, y llevó a los pro Brexit a cuestionar la independencia de un poder judicial al que perciben como proeuropeo. Tal fue la ferocidad del ataque a los jueces –hasta niveles personales, de una parte de la prensa–, que el ministro de Justicia tuvo que salir a defender su independencia. 

Una complicación añadida para el gobierno será la presencia en la causa, como partes, de los gobiernos regionales de Escocia y Gales, que esperan que sus Parlamentos también tengan que votar para activar la salida de la UE. Un veredicto semejante podría alterar el calendario de May para salir de la UE y provocar una crisis constitucional entre las diferentes partes constituyentes del Reino Unido (Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra).