"Lo más importante es que no hay condición previa para sentarse y hablar, aceptar que tenemos que hablar, tenemos que hablar en las condiciones adecuadas". Con estas palabras, Carles Puigdemont mostró su voluntad de diálogo con el gobierno central.
En sus primeras declaraciones tras la sesión parlamentaria de ayer en Barcelona, el presidente de la Generalitat estimó que “la relación entre España y Cataluña no funciona". Con el espíritu independentista de capa caída tras las señales de varias empresas que adelantaron que dejarían Cataluña en caso de que se declarara la independencia unilateral de la región, y con la CUP, socio minoritario de la coalición de gobierno, disconforme con la suspensión de la secesión, Puigdemont tendió puentes hacia un posible entendimiento con Madrid y propuso "el nombramiento de un mediador".
El mismo dirigente, sin embargo, rechazó las acusaciones de sedición en su contra y que, en caso de prospepar, podría determinar su eventual detención. "Mi detención sería injustificada y un error. Este no es el momento de mandar a prisión a gente con la que se mantienen discrepancias políticas", consideró. Así, advirtió que sería un error aplicar el artículo 155 de la Constitución de España, que contempla la suspensión de las autonomías.
De la misma manera subrayó que el diálogo entre Madrid y Cataluña debe “hacerse sin condiciones” y teniendo en cuenta que “una mayoría de catalanes quiere hacer de Cataluña un Estado independiente”.
Mientras tanto, Rajoy advirtió que Puigdemont debe explicar los alcances de la independencia proclamada ayer en Barcelona a más tardar el próximo lunes 16 de octubre, a las 10 de la mañana.
El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, por su parte, condicionó su apoyo a Rajoy a la apertura de "un debate de la reforma de la Constitución en el Congreso de los Diputados" que contemple "un nuevo marco legal al encaje de Cataluña en el estado español".
