El crimen de Michel Campero, en el marco de la violencia institucional, será motivo de movilización en Tribunales, donde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentará un amicus curiae a la Corte. Se trata de un escrito formal, en el marco del expediente que investiga a padre e hijo policías, que busca colaborar con la resolución del recurso de queja presentado por la querella del Centro de Atención a la Víctima (CAJ) ante el máximo tribunal provincial. La Multisectorial contra la Violencia Institucional y la APDH convocan a las 9 en la puerta de Tribunales, donde la madre de Michel, Marisabel Bauer hablará de la "ejecución sumaria" de su único hijo. "En este caso, como en todos los de jóvenes asesinados por la policía, el Estado no sólo mata sino que no investiga, incumpliendo los estándares internacionales para la correcta investigación, la determinación de responsabilidades y la adecuada condena", lanzaron.

En agosto pasado, el caso llegó "en queja" a la Corte Suprema de Justicia provincial para revisar la acusación de Omar Guillermo Dal Lago (padre) por un homicidio en legítima defensa y el sobreseimiento de su hijo. La víctima tenía 18 años cuando recibió disparos de armas policiales en enero de 2014. Aquella noche, en Granadero Baigorria, el comisario inspector y su hijo Omar Jesús estaban de franco cuando dos chicos los abordaron y se llevaron la moto de uno de ellos. Los efectivos hablaron de un enfrentamiento a balazos, pero al chico le encontraron un arma de juguete. Al justificarse fueron sobreseídos, pero volvieron a quedar imputados cuando la Cámara revisó el fallo.

 

Omar Guillermo Dal Lago (padre) y su hijo Omar Jesús estaban de franco.

 

Sin embargo, el año pasado la jueza Delia Paleari sobreseyó al hijo y procesó al padre por un delito menor: exceso en la legítima defensa.

Este año, la Alzada ratificó esa decisión, pese a que los querellantes del CAJ, con el abogado Valentín Hereñú a la cabeza, describieron una ejecución por la espalda y pidieron la nulidad de lo actuado. Al no obtener respuestas, presentaron un recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado por el juez Carlos Carbone, lo que hizo que fueran directo al máximo tribunal provincial.

Así, al expediente que tiene la Corte hoy se sumará el amicus curiae de la APDH. "El primer sobreseimiento se dictó a menos de un año de los hechos y a una semana de la constitución como querellante de la madre de Michel, no posibilitando ningún tipo de intervención y tomando como única línea de investigación los dichos de los policías imputados, como suele suceder en casos de violencia institucional", se quejaron desde las organizaciones. Sin embargo, tras la sentencia de segunda instancia se produjeron nuevas pruebas, que "nunca fueron valoradas, y se ofrecieron otras por parte de la Fiscalía y la Querella que no fueron aceptadas, sin fundamento".

A ello, "se suma una serie de demoras, producto de los problemas propios del sistema conclusional, con sucesivos cambios de jueces, secretarios y sumariantes. En este sentido, por ejemplo, la pericia de Gendarmería fue primeramente desestimada y luego demoró 5 meses desde que se ordenó hasta que se llevó a cabo. Las bases ilegítimas o falsas sobre las que se fundaron estas decisiones fueron: que Michel era un delincuente; la atribución de un arma que nunca hubo; falta de valoración racional de la prueba aportada, producida y ofrecida", protestaron. Al mismo tiempo, agregaron que "no se valoró, por ejemplo, el testimonio del perito médico; ni lo expresado por distintos testigos que manifestaron haber escuchado disparos antes de que Michel cayera. Tampoco el hecho de que la bala que produjo la herida mortal nunca se encontró, por lo que no hay razón para atribuirla a Dal Lago padre y no Dal Lago hijo. Como tampoco que Dal Lago hijo reconoció haber disparado su arma reglamentaria, haber sido el que decide perseguir y el que indica a quién perseguir, de manera que su participación es por demás de clara".