Tres adolescentes y un hombre de 42 fueron demorados ayer por hacer falsas amenazas de bombas a colegios del conurbano bonaerense. Según advirtió el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, ya son 120 las causas judiciales vinculadas a intimidaciones a escuelas, y fuentes del Ministerio aseguraron que entre septiembre y lo que va de octubre se registraron unas 2800 denuncias al 911 por amenazas. Las detenciones de ayer se realizaron a partir de las investigaciones vinculadas a estos casos de llamadas telefónicas intimidatorias, que entre el jueves y el martes fueron alrededor de 400.
Los voceros de la cartera informaron que la policía demoró ayer a las cuatro personas luego de distintos operativos llevados a cabo en la zona oeste y sur del conurbano bonaerense, todos vinculados a falsas amenazas de bombas en escuelas. Integrantes de la Dirección de Investigaciones (DDI) de Morón secuestraron 11 teléfonos celulares en viviendas de Moreno, Ituzaingó y Morón. Entre los demorados se encuentra un chico de 11 años, acusado de haber llamado al menos dos veces a la Escuela Técnica 2 del partido de Moreno, de la cual es alumno; este caso quedó vinculado a una causa más amplia de amenazas a cargo del Juzgado Federal 3 de Morón. Otro de los demorados es un chico de 13, de quien se sospecha haber realizado al menos siete amenazas, según indicaron los investigadores del caso, a los colegios Juan Bautista Alberdi, al que asiste, al Arias de Castelar Norte y al Colegio Americano de Ituzaingó. El otro acusado es un adolescente de 17 años acusado de haber perpetrado cuatro amenazas falsas de bomba al colegio Jefferson de Ituzaingó Nº 562 de Moreno. Fuentes policiales señalaron que en una de las comunicaciones al 911 “una voz de hombre advierte que si no evacuan el colegio Jefferson en menos de cinco minutos lo hago volar por el aire”. En tanto, el hombre de 42 años que fue demorado es el padre de un chico de 14 acusado de haber usado su celular para amenazar de bomba al Colegio San Clemente, de Quilmes. En esta causa interviene la UFI 7, del Departamento Judicial de esa localidad. Por otro lado, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, confirmó ayer que se identificaron 18 caso del mismo tipo en ese partido.
“Hay mucha gente ya con proceso penal abierto. Las causas que aglutinaban llamados (con intimidaciones) son 120, tanto en el orden federal como en el provincial”, aseguró Ritondo, y destacó que las autoridades provinciales iniciarán una “causa civil contra los padres para que se hagan responsables”, debido a que “lo que le cuesta al Estado estas cosas que creen que son una broma es muchísimo”. En la misma línea, voceros del gobierno provincial anunciaron el viernes que se promoverán demandas por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos menores de edad que sean identificados como autores de amenazas de bombas a las escuelas, luego de que en el mes de septiembre se registrara un aumento exponencial de casos: según el Ministerio de Seguridad en ese mes los llamados al 911 por amenazas fueron alrededor de 2400, a los que se sumaron otros 400 en los primeros diez días de octubre. “Ayer (por el martes), más de 12 lugares distintos con chicos fueron allanados. Hay lugares con mayores que están siendo allanados también y todos los días tenemos entre 15 y 20 allanamientos de la justicia provincial y federal” relacionados a las amenazas a las escuelas, apuntó el ministro.
Frente a la cantidad de denuncias que se registraron durante el último mes, voceros del Ministerio de Educación de la provincia explicaron que el gobierno “le permitirá a la Dirección de Escuelas actuar como querellante en la investigación judicial que se lleve adelante para detectar los autores de la amenaza”. Este organismo estableció un protocolo de actuación para casos de amenazas que establece que, al tomar conocimiento las autoridades educativas a cargo de la escuela que recibió la intimidación, “deberán formular de inmediato la denuncia en la aplicación ‘provincia seguridad’, en cualquier dispositivo de acceso a la web. En las 48 horas siguientes, deberá ratificar la denuncia formulada ante la Fiscalía de turno”, apuntaron los mismos voceros. Luego, el protocolo indica que los directivos “deberán comunicar en forma inmediata al inspector y en el caso de las escuelas de gestión privada, esa comunicación se hará al Inspector Jefe de Región de Gestión Privada”, para que el inspector lo informe a la Dirección Legal y Técnica del Ministerio, que a su vez lo debe comunicar a la Fiscalía para que la Dirección de Escuelas pueda “presentar allí su colaboración para resolver el caso”. Con estos pasos la Dirección de Escuelas podrá presentarse como particular damnificado en la investigación, aportar pruebas y, en caso de que el culpable sea un alumno, aplicarle una sanción administrativa.
