La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (cercana a Podemos) afirmó ayer que el presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, apostó “claramente por el diálogo y la mediación”, y advirtió que el gobierno de España y las fuerzas políticas del país “se tienen que mover”. Colau había pedido a Puigdemont que no declarara unilateralmente la independencia de Cataluña y les reclamó a él y a Rajoy que no tomaran “ninguna decisión que pueda dinamitar la posibilidad de un espacio de diálogo”.

Puigdemont dijo ayer que tiene mandato popular para declarar la independencia de Cataluña pero no lo hizo y en cambio pidió al parlamento regional que se tome “algunas semanas” para intentar abrir una instancia de diálogo y llegar a una solución acordada con el gobierno español. Su segundo, Oriol Junqueras, replicó a Rajoy que el diálogo sincero es “el ruego de la comunidad internacional y lo que espera Cataluña, no la confrontación y nuevas amenazas”. Y lamentó el paso previo para la aplicación del artículo 155 que ha dado el presidente español, es decir, la advertencia de una intervención a esa comunidad autónoma.  

El portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, también se ha pronunciado a través de Twitter tras la comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados. “Las realidades políticas ni se amenazan ni se niegan ni se prohíben. Se afrontan responsablemente siempre desde el diálogo y la política”, ha escrito. Con otro tono, la diputada del partido radical independentista CUP Eulália Reguant aseguró que si se aprueban los mecanismos para aplicar el artículo 155 “inmediatamente” se pondrá en marcha el procedimiento para construir “la república de Cataluña”.

Según fuentes del Ejecutivo catalán, la respuesta del gabinete de Puigdemont al gobierno de España no se prevé que sea inminente, teniendo en cuenta que hay margen hasta el lunes.

En una entrevista concedida a CNN, Puigdemont se mostró ayer dispuesto a entablar una conversación “sin condición previa” con el gobierno español para intentar acercar posiciones sobre Cataluña. “Estamos en un punto donde lo más importante es que no haya condición previa para sentarse y hablar, aceptar que tenemos que hablar, tenemos que hablar en las condiciones adecuadas”, afirmó un día después de que suspendiera los efectos de la declaración de independencia. 

El jefe del Ejecutivo catalán aseguró que la “relación entre España y Cataluña no funciona” y por ello abogó por abordar un diálogo entre representantes de ambas instituciones para intentar acercar posiciones. 

En el plano judicial, la policía regional catalana (Mossos d’Esquadra) denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaron el 1 de octubre, día de la consulta tildada de ilegal, sin informarles de sus intervenciones, de forma distinta a la que se había acordado, por lo que los sistemas de coordinación no resultaron “eficaces”. 

Así lo pone de relieve la policía catalana en un informe que presentó ante la magistrada del TSJC que investiga al Ejecutivo de Puigdemont por la convocatoria del referéndum del 1-O, en el que detalla que los Mossos decomisaron más de 400 urnas e impidieron la votación en un total de 446 colegios electorales, de los 2.294 previstos. 

El TSJC admitió a trámite la querella por el 1-O de la formación de derecha VOX contra Puigdemont, sus consejeros y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlamento catalán, pero excluye por ahora los delitos de sedición y rebelión. 

Asimismo, la jueza de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela citó de nuevo para el próximo lunes al jefe operativo de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a los que investiga por un delito de sedición.