La expresidenta brasileña Dilma Rousseff dijo ayer que el registro que la policía hizo el martes en la casa de uno de los hijos de Luiz Inácio Lula da Silva forma parte de la persecución con la que el gobierno intenta impedir que su antecesor y padrino político dispute las elecciones presidenciales. 

“La intención de la policía fue fomentar la persecución al mayor líder popular de Brasil, que, pese a todo, cuenta con el apoyo del pueblo”, aseguró en Twitter Rousseff, destituida el año pasado por el Congreso tras un polémico juicio político. La mandataria se refirió a un registro sin mandato judicial que agentes de la Policía Civil del estado de San Pablo hicieron la víspera en la casa de Marcos Claudio da Silva, uno de los hijos del expresidente, supuestamente para buscar drogas. 

La policía admitió que realizó el registro tras recibir una denuncia anónima sobre la supuesta presencia de drogas alucinógenas en una residencia en Paulinia, municipio en el interior del estado de San Pablo. 

Los agentes que realizaron la operación dijeron no haber encontrado nada ilegal. La “invasión”, “basada tan sólo en una denuncia anónima y falsa”, fue “otra acción abusiva cometida por exhibicionismo para los medios de comunicación”, ya que no había ninguna investigación en marcha que justificase el registro, afirmó Rousseff, que gobernó Brasil entre 2011 y 2016 como sucesora de Lula (2003-2010), su correligionario en el Partido de los Trabajadores (PT). “Nada fue encontrado en la búsqueda policial, lo que demuestra el abuso cometido por las autoridades tan sólo para alimentar una gran prensa sedienta por escándalos”, agregó la exmandataria. También advirtió que el uso político de las instituciones en Brasil está generando un clima de “excepción que, si no es combatido, se convertirá en el huevo de la serpiente del fascismo”. El registro también fue duramente condenado por los abogados de Lula y por el PT. 

De acuerdo con un comunicado divulgado por el mayor partido de izquierda de América Latina, la operación policial hecha a partir de una “supuesta y falsa denuncia anónima fue de una violencia que tiene que ser explicada por las autoridades involucradas”. 

“La persecución a Lula y su familia no tiene límites”, agregó en su nota la dirección del partido que gobernó Brasil durante trece años hasta 2016.  Tanto el PT como el propio Lula atribuyen las diferentes denuncias por corrupción contra el exmandatario a una persecución política para impedirle que dispute las presidenciales del próximo año, en las que aparece como máximo favorito.