La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos) requirió al gobierno que responda una nueva denuncia y la ampliación del pedido de medidas cautelares que realizaron el mes pasado los representantes de la Pu Lof de Cushamen ante ese organismo. Allí se describieron violaciones a los derechos humanos a varios miembros de esa comunidad mapuche cometidas durante los procedimientos judiciales en el marco de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. El organismo consideró que la nueva denuncia implica una gravedad que requiere una respuesta inmediata del Estado, independientemente de los argumentos que los funcionarios de Cambiemos lleven a la audiencia que se realizará en Montevideo el 26 de octubre. “Denunciamos que los miembros de la Pu Lof en Resistencia y la Lof Vuelta del Rio fueron objeto de vejámenes y humillaciones por fuerzas del Estado, bajo el manto de una investigación penal. Se han violado sus derechos a la dignidad humana, integridad física, psíquica y moral”, señalaron los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos “Chuzo” González Quintana, de la ONG Naturaleza de Derechos. 

A la audiencia prevista en Montevideo para el 26 de octubre acudirán, junto a los letrados peticionantes, dos integrantes de la comunidad, así como la familia Maldonado y su abogada, Verónica Heredia. El organismo estudia también la posibilidad de acceder al pedido de realizar audiencias in loco, es decir, trasladándose al lugar de los hechos, siempre en el marco de este expediente, abierto originalmente a partir de la represión que sufrió la comunidad mapuche de Cushamen el 10 y 11 de enero. Este expediente se amplió luego por la desaparición de Maldonado. “Vamos a requerir que se le advierta al Estado Argentino que está incumpliendo palmariamente con la medida cautelar dictada por la CIDH el 23 de agosto y con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”, indicaron Cabaleiro y González Quintana.

Luego de la desaparición de Santiago Maldonado y mientras teóricamente se investigaba qué había pasado con el joven, en Cushamen, los mapuches, entre ellos Matías Santana y otro testigo del caso, estuvieron más de doce horas con las manos precintadas y tirados en el piso, en medio de un operativo de 400 efectivos del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales). “Estos hechos gravísimos se dan en el marco de una campaña de persecución, hostigamiento y estigmatización contra la comunidad mapuche en el sur argentino por parte del Estado Argentino con la complicidad de los grandes medios de comunicación, acusándolos falsamente de actos terroristas o endilgándole procesos desestabilizadores sobre el régimen democrático. En Vuelta del Río, los mapuche fueron agredidos, humillados y retenidos sin causa alguna cuando se encontraban en su territorio ancestral”. Al día siguiente, cuando ocuparon en forma pacífica el juzgado de Guido Otranto, este magistrado les dijo que el motivo de estos operativos era que “todos” resultaban sospechosos en el caso Maldonado, según dijo a esta periodista la activista mapuche Moira Millán. Asimismo en la noche del 20 de septiembre personas extrañas incendiaron la casa de un miembro de la Lof Vuelta del Rio, Marcelo Calfupan, allanada el 18.

En la ampliación de su denuncia, Cabaleiro y González Quintana mencionaron graves irregularidades que atentaron contra la credibilidad e integridad de los testigos mapuches del caso Maldonado. En primer lugar fue la difusión de los videos de las declaraciones testimoniales en televisión, algo que permitió el ex juez de la causa Guido Otranto, y que los puso en riesgo y profundizó la “constante estigmatización de los comuneros y comuneras mapuches de la Pu Lof en Resistencia, como personas violentas, vinculadas a organizaciones terroristas, autores de graves hechos como incendios en puestos de estancias y estaciones de trenes; y ahora mentirosos y encubridores”. Mencionaron que esos mismos medios dieron cuenta del ofrecimiento por parte del Estado del sistema de protección de testigos, pero que los mapuches descreen de la eficacia del mismo, dado el caso de Ariel Garzí, el amigo de Santiago Maldonado que supuestamente estaba protegido pero su identidad fue revelada nada menos que por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en su paso por el Senado, el 16 de agosto. 

“Obsérvese que los videos de los testigos de Gendarmería son celosamente guardados: está claro el rol del juez. Por ello, ratificamos la solicitud de las medidas cautelares para los testigos comuneros y comuneras de la Pu Lof en Resistencia: Soraya Guitar Maicoño, Ailinco Pilquiman, Matías Santana y de Ariel Garzi, sin perjuicio de la solicitud en general para todos los miembros de las comunidades mapuches Pu Lof en Resistencia y Lof Vuelta del Rio”, manifestaron.

Cabaleiro y González Quintana fueron tajantes al momento de indicar “la responsabilidad política primaria y directa” de las autoridades nacionales, que recae sobre Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, y su jefe de Gabinete, Pablo Noceti. En relación a la funcionaria, apuntaron que “sus declaraciones públicas colocan a la funcionaria en su propio laberinto de encubrimiento”. Uno de estos hechos fue cuando Bullrich aseguró que el examen negativo de ADN de Santiago Maldonado en camionetas de Gendarmería “despeja muy fuertemente de lo que ha sido acusado el Gobierno: una desaparición forzosa, eso nos abre ventanas a otras hipótesis que nosotros siempre hemos planteado”. 

Los abogados de la ONG Naturaleza de Derechos agregaron que “se ha desviado el eje de la investigación con historia desopilantes tales como que Santiago había sido herido de muerte el 21 de julio por un puestero del cuadro Los Retamos, ubicado en una de las estancias del empresario Benetton en Epuyén, o que se encontraba en Chile o en la provincia de Entre Ríos, o que había sido visto en Tierra del Fuego; y todas esas hipótesis fueron puestas en escena por el propio Estado y hasta salieron, algunas de ellas, de la misma boca de la funcionaria nacional”. 

Un capítulo aparte mereció el otro eslabón del Estado: el poder judicial, que quedó alineado a la posición del Ministerio de Seguridad no solamente por la desaparición de Santiago sino también por el tratamiento de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia. El juez Guido Otranto fue apartado del caso Maldonado por sus superiores por insuficiencia de imparcialidad, pero sigue siendo magistrado federal en Esquel. “Tiene una clara animadversión con la Pu Lof en Resistencia. Los hechos que refieren a esta causa obedecen a una represión y allanamiento a esa comunidad enero de 2017 por la Gendarmería, en razón de las órdenes impartidas por el magistrado mencionado” , dijeron los denunciantes. De hecho, como surgen de las pruebas que la CIDH posee ya desde el 5 de agosto, Otranto mantuvo contacto con Noceti, y se opuso a que, tal como pedía la Procuvin (Procuración de Violencia Institucional), su teléfono fuera sometido a peritaje junto al del funcionario. 

Los abogados señalaron que hay responsabilidades penales, no solamente de una treintena de gendarmes que ingresaron al territorio con dispensa judicial para acribillar a jóvenes, con cartuchos de perdigones de plomo, que tienen capacidad para matar a una persona; sino también de funcionarios judiciales y del gobierno nacional: “Lamentablemente algunos funcionarios públicos no han aprendido nada después de más de 30 años de restablecida la democracia en Argentina. Santiago es un caso de desaparición forzada y la situación es muy grave. Lo que aflige es el deja vu que nos presentaron los grandes medios de comunicación, que del mismo modo que durante el proceso dictatorial del 76 al 83, volvieron a dar rienda suelta a las operaciones de prensa para tergiversar la realidad diariamente hasta con historias desopilantes. (...) Santiago desapareció en el marco de un procedimiento donde intervino una fuerza del Estado Nacional bajo el mando de un Jefe de Gabinete del Ministerio de la Nación: eso sí lo sabemos y lo afirmamos.