Actualmente la justicia obliga a las mujeres que vayan a una mediación obligatoria cuando reclaman una cuota alimentaria al padre de sus hijxs u otro tipo de acciones en relación al derecho de familia. Sin embargo, si hay violencia de género, la mediación resulta una forma de intimidación hacia las víctimas. Por eso, el diputado Remo Carlotto presentó un proyecto de ley, en el Congreso de la Nación, para que en los procesos judiciales ante la justicia de familia, las mujeres sean eximidas de tener que enfrentarse con su agresor. La iniciativa también prevé la prohibición de que los jueces insten audiencias conciliatorias si hay denuncia de maltratos psicológicos, económicos, sexuales o físicos. El objetivo es proveer a las mujeres una herramienta más de prevención y acceso a la justicia.
Actualmente, en una situación de violencia de género, la ley no prevé la eximición de la mediación obligatoria lo que implica tener que pasar por la situación de acordar alimentos o regímenes de comunicación con la persona que la violentó, en una situación de disparidad, gran estrés y angustia. Esta circunstancia desalienta a las mujeres a hacer exigibles las obligaciones derivadas de la parentalidad, en cabeza de los varones que las violentaron o lisa y llanamente la revictimización al obligarlas a llevar adelante estas mediaciones. En Capital Federal es posible solicitar a la Cámara Nacional en lo Civil la eximición de mediación previa en estos procesos. No obstante, la Cámara suele resolver con un criterio incierto, arbitrario y sumamente restrictivo y, en algunos casos, no se ha concedido a la mujer la posibilidad de eludir este requisito previo, aun mediando restricciones perimetrales y denuncias penales por violencia machista, que violan toda igualdad a la hora de negociar cara a cara.
