“No nos sorprende porque algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando”, sostuvo la defensa de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, luego de que el juez federal Julián Ercolini la procesara por considerarla coautora del delito de administración fraudulenta en la compra de un edificio para la Procuración. Anunciaron que “se interpondrán los recursos judiciales pertinentes”.
El estudio de León Arlsanian, que representa a Gils Carbó, sostuvo en un comunicado que se trata de un “delito imaginario” y expresó que el procesamiento “produce estupor”. “Se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno”, remarcaron los abogados.
Afirmaron que la compra del edificio en la calle Perón al 600 por 44 millones de pesos se realizó “en condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales” favorables y “por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales”.
Respecto a la comisión de 3 millones de pesos que habría cobrado el hermano de un subdirector de la Procuración, el comunicado del Estudio Arslanian afirma que eso no estaba en conocimiento de Gils Carbó y que en los hechos esa comisión no fue pagada por el Estado.
“Por fin, cabe señalar que genera suspicacia el dictado de esta resolución con anterioridad al lunes 23 de octubre”, concluye el texto, al relacionar el procesamiento con la coyuntura electoral previa a los comicios legislativos del 22 de este mes.
