A dos años de la muerte de Adrián Rodríguez, el bajista de Raras Bestias electrocutado en el escenario del Café de la Flor, la Fiscalía estima que la causa llegará a juicio el primer semestre de 2018. La fiscal Valeria Piazza Iglesias pidió penas que van de 3 a 5 años de prisión para los tres acusados. Quienes estarán sentados en el banquillo son el dueño del local de Mendoza al 600, Ariel Scharf, para quien pidió 4 años de prisión; el inspector municipal, Pablo Akerman, para quien pidió la pena de 3 años; y el electricista Fernando Campodónico, que desconectó el disyuntor, quien podría pasar 5 años preso.

Los delitos por los que será acusado Akerman, de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, para llegar a juicio es "incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público", ya que se le achacó haber firmado un acta para dar fe de que el local cumplía las condiciones de seguridad requeridas para su funcionamiento. En tanto, a Scharf se le achacó un actitud negligente por inobservancia de sus obligaciones y se lo acusó de violación del deber de cuidado y homicidio culposo. Mientras que Campodónico fue imputado hace un año por "homicidio culposo por negligencia, impericia y no observancia del cumplimiento de deberes como electricista". Campodónico fue quien manipuló la instalación eléctrica y dejó desconectado el interruptor (disyuntor), para que no haya más cortes de luz por fallas en las instalaciones del local. Es el acusado con el pedido de pena más alto.

La madrugada del 12 de octubre de 2015, Adrián Rodríguez, de 34 años, tocaba el bajo con su banda Raras Bestias en el Café de la Flor y murió en pleno show, al recibir una descarga eléctrica. Por esos días, el hecho causó una fuerte conmoción y la polémica se desató en torno a las precarias condiciones de seguridad para los músicos y artistas del under en ese tipo de espectáculos.

Akerman fue el último en controlar las instalaciones del local nocturno, en abril de 2015. Mientras éste dio el visto bueno sobre las instalaciones, un informe de peritos reveló a la Justicia que las conexiones tenían deficiencias importantes desde hacía tiempo. Parte de esos informes llegaron al Ministerio Público de la Acusación en diciembre de 2015 y otros a principios de marzo de 2016. En ellos se evidencia que las instalaciones presentaban fallas serias.