Desde Santa Fe.
El Ministerio Público de la Acusación volvió a suspender ayer por segunda vez en 24 horas la audiencia imputativa al jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, Adrián Rodríguez, en un hecho sin precedentes que dejó a la vista la connotación política del caso si se revela la prueba más sensible: una escucha telefónica que podría complicar a un funcionario del gobierno de Miguel Lifschitz, según fuentes confiables. Rodríguez fue arrestado el lunes en medio de un triple allanamiento de su despacho, su residencia oficial en Rafaela y su casa en Santo Tomé; el miércoles a las 17, el fiscal que lo investiga Roberto Apullán le iba a informar los cargos y las pruebas en su contra, en Tribunales, ante el juez de garantías, pero tres horas antes quedó en libertad por una "directiva particular" del fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti que Apullán no tuvo otra que cumplir. La audiencia pasó entonces para el jueves, a las 18.30, pero una hora antes, a pedido de la defensa y por un supuesto problema de salud de Rodríguez, se volvió a postergar por segunda vez, aunque ahora "sin plazo", con lo cual bien podría concretarse después de las elecciones del 22 de octubre. Un papelón en el que sólo puso la cara un funcionario del MPA que aceptó el diálogo con la prensa, pero en tono confidencial y con reserva de la fuente: confirmó que la audiencia imputativa se había suspendido "sin fecha ni plazo", que no sabía si los fiscales explicarían las idas y vueltas y si éstos aceptarían el diálogo con los periodistas o saldrían del MPA por un portón lateral.
Tras el plantón, Apullán dijo que fue su decisión suspender la medida luego de hacer examinar por un profesional al propio Rodríguez en su residencia. "No estaba en condiciones psíquicas de afrontar la medida", expresó. Además, admitió que la audiencia estaba prevista "a puertas cerradas" por orden de Arietti.
En diálogo con colegas, Apullán explicó que "la audiencia iba a transcurrir en los términos de la instrucción particular que en su momento dispuso el fiscal regional, que decidió la reserva de las actuaciones".
Por un supuesto problema de salud de Rodríguez, la medida acusatoria podría concretarse después de las elecciones.
Rosario/12 ya informó que Rodríguez es investigado por un presunto trato de un ascenso que quedó registrado en una escucha telefónica que está en poder del fiscal Apullán, quien ordenó su detención. Lo que no tiene antecedentes es que el jefe de Policía de Rafaela fuera arrestado en su puesto de mando, en medio de un triple allanamiento de su despacho, de su residencia en esa ciudad y de su domicilio en Santo Tomé. Y menos, que sólo estuviera preso de 48 horas, porque el miércoles, tres horas antes de la audiencia imputativa, Arietti le ordenó a Apullán ("directiva particular", la llaman) lo dejara libre, que es lo que sucedió.
A partir de allí, el trámite judicial pasó al MPA, donde ayer a las 18.30 se debía realizar la audiencia imputativa, pero una hora antes el abogado defensor Romeo Díaz Duarte pidió la postergación por un problema de salud de su defendido. Al cierre de esta edición los fiscales Apullán y María Laura Martí -que también intervienen en el caso- no habían explicado la situación de la causa, cómo sigue, y cuando se hará la imputación, si antes o después de las elecciones. Trascendió que Martí será asignada a la flamante fiscalía de Violencia de Género, creada ayer mismo.
Las audiencias fallidas habían generado varios interrogantes. Porque si Apullán tiene que informar al imputado acerca de las pruebas en su contra, la pregunta es quién es el que estaba del otro lado de la línea. Lo que trascendió es que si el jefe policial pretendía ascender debía tener determinadas conductas que se develarán cuando la investigación deje de ser secreta. Rodríguez está imputado por un supuesto "cohecho pasivo", una figura que tiene su contracara del "cohecho activo".
