El gobierno de Mauricio Macri decidió recortar de forma drástica el presupuesto para el próximo año para luchar contra la violencia machista. El flamante Instituto Nacional de las Mujeres recibirá en 2018 –en términos reales– casi 30 millones menos que en 2017, según surge del proyecto de presupuesto nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Organizaciones feministas y de derechos humanos expresaron su preocupación por esta disminución de fondos en una carta presentada al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y a la directora INAM, Fabiana Tuñez y enviada a las comisiones de la Cámara de Diputados, donde se debatirá en pocas semanas. En la misma nota, reclamaron “más recursos para proteger y defender a nuestras niñas y mujeres adolescentes”. El programa de Educación Sexual Integral, que depende del Ministerio de Educación, recibirá apenas 21.852.645 de pesos y el de Escuelas Populares en formación de género solo 1.021.050 pesos. Y no está detallado cuánto se le asignará al Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género, del Ministerio Público de la Defensa. 

La carta lleva las firmas de referentes del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mujeres en Igualdad (MEI), ACIJ, Caref y la Fundación Siglo 21. “Observamos con preocupación una disminución en el presupuesto asignado al ente rector para el diseño y aplicación de las políticas de igualdad de género en el país (actualmente, el INAM), a cargo de la aplicación de la Ley 26.485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, comienza la nota. 

El año pasado se asignaron al Consejo Nacional de las Mujeres –como se llamaba el organismo– un total de 163.500.000 pesos. Si se tiene en cuenta que el Presupuesto del año próximo prevé una inflación del 15,7 por ciento, para mantener la misma capacidad de financiación de los distintos programas de 2017, el INAM debería recibir 191.295.000 pesos. Pero el proyecto del PEN para 2018 no solo no establece el incremento para mantener el valor real sino que lo disminuye en términos nominales. La suma establecida es de 161.548.292 pesos. “Este dato resulta preocupante por dos motivos. Por un lado porque implica una reducción de casi dos millones de pesos respecto del presupuesto del año anterior; y por otro porque si se tienen en cuenta las estimaciones del propio PEN según las cuales la inflación para 2018 será de un 15,7 por ciento, esto supone que en términos reales el presupuesto del ente rector de las políticas de igualdad de género tendrá un recorte del 17 por ciento”, señaló a PáginaI12 Natalia Gherardi, directora de ELA. 

“Esta disminución en los recursos disponibles es paradójica considerando que a principios de septiembre se publicó el Decreto 698/17 por el que se crea el INAM con el objetivo de dotar al organismo rector de las políticas de igualdad de género de mayor jerarquía institucional y autonomía económica”, señalaron las ONGs. Es decir, el anuncio de la supuesta jerarquización de ese organismo, en realidad, se desdibuja con el recorte de presupuesto resuelto por el PEN.

La economista feminista Mercedes D’Alessandro hizo el ejercicio de poner en un buscador del Presupuesto Nacional 2018 la palabra “mujer”, y se encontró con sólo “cuatro coincidencias de las cuales dos son notas al pie”, contó a este diario. “Esto, que podría parecer intrascendente o anecdótico, es bastante sintomático. El presupuesto es una herramienta que nos permite ver los lineamientos generales del gobierno. De su lectura queda claro que los principales objetivos son reducir el déficit fiscal, cambiar el esquema tributario y hacer una gran apuesta en infraestructura. Pero lo que no se lee en sus más de 300 páginas es cuál es el plan para cerrar las brechas de género”, escribió D’Alessandro en una columna en el portal Economía Femini(s)ta. En todo el apartado dedicado al mercado laboral no hay una sola mención al hecho de que las mujeres ganan un 27 por ciento menos que sus pares, o que las jóvenes menores de 29 años triplican las tasas de desempleo promedio, destacó. Y concluyó: “Un presupuesto que no contempla siquiera la situación de desigualdad entre varones y mujeres es ciego frente al género y, por tanto, reproduce esta desigualdad”.

D`Alessandro explicó que en el presupuesto enviado al Congreso hay “información muy detallada y específica, por ejemplo, del proyecto para el Belgrano Cargas y sobre cuánto se van a recortar los subsidios a la energía, es decir, sobre el tarifazo que se viene, pero no hay nada precisado sobre políticas dirigidas a las mujeres, especialmente de sectores más vulnerables. Solo se menciona el programa Ellas Hacen, que es muy chiquito, porque alcanza a apenas 60 mil mujeres, y distribuidas en 10 provincias”, agregó la economista, en diálogo con PáginaI12. 

La falta de “desagregación” de las partidas de los distintos ministerios es un obstáculo para poder analizar cuánto dinero efectivamente se destina a combatir la violencia machista y otras problemáticas que afectan particularmente y de forma grave a la población femenina. En ese sentido, las ongs llamaron la atención sobre “la ausencia” de una partida específica que se pueda identificar claramente en el proyecto de presupuesto destinada al Plan Nacional de Acción (PNA) para erradicar la violencia contra las mujeres. 

De acuerdo con el PNA presentado por el PEN en julio de 2016, el presupuesto que correspondería para el ejercicio de 2018 debería ascender a 50.489.000 pesos. Sin embargo, del análisis que pudieron hacer, no encontraron que el PNA “sea mencionado explícitamente” en el presupuesto enviado por el PEN. Sin información que permita identificar las partidas presupuestarias específicas, las organizaciones de la sociedad civil difícilmente “podremos contribuir en el seguimiento y monitoreo del compromiso de transparencia presupuestaria del Plan”, objetaron las Ongs.

Pero no es el único programa “invisibilizado” en el presupuesto. No es posible identificar en el proyecto los recursos destinados a la construcción los Hogares de Protección Integral (que según la estimación del PNA presentado en julio de 2016 ascendía a 600.000.000 pesos). Las ONGs alertaron también que tampoco resulta clara la identificación del presupuesto destinado a la compra y administración del sistema de tobilleras electrónicas para realizar el seguimiento de agresores, que podría estar incluido dentro de la asignación global del Ministerio de Justicia. Lo mismo sucede en el Ministerio de Defensa, donde no está detallada cuál es el monto asignado a la Dirección de Políticas de Género de esa cartera. En el Ministerio de Trabajo, no están desagregadas las partidas para la Comisión para el Trabajo con Igualdad de Oportunidades ni para la Oficina de asesoramiento sobre violencia laboral, es más: no aparece en ningún lugar del presupuesto el concepto de violencia laboral. “Son pocos los programas que tienen desagregados sus presupuestos. No es un problema nuevo pero debería incorporarse el enfoque de género al elaborarse el presupuesto”, indicó Gherardi. 

Tampoco se puede saber cuánto dinero se asigna dentro de la partida de Jefatura de Gabinete de Ministros al Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y la explotación de personas y para la protección y asistencia a víctimas. Ni dentro del Ministerio de Salud, cuál es la partida para el Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, porque no figura. Ni siquiera está detallado el monto asignado al Proyecto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género, que dependerá del Ministerio Público de la Defensa. 

Los programas que sí tienen detalladas partidas son el de Educación Sexual Integral con solo 21.852.645; el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable tiene una partida de 245.506.636 pesos; el Programa Las Víctimas contra las Violencias, recibirá 295.060.2007 pesos; la Oficina de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata (Línea 145), 4.092.369 pesos y la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, 12.000.000 pesos, según surge del proyecto elaborado por el PEN.