La decisión del presidente electo de Argentina, Javier Milei, de derogar la Ley de Alquileres se encuentra con posturas diversas en La Rioja. La propuesta de permitir la libre pactación de valores entre propietarios e inquilinos ha provocado posturas enfrentadas sobre qué intereses primarían en este escenario.
Luciana Porras, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de La Rioja, respaldó enfáticamente la propuesta, destacando que la derogación de la ley anterior permitiría una reactivación del mercado al permitir la libre negociación de precios: "Creemos que podría ser un excelente panorama la libre pactación entre partes porque son contratos privados de negociación y eso significaría automáticamente una reactivación del mercado y los precios se estabilizarían entre oferta y demanda".
Por su parte, Vanesa Córdoba, presidenta de la Unión de Inquilinos de La Rioja, ya venía exponiendo las preocupaciones sobre esta ley ante la posibilidad de retirada de propiedades del mercado, lo que impacta negativamente en la disponibilidad de alquileres: "Como inquilino vas a tener unas actualizaciones que no serán tan altas, pero va a hacer que muchos propietarios sigan sacando sus propiedades del mercado. Ya empezaron a hacerlo a nivel país desde hoy mismo y acá en La Rioja puede suceder lo mismo".
La ley aprobada en octubre, establece una duración de tres años para los contratos y una actualización semestral de precios. Esta normativa generó divisiones en el Congreso, donde el oficialismo respaldó mayoritariamente la medida, mientras que la oposición, principalmente representada por Juntos por el Cambio y algunos legisladores independientes, se manifestó en contra.
En medio de este contexto, se ha sancionado la ley de creación de la Defensoría del Inquilino en La Rioja, un organismo destinado a asesorar legalmente a inquilinos, recibir reclamos por incumplimientos contractuales y mediar en conflictos entre inquilinos y propietarios. La medida podria mitigar las posibles consecuencias adversas que la derogación de la ley de alquileres pueda acarrear. La diputada y vicepresidenta primera, Teresita Madera indicó que el objetivo principal de la norma es “brindar una herramienta de consulta y asesoramiento para las y los inquilinos de La Rioja”. Por su parte, la diputada Lourdes Ortiz, agregó que “esta iniciativa busca poner una mirada especial en la parte más débil de este proceso que son los inquilinos; donde una vez más el Estado busca ser un nexo que permita acompañar y asesorar brindando tranquilidad a los inquilinos”.
En este contexto advirtieron que en un mercado desregulado, los precios podrían elevarse sin control, lo que dificultaría el acceso a la vivienda para una parte significativa de la población, especialmente para aquellos con ingresos más bajos. Sin regulaciones, los propietarios podrían fijar precios excesivos sin considerar la situación económica de los inquilinos, generando desigualdades y potencialmente desplazándolos del mercado de alquiler.
Y pidieron tener en cuenta que el Estado interviene con leyes que regulan los alquileres para proteger a los inquilinos y garantizar un equilibrio en las relaciones contractuales entre propietarios e inquilinos. Estas regulaciones buscan evitar abusos y brindar estabilidad y seguridad a ambas partes. Además, buscan prevenir la especulación inmobiliaria, asegurando que el derecho a la vivienda que se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina. La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En La Rioja el 71,8% de las viviendas son ocupadas por sus propietarios, mientras que a nivel nacional se llega al 65,5%.
En tanto Porras reiteró su optimismo ante el anuncio de Milei: "Consideramos que es una decisión muy acertada y que con esto en pocos meses podría equilibrarse la oferta y la demanda".
