A solo dos días del resultado de la segunda vuelta electoral, y con la ratificación mediática de la intención del presidente electo Javier Milei de privatizar YPF, la jueza estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, concedió atribuciones a Argentina en la causa por la nacionalización de la petrolera. Mientras se espera una sentencia firme para el fallo que obliga a la República a pagar 16.100 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital por la forma en que se nacionalizó la compañía en 2012, accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio, que era imposible de pagar por el país. A cambio, sugirió que aporte otros activos (como participación accionaria y deudas a cobrar) antes del 5 de diciembre, como garantía para evitar embargos.

Entre los activos que solicitaron los buitres como alternativa al bono de 16.100 millones de dólares de fianza, se encuentra el 26 por ciento de la participación accionaria que tiene el Estado Nacional ( el 25 restante es propiedad de las provincias) en la compañía y un crédito a cobrar por parte del gobierno de Paraguay en la construcción de la represa generadora de energía binacional de Yacyretá. También intentaron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que la jueza omitió porque la ley argentina exige que los fondos de pensiones "sólo podrán destinarse al pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino".

Un largo camino 

Preska, que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, le había puesto en septiembre número a un proceso que ya lleva ocho años de disputa entre el fondo buitre Burford Capital y la República Argentina, cuya defensa y apelaciones están en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini. 

La jueza había determinado que Argentina debe pagarle al fondo buitre Burford 16.100 millones de dólares (entre intereses y capital) por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. El país se comprometía a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

La República avisó que utilizará la primera de las dos instancias de apelación que tiene, por lo que el juicio aún no cuenta con sentencia firme. En tanto, pidió a la jueza eximirla de la fianza de un bono de 16.100 millones de dólares a ejecutarse en caso de que la sentencia quede firme que exigen los demandantes manifestando que la República no podría hacer el pago, ya que impondría un daño irreversible a una población que ya padece "una elevada inflación".  

Este martes y en un escrito de once páginas, Preska le concedió a Argentina la obligación de pagar los 16.100 millones de dólares de fianza. En cambio, le sugirió que tiene hasta el 5 de diciembre para depositar activos alternativos para proteger en cierta medida los intereses de los demandantes.

Qué piden

En el escrito, Preska nombra tres activos que los demandantes propusieron como garantía de la deuda. En primer lugar, el fondo buitre apuntó al Fondo de Garantía de Suntentabilidad, creado en 2007 luego de la estatización del sistema previsional para tener un fondo contracíclico que puede utilizarse para sostener el pago de las jubilaciones frente a eventuales crisis económicas y sociales. Sin embargo, la jueza Preska advirtió que "la ley argentina 26.425 exige que los fondos de pensiones sólo podrán destinarse al pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino, y el Tribunal considera que esta propuesta no es viable".

Sin embargo, sí escucharon otras dos propuestas de activos de YPF. Por un lado, la participación accionaria del 26 por ciento estatal nacional, que los demandantes valoran en 2350 y 3050 millones de dólares y, por otro lado un monto de 4000 millones de dólares en créditos futuros que Paraguay se ha comprometido a pagar a Argentina en el transcurso de 30 años por montos adeudados por la construcción de la represa generadora de energía binacional de Yacyretá. 

Entregar el 26 por ciento de las acciones de YPF en garantía significaría, en la práctica, una privatización de la empresa. Sin embargo, la ley de creación de YPF Nacional dice que no se puede modificar la participación accionaria sin dos tercios del Congreso, por lo que los buitres encontrarán en la legislación argentina un bloqueo más para avanzar sobre sus bienes.

Alerta buitre

El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem, el país se comprometía a que cualquier operación de adquisición de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta de compra por el total de las acciones del mercado. En 2012 la República adquirió el 51 por ciento de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.

Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha.

Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios. Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio es el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.