Alejandro Slokar, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, no oculta su preocupación por el rebrote de expresiones negacionistas o de discursos que reivindican los crímenes de la última dictadura. "Es intolerable la reaparición del Falcon verde", dice el juez a Página/12. El Falcon verde --emblema de los grupos de tareas-- volvió a aparecer en las últimas semanas en mensajes que distribuyen en redes sociales los seguidores de La Libertad Avanza (LLA), el partido que lideran Javier Milei y Victoria Villarruel.

Slokar, experto en Derecho Penal y director del Observatorio de Justicia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cree --en sintonía con la mayoría del movimiento de derechos humanos-- que es importante avanzar con la sanción de una ley que ponga freno al negacionismo mientras advierte que es una "ingenuidad" pensar que el proceso de verdad y justicia está consolidado y no puede sufrir embates en los próximos tiempos.

–¿Es necesario legislar contra el negacionismo?

– Creo que es conveniente, tanto más cuando se quiere poner en cuestión el pacto fundante de la democracia argentina, que es todo rechazo al terrorismo estatal. Es cierto que no alcanza con tener una norma para contener las amenazas antidemocráticas y que el efecto disuasivo de una pena es muy limitado. Así como los genocidios no finalizaron por la Convención de 1948 ni por el Estatuto de Roma, tampoco el negacionismo que llevan ímplícito termina por una ley.

--¿Cómo definiría el negacionismo?

--Es un fenómeno del orden cultural y político que acomete contra la historia acreditada de una masacre. Todo negacionismo busca establecer que el exterminio es una invención, con el propósito de rehabilitar a sus responsables ante la opinión pública. Así, dicen que el Holocausto es un invento judío y que no hay pruebas. Y que en la Argentina el terrorismo dictatorial es un relato de Madres y Abuelas. De esa manera, sectores antidemocráticos consiguen ganar terreno ante la opinión pública, con una prédica que para mí --bajo determinadas exigencias-- debe quedar al margen de la ley.

– ¿Desde cuándo el negacionismo aparece como un fenómeno a estudiar y/o sancionar?

– Desde los '70 en los Estados Unidos, aún antes de la obra del nazi británico David Irving. En ese momento, surge un grupo antisemita que se llama el movimiento Liberty Lobby, que crea el famoso Instituto de Revisionismo Histórico. Llegaron a ofrecer en una campaña 50.000 dólares para quien pudiese probar que algunos de sus familiares habían perdido la vida por el gas en los campos de exterminio. Una víctima logró probarlo y les ganó el juicio. Se los llama "asesinos de la memoria" en la idea de que el negacionismo viene a completar el círculo de todo genocidio. Frente a esto, la reacción en los años '90, sobre todo desde el continente europeo es la conocida: la tipificación como delito de cualquier intento de banalización de una masacre.

--Pero la línea estadounidense no reacciona de la misma manera...

--Lo que evidencia un choque de matrices. Con exclusión de Canadá, en todo el continente americano no hay un solo país que tipifique el negacionismo. En tanto toda Europa prácticamente tiene desarrollo dentro de su legislación. Porque en la cultura europea aparece la dignidad humana y su conciencia ética como el principal valor, y del lado norteamericano se entroniza el de la libertad de expresión a partir de la primera enmienda. Ahora, la libertad de expresión tiene límites como cualquier derecho. Desde la matriz americana se opone la idea de que el contenido político del mensaje no se puede valorar, y que la libertad de expresión debe ser irrestricta. Pero tantas veces sabemos que no es libertad de expresión sino de mercado. Si Argentina tipificara, aún con el modesto alcance respecto de funcionarios y candidatos, se pondría a la cabeza en el plano continental. Los primeros pasos ya se han producido, y tampoco es nuevo el fenómeno a atender.

– ¿Por qué lo dice?

– A fines de los '80, Raúl Alfonsín promulga la ley antidiscriminatoria que había promovido Fernando de la Rúa como senador. Por primera vez se introduce la penalización de los delitos de odio, que llega hasta el odio político. Por hechos de esta naturaleza hay muchas decisiones del fuero federal porteño. Este propio tribunal hizo aplicación de la ley antidiscriminatoria en el caso de los neonazis de Mar del Plata, con un fuerte impulso de la DAIA.

– ¿Alcanza entonces con la ley antidiscriminatoria?

– Para los '80, la impronta de entonces a partir del hecho cardinal del Juicio a las Juntas indicaba que sí. Luego, el mundo modernizó toda esta legislación, tanto que hoy es social y jurídicamente inaceptable la banalización del horror. El Código Penal alemán lo que hace es punir el negacionismo de aquello que se denomina la “Mentira de Auschwitz”. El aprobar, negar o minimizar sea público o en una reunión, y tiene penas de hasta cinco años de cárcel. En Francia, tambien está penalizado y se traza una distinción con la apología --que también está vigente en nuestro Código Penal y que resulta la alabanza de un delito o del condenado. Austria es el país que tiene la sanción más severa: llega hasta diez años de prisión. En Europa parece claro el cordón sanitario al virus negacionista. Solo se discute en Italia –que creo sigue en estado de deliberación-- y en España, donde debieron retroceder a partir de un fallo del Tribunal Constitucional que obligó a reconfigurar el delito.

–¿Entonces qué se debería hacer?

– La respuesta tendría que ir por el lado de la agravación del delito de apología, también el de la incitación de la ley antidiscriminatoria y la tipificación de la fórmula de la negación respecto de todo delito contra la humanidad reconocido por el Estado argentino, con escalas penales adecuadas. El ajuste de las penas es indispensable porque hoy se establece entre un mes y un año por la apología. Claro que ello no es eficaz si no se contempla la multa reparadora, la publicación de la condena, la cancelación registral, entre otras sanciones.

–En muchos juicios de lesa se ordena la publicación de la sentencia o la rectificación de información pública...

– Es el imperativo internacional de reparación a las víctimas. Por esa vía, nace la principal legitimidad de la regulación. Esto es: si todo Estado asume frente al sistema de protección de los derechos humanos el deber de reparar, en simultáneo no puede ni debe tolerar que proliferen aquellas conductas que precisamente niegan la condición de las víctimas.

– ¿Cómo caracteriza la situación actual en la Argentina?

– Con el ejemplo paroxístico de la reaparición del Falcon verde, que es intolerable. Se busca minar el contenido más preciado de la democracia que expresan los sintagmas “Nunca Más” y “Memoria, Verdad y Justicia”. Ahora, desde el plano judicial, hay señales de alerta identificadas desde hace tiempo. Primero la reedición de los dos demonios fundamentalmente a partir de la pretensión de la reapertura de los procesos contra organizaciones armadas. Luego está el 2x1 por goteo sobre la base de beneficios concedidos. En un universo de 1200 represores condenados, hay 800 privados de la libertad y menos de 150 en cárcel, lo que evidencia que la pena no parece la “adecuada” en los términos que exige el compromiso internacional asumido.

– ¿Cuál es el grado de consolidación del proceso de verdad y justicia?

– Yo creo que la trampa es pensar que se trató de una consolidación definitiva, junto con el reconocimiento internacional. Es una ingenuidad peligrosa. Si no, no estaríamos hoy atendiendo estas reversiones negacionistas o poniendo la lupa sobre esas tendencias regresivas desde el plano judicial.

– En la campaña se planteó que hay una justicia "incompleta" porque se juzga el terrorismo de Estado, pero no el accionar de los grupos guerrilleros durante los años '70. ¿Qué opinión le merece?

--Hay que reafirmar, de modo persistente, que las violaciones graves a los derechos humanos no las provocan los particulares, sino únicamente los Estados. Todas estas reacciones tienen que ver con la negación de los crímenes dictatoriales y la exaltación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, de modo de garantizar impunidad y alentar el abuso de poder de las fuerzas estatales. La pretendida simetría es inaceptable desde el orden internacional como ya lo fijó la Corte Suprema de Justicia. No hay paridad entre crímenes cometidos por particulares --por execrables que sean-- y los crímenes de Estado.

– ¿Piensa que la cuestión del negacionismo se debió haber abordado antes?

– En el ejercicio de la soberanía popular, el cálculo de la necesidad y la oportunidad recae en nuestros representantes del Legislativo. También allí cede cualquier omnipotencia teórica. Pero, sin dudas, se trata de toda una construcción de memorialización pendiente, que si no se aborda con motivo de los 40 años de la recuperación democrática, ¿cuándo?