La Cámara de Senadores de la provincia tiene previsto tratar hoy uno de los proyectos que prorroga el artículo 9º de la Ley 7658, que suspende los desalojos de las familias campesinas cuyas tierras están en disputa con titulares registrales.

El proyecto, de autoría del senador por La Caldera, Miguel Calabró, prorroga la suspensión de desalojos, que vence en diciembre próximo, hasta diciembre de 2024, o sea, solo por un año.

“Tengo el compromiso de que el año que viene se prorrogue por dos años más, para evitar que el tratamiento caiga justo en tiempos electorales”, dijo a Salta/12 el legislador.

Otra posibilidad de prorrogar y evitar que un eventual nuevo vencimiento caiga en un año electoral era que los desalojos se suspendieran por tres años más. Al ser consultado por la alternativa, Calabró afirmó que hay quienes argumentaron que dar un plazo más extenso generaría una postura relajada de los pequeños productores y eso evitaría que se sienten a acordar la regularización dominial con los titulares registrales.

Actualmente existe la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que tiene por objetivo interceder en la regularización de las tierras está en posesión de familias campesinas, pero están a nombre de titulares registrales. 

“Ellos vienen con asesoramiento legal pero queremos hacer un plano y no se puede porque la provincia no quiere poner los agrimensores”, afirmó Antolín Soraire, presidente de la asociación Sonar Campesino, de la localidad de Los Blancos, pueblo de la jurisdicción del municipio de Coronel Juan Solá o Morillo, en el departamento Rivadavia. 

Sucede que el costo de un agrimensor es alto para el presupuesto de estas familias campesinas. A modo de ejemplo, la mensura de un predio de cinco hectáreas tiene un valor de dos millones de pesos, afirmó el dirigente campesino. 

Soraire contó sobre la realidad que les toca atravesar actualmente con una sequía prolongada y la tierra afectada por esta razón. “Hace 8 días recién llovió 35 milímetros nomás y ya se está secando todo”, afirmó. A ello sumó que la algarroba y el chañar que suelen consumir los animales se redujo en un 70 por ciento aproximadamente, lo cual implica que tendrán que proveerse de forraje para alimentar a su producción.

“Venimos trabajando y se avanzó en algún sector. Pero falta mucho y sobre todo los presupuestos para el tema de la mensura”, dijo por su parte la presidenta de la asociación campesina “Unidad y Progreso”, Lucía Ruiz, que representa al campesinado de Morillo.

La falta de presupuesto también fue una coincidencia con Calabró, quien afirmó que no solo se está pidiendo mayores partidas para acelerar el proceso de regularización, y la descentralización de oficinas de la UEP al menos en la región chaqueña para poder generar un vínculo de mayor confianza entre las familias campesinas y los funcionarios a cargo de la regularización. Esto se debe a que uno de los obstáculos de estos procesos es la falta de este vínculo.

Más presupuesto

Por su parte, Milagros Patrón Costas, secretaria de Desarrollo Agropecuario de la provincia, afirmó que también se solicitó al Ejecutivo Provincial contar con mayor presupuesto para poder seguir con la regularización de tierras y la posibilidad de mensurar las propiedades

El avance mayor fue sobre las tierras fiscales de la provincia. En el sector privado, en tanto, afirmó que existieron unas 450 asesorías legales, y al menos un caso en el cual 11 pequeños productores pudieron llegar a un acuerdo con el titular registral.

Patrón Costas afirmó que en la UEP se georreferenciaron al menos 1400 pequeños productores y productoras en la provincia con tierras (privadas o fiscales) sin regularización alguna.