El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, ratificó ayer su acusación en contra del juez del Tribunal de Juicio de Orán, Edgardo Laurenci, y pidió que se declare la admisibilidad formal del pedido de juicio político que presentó contra el magistrado y que se lo suspenda en sus funciones.
El pasado 28 de septiembre último el procurador general pidió al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados que destituya al juez Laurenci por mal desempeño en sus funciones e incumplimiento de sus deberes como magistrado jurisdiccional, en relación a la fuga del sicario Lino Abdemar Moreno.
Como prevé el proceso, el Tribunal informó al juez para que conteste la acusación y ofrezca pruebas, y también corrió vista al procurador general y en la respuesta García Castiella ratificó la acusación.
El Ministerio Público Fiscal informó que el procurador destacó que la acusación cumple adecuadamente con los requisitos legales, dado que "ha individualizado correctamente al magistrado al que se acusa, contiene una exposición clara y precisa de los hechos en que se funda, una adecuada relación entre el contenido fáctico y las normas que se enuncian, una explicación somera de las causales constitucionales y legales previstas y por las que se solicita el juicio y, por último, un adelanto de la prueba que se ofrece para la instancia de debate".
También resaltó que "resulta relevante, pertinente y conveniente que el Jurado se expida sobre la admisión de la acusación instada por su parte, a los fines de que la sociedad salteña tenga la oportunidad de conocer, mediante la correspondiente audiencia de debate oral y pública, los graves hechos que fueron denunciados, la prueba que allí se producirá, la defensa que pueda articular el denunciado y, en definitiva, la valoración –ceñida a las pruebas que en ese acto se produzcan- sobre si el juez Edgardo Osvaldo Laurenci se encuentra o no en condiciones de seguir ejerciendo la magistratura jurisdiccional".
"Desaciertos" tras la fuga
En junio último Lino Abdemar Moreno estaba cumpliendo la última parte de la condena a prisión perpetua que el Tribunal de Juicio de Orán le impuso en 2010, por su participación, junto a otras cinco personas, en el asesinato de la pequeña productora rural Liliana Ledesma, hecho cometido el 21 de septiembre de 2006. En ese contexto, el 18 de junio de 2023 el sicario (el asesinato de Ledesma fue a cambio de un pago) aprovechó una salida transitoria, autorizada por Laurenci, para fugarse, condición en la que se encuentra hasta ahora.
En la acusación, el procurador general recordó que Laurenci autorizó estas salidas a pesar de la opinión contraria de la fiscala Claudia Carreras y de la familia de la víctima, que había recibido amenazas de Moreno. Sin embargo, los reproches son por la actuación del juez Laurenci tras la fuga de Moreno. La Procuración sostiene que el magistrado demoró indebidamente la búsqueda de Moreno.
Ese mismo 18 de junio, que fue domingo, a las 20, el Servicio Penitenciario Provincial informó al juez de la ausencia de Moreno; pero el magistrado se limitó a pedir que se le remitieran las actuaciones. Cuando estos documentos llegaron al despacho de Laurenci, corrió "vistas improcedentes" primero y "recién el 6 de julio el magistrado resolvió revocar el beneficio que había concedido y ordenó a la policía que se constituya en el domicilio del cual se había escapado Moreno para proceder a su detención". También había indicado que en caso de que Moreno no fuera encontrado, se insertara su captura en la orden del día.
En este aspecto, el procurador le reprochó al magistrado que, además de estos "desaciertos", entregó a la Policía una orden que "incluía información incorrecta sobre la ubicación donde debían llevar a cabo la búsqueda y detención, así como también sobre el documento de identidad y prontuario de Moreno". Como era de esperarse, esa información incorrecta provocó que la Policía no pudiera dar con la casa, y tampoco pudiera registrar la orden de captura debido a la inexactitud de los datos. Con las idas y venidas se consumieron 52 días, de tal manera que recién el 9 de agosto el juez "corrigió el oficio enviado a la policía".
El procurador general consideró que el juez Laurenci actuó con falta de diligencia, impericia y en incumplimiento de los deberes a su cargo, "puesto que el rápido accionar ante un supuesto como el que le fue comunicado podría haber conllevado a lograr la captura de Moreno y así neutralizar la fuga que hoy se verifica".
