La jueza Teresa Ovejero fue reelecta por sus pares como presidenta de la Corte de Justicia de Salta por el período 2023-2025. En la vicepresidencia fue designado Fabián Vittar y como vicepresidenta segunda fue designada Adriana Rodríguez Faraldo.

La Corte se integra además por las juezas María Alejandra Gauffin y María Edit Nallim y los jueces Guillermo Catalano, Ernesto Samsón, Pablo López Viñals y Gabriel Chibán.

Teresa Ovejero se recibió de abogada en la Universidad Católica de Salta, en 1993, y tiene una larga carrera en el Poder Judicial de la provincia, donde, entre otras funciones, fue secretaria interina en el Programa Piloto de Mediación; e integró la comisión técnica para el análisis de la propuesta de iniciativa privada para la implementación del voto electrónico en la provincia, y fue también secretaria del Tribunal Electoral de la provincia.

Ayer, el día después de ser confirmada en la presidencia del máximo tribunal provincial, la jueza estuvo en el Senado, donde se reunió con legisladores de las comisiones de Justicia, Acuerdos y Designaciones y de Legislación General y Régimen Previsional para tratar un proyecto de modificaciones de la Ley N°7690, del Código Procesal Penal de la provincia, que prevé la incorporación de tecnología para permitir la oralidad en todas las etapas del proceso.

La iniciativa legislativa es de los senadores Javier Mónico, Jorge Pablo Soto y Mashur Lapad, y la diputada Socorro Villamayor y el diputado Esteban Amat. 

El proyecto impulsa la reforma de 36 artículos del Código Procesal Penal, incorpora la oralidad en todas las etapas del proceso; observando los principios de publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplificación y celeridad. Para ello se redefinen competencias, tanto de los magistrados y magistradas como de los demás recursos humanos del Poder Judicial; se adecúa el uso de la tecnología y de las instalaciones judiciales.

Ovejero, que participó de la reunión junto al juez de Corte Pablo López Viñals, consideró que el proyecto de modificación del CPP implicará un cambio muy profundo en la administración del servicio de justicia, que con la incorporación del expediente digital adquirió mayor agilidad.

La juez recordó que la Corte de Justicia salteña viene implementando desde principios de este año "un plan piloto de oralidad penal" en cuyo marco "ya se han hecho más de 1200 audiencias flexibles y multipropósito". Se trata, dijo, de "acercar la justicia a la gente, de acortar los tiempos de la justicia, de aprovechar la tecnología, de aprovechar las comunicaciones, de aprovechar lo que tenemos hoy, que es dejar la burocracia del papel" y no trasladarla a "una burocracia digital".

Con la oralidad se podrían hacer audiencias tempranas en las que se podrá resolver los procesos y de esta manera "evitar que los juicios se extiendan en estos tiempos interminables que creo que son los que hoy tanto daño hacen al sistema de justicia y que es lo que hoy la sociedad nos está reclamando, que acortemos esos tiempos, pero además que el juez esté frente al fiscal, frente al defensor, e incluso frente a la víctima y frente al acusado y que podamos ir resolviendo de otra forma", afirmó Ovejero. "Creo que los tiempos hoy han cambiado, creo que la sociedad hoy nos exige manejarnos diferente", añadió en el mismo sentido. 

La reforma del CPP de la provincia implica un cambio del modelo, "hemos estudiado modelos de otros lugares y estamos armando nuestro propio modelo para tener una justicia más eficiente", agregó. Entre esos cambios señaló la incorporación de las audiencias virtuales.

Asimismo, detalló que en el plan de orallidad el juez o la jueza de garantías tiene un papel principal, ya que son quienes realizan las audiencias flexibles multipropósito, "que se hacen en una etapa muy temprana y que permiten incluso concluir el juicio en esa misma etapa temprana porque muchas veces lo que pasa hoy es que hay mucho trámite procesal y la primera vez que se llega a una audiencia es cuando ya se está en el juicio y recién ahí hay veces que se puede terminar". En cambio, "ahora lo que se hace es llevar todo esto a una primera etapa y que en esa audiencia ya puedan fiscal, defensor, víctima, acusado, muchas veces llegar incluso a un tipo de acuerdo" que permita que en ese mismo momento "se pueda aplicar una sentencia sin tener que transitar todo ese tiempo, y eso es un ahorro de tiempo, un ahorro de recursos y sobre todo, una justicia más eficiente". 

En la reunión en el Senado Ovejero sostuvo que la migración hacia la oralidad no significará grandes erogaciones, ni implicará sumar más infraestructura, sino que se requerirá de su adaptación y la reorientación del recurso humano.

A su vez López Viñals señaló que esta reforma marca una nueva evolución del sistema acusatorio, que en 2011 pasó el proceso de investigación de jueces a fiscales y ahora incorpora la oralidad, con una experiencia de adaptación donde los jueces ya trabajan en modo a lo nuevo. Se moderniza el juicio oral y público y se pasa de un sistema inquisitivo o acusatorio a otro adversarial.

Ovejero aclaró que una vez sancionada la ley se implementaría por etapas, comenzando por los distritos judiciales de Capital y Metán, siguiendo por los del Norte y Rosario de la Frontera.