En la ofensiva de los jueces federales, protagonistas de un verdadero show preelectoral que se amplifica cada vez más, le tocó ayer el turno a la procuradora Alejandra Gils Carbó, que fue procesada por el juez federal Julián Ercolini por la compra del edificio de la calle Perón 667 para usar como sede del Ministerio Publico Fiscal. Para el juez, la operación se basó en una licitación “direccionada”, por la que se pagó una comisión de 7 millones de pesos, el monto que ordenó embargarle a Gils Carbó. Esa comisión no fue abonada por la Procuración General, sino por la empresa dueña del inmueble, pero el juez conjetura que hay un perjuicio a las arcas del Estado y le imputa el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. También fueron procesados Guillermo Bellingi –el funcionario que se encargaba de las contrataciones– y su medio hermano, Juan Carlos Thill –que actuó como intermediario y se llevó parte del pago–. El procesamiento de la jefa de los fiscales era esperado por el Gobierno que, aún antes de que asumiera Mauricio Macri, anunció su decisión de echarla o forzar su salida, pero hasta ahora no logró hacerlo por ninguna vía. Por lo pronto, utilizarán este escenario judicial para sumar presión sobre la funcionaria y que, por ejemplo, se tome licencia. La tildan de “kirchnerista” pero la cuestión de fondo es que encabeza un órgano clave para las investigaciones judiciales que la Casa Rosada quiere controlar.

El estudio jurídico de León Arslanian, actual defensor de Gils Carbó, difundió un comunicado que señala que se la acusa de “un delito imaginario”. “No nos sorprende”, dice el texto, porque “algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando”. “Nos produce estupor”, agrega, porque se le atribuye “una defraudación” cuando “no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública al autorizar, la funcionaria, la compra de un inmueble para sede de su desempeño en condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales más favorables que cualquier otro, y por debajo de la tasación oficial”. Recuerda además que el Estado no puso ni un peso para el pago de la comisión.

Cuando fue indagada, Gils Carbó le dijo al juez Ercolini que existió un “negocio oculto” entre particulares, pero que no hubo ningún perjuicio al erario público y que ella no se benefició en nada. Le aclaró que, apenas se enteró de la denuncia y cotejó que Bellingi podía estar implicado en alguna maniobra, lo suspendió en sus funciones. Tras la indagatoria, el juzgado mandó a decirles a los funcionarios del Poder Ejecutivo: “Fue una mala declaración”. La frase preanunciaba el procesamiento que el Gobierno esperaba como posible condimento para cosechar los votos necesarios en el Congreso para iniciar juicio político a la Procuradora, algo que de todos modos aún parece poco factible. Desde el Ministerio de Justicia, Garavano ya dijo la semana pasada que la exhortaba a renunciar o pedir licencia por estar “sospechada de corrupción”.

El problema es que la causa contra la jefa de la Procuración sigue la misma lógica de muchos expedientes estruendosos en Comodoro Py: aluden a supuestos delitos que en la enumeración de las pruebas no se ven configurados o son asuntos que responden a decisiones políticas (como la causa del dólar futuro o la de traición a la patria por la firma del Memorándum con Irán). En este caso, Ercolini dice que participó de toda una compleja maniobra para comprarle a la empresa Arfinsa el edificio antiguo ubicado en el microcentro, donde ahora hay varias dependencias de la Procuración. Sostiene que se armó una licitación a medida para que fuera ese inmueble y no otro. Que incluso se dejó sin efecto otra licitación que tenía previsto un presupuesto de 30 millones de pesos y se armó otra para comprar el edificio en cuestión por 43 millones. Lo que declaró la Procuradora fue que los procesos previos fracasaron, no conseguían un lugar adecuado y era imposible concretar una operación antes de fines 2012, año en que ella asumió. Si no lograban la compra en ese momento, debían devolver el dinero e iniciar un proceso nuevo.

El juez traza una secuencia cronológica para concluir que todo fue armado y pensado para que “cuantiosos montos” que “provenían de fondos asignados por el organismo” llegaran a manos de la inmobiliaria Jaureguiberry y Thill, que concretaron la venta. Señaló que Gils Carbó había intercambiado mensajes de texto aún antes de asumir con un celular de la empresa Arfinsa, dueña del inmueble; que en septiembre nombró a Bellingi –medio hermano de Thill– como subdirector general con funciones de coordinador “bajo su dependencia directa”; que Bárbara Jaureguiberry e Ignacio Costa inscribieron la sociedad con la que actuaron en la misma época; la licitación finalmente se decidió en febrero de 2013 y se convocó en marzo; Jaureguiberry hizo un contrato de asesoramiento con Thill a cambio de la mitad de la comisión; la licitación fue aprobada el 20 de mayo por la Procuradora. Se pagaron 42,9 millones con un cheque cruzado a favor de Arfinsa. La cuenta de Jaureguiberry en el Citibank recibió 7,1 millones y de ahí salieron 3 millones a una cuenta de Thill en el Banco Francés.

Gils Carbó argumentó que: se pagó el precio por metro cuadrado más bajo; intervinieron en la evaluación diez áreas técnicas de la Procuración; las irregularidades penales –que reconoce– se ciñen a Bellingi y Thill; que Thill fue el único que cobró una comisión mientras que Bellingi defraudó la confianza del organismo pese a que había llegado con múltiples pergaminos como experto en contratos.

Sus abogados también señalaron ayer que es llamativa la fecha del procesamiento, previa al “lunes 23 de octubre”. Por un lado, por las elecciones legislativas y, por otro, porque para ese entonces recién se hará una audiencia en la Cámara Federal a pedido de otros imputados por el modo en que se inició la causa: con una denuncia anónima que llegó a la fiscalía de Carlos Rívolo, quien pidió una serie de medidas previas a decidir si haría una denuncia y, pese a que no estaban concluidas, el fiscal que lo subrogó en su licencia, Guillermo Marijuán, impulsó una causa, que les tocó a Eduardo Taiano y Ercolini. El objeto inicial de la pesquisa era un supuesto negocio del ex marido de la Procuradora con el inmueble, que quedó descartado, y mutó a mitad de camino. Los procesados finalmente fueron, además de Gils Carbó, Bellingi y Thill, Adrián Marcelo González Fischer (ejecutivo de Arfinsa) y Bárbara Jaureguiberry. El juez les adjudica un comportamiento doloso. Les mandó a embargar 5 millones a cada uno, excepto a Gils Carbó, para quien el monto fue de 7 millones.

El Gobierno viene intentando muchos caminos para desplazar a la Procuradora y poner a alguien de su agrado que le permita controlar un área tan sensible para todas las investigaciones, especialmente penales. El procesamiento aporta a los factores que podrían justificar la remoción, en los cálculos del oficialismo, o la excusa para aumentar la presión. Por ejemplo, un argumento que esgrimen en la cartera de Garavano es que si al fiscal José María Campagnoli cuando era juzgado le dijeron que debía tomarse licencia, ¿por qué Gils Carbó no debería hacer lo mismo? Es uno de los tanteos para forzar la renuncia. También le mandan a decir que como ya cumplió cinco años en el cargo se podría jubilar como procuradora. El año pasado fracasó un intento en el Congreso por aprobar una ley que pusiera límite temporal al mandato de quien encabeza la Procuración junto con un mecanismo de designación de fiscales con intervención de una comisión bicameral. La oposición de Elisa Carrió tiró el borrador por la borda, pero luego se aprobó un dictamen consensuado que está en gateras. También hay un proyecto presentado por fiscales encabezados por Raúl Pleé. Pero quizá la estrategia más asombrosa fue la presentación de la ONG Será Justicia (integrada por agentes del Gobierno) y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo pidiendo la inconstitucionalidad del mecanismo de juicio político para remover al procurador, que le reconoce carácter vitalicio, y habilitar otra salida, como la expulsión por decreto o algún otro procedimiento con intervención del Senado, similar al que se usa para el Banco Central. Semejante nivel de creatividad sólo muestra hasta dónde llega la pretensión del Gobierno de colonizar las estructuras judiciales.