Un tribunal de Bolivia sentenció a ocho años de prisión a un exministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez por los daños económicos causados por la paralización de operaciones de una planta estatal de urea y amoníaco en 2020.
El Juzgado de Sentencia Penal número 2 de la localidad de Ivirgarzama, en la región central de Cochabamba, donde se encuentra la planta, dispuso que el exministro interino de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora cumpla su sentencia en la cárcel de Chonchocoro, en el Altiplano de La Paz, señala un comunicado de prensa de la Fiscalía.
Zamora y otros cinco exfuncionarios fueron procesados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, dentro del caso de paralización de la Planta de Urea y Amoniaco situada en la localidad de Bulo Bulo, en la zona central del Trópico de Cochabamba.
También fue condenado a 8 años de prisión en Chonchocoro el expresidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Herland Soliz, mientras que otros dos entonces altos mandos de la petrolera boliviana y el exdirector de la planta recibieron la misma condena, pero deberán cumplirla en la cárcel de El Abra en Cochabamba.
Un cuarto exfuncionario fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de cárcel, también en El Abra, detalló el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Cochabamba, Aldrin Barrientos.
Zamora, que fue juzgado en ausencia pues se desconoce dónde se encuentra desde fines de 2020, también está procesado en otros casos contra el Gobierno interino de Áñez.
La planta paralizada
Bolivia puso en marcha en 2017 la planta petroquímica en cuestión en la zona central del Trópico de Cochabamba con una capacidad diaria de producción de 2.100 toneladas de urea y 1.200 de amoniaco.
La urea es un fertilizante elaborado a partir del gas natural que permite el crecimiento de cultivos agrícolas como el arroz, maíz, trigo, caña de azúcar, patata, además de frutas y hortalizas.
La planta estuvo parada durante 22 meses por la crisis social y política de 2019 y la pandemia en 2020 y sus operaciones se reanudaron en septiembre de 2021, durante la Administración de Luis Arce.
En su momento, el Gobierno interino de Áñez denunció que grupos "armados" causaron daños y afectaciones en dependencias públicas como esa factoría y un gasoducto, entre otras, durante los conflictos de 2019.
Uno de los fiscales del caso, Emeterio Ortega, precisó que la paralización de la planta fue producto de una "determinación arbitraria, sin la debida justificación técnica y legal" que ocasionó "la falta de producción, comercialización y abastecimiento del producto" y también "el deterioro de los equipos" y un incumplimiento de contratos.
Según Ortega, esto ocasionó un "daño económico millonario para el Estado" que asciende a 272,64 millones de bolivianos (unos 39 millones de dólares).
