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Dos días después de que Javier Milei y Victoria Villarruel ganaran las elecciones presidenciales, el Comité de Ayuda y Solidaridad con los Prisioneros Políticos en la Argentina (CASPPA) se preguntó en sus redes sociales hasta cuándo seguirán los “juicios de la venganza”. CASPPA es un sello que formó Mario Sandoval, el represor de la Policía Federal Argentina (PFA) que actuaba dentro del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), para resistir su extradición desde París. El tuit del CASPPA –que sigue presidiendo Sandoval pese a estar encarcelado en la Unidad 34 de Campo de Mayo– es una manifestación de las expectativas que tienen los criminales de lesa humanidad a partir de la llegada al gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
Sandoval se mantiene activo desde la prisión. Su principal preocupación pasa por denostar los juicios por crímenes de lesa humanidad, que ya tienen 1200 condenados. Entre ellos, se cuenta el propio Sandoval, que fue sentenciado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 a quince años de prisión por el secuestro del estudiante Hernán Abriata.
El 21 de noviembre, desde la cuenta de X (exTwitter) del CASPPA, se publicó una línea de tiempo que figura en la web de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y que da cuenta de la búsqueda de justicia que se inició tras el retorno de la democracia. Con la imagen de la línea de tiempo, el CASPPA incluyó una leyenda: “Mientras tanto, siguen los juicios de la venganza… ¿hasta cuándo?”.
Los represores y sus defensores no esconden sus expectativas con la llegada al gobierno de Milei y particularmente de Villarruel --que lleva más de dos décadas militando en organizaciones pro-militares. El primero en vaticinar que vendrían tiempos de cambios fue Jorge Eduardo Acosta, el jefe de inteligencia del grupo de tareas de la ESMA. Una de las cuentas más activas a la hora de celebrar el triunfo fue la de Justicia y Concordia, la asociación que integran abogados de procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad. Su dirigente, Alberto Solanet, había sido uno de los invitados al acto que Villarruel organizó en la Legislatura porteña a principios de septiembre.
El CASPPA, de Sandoval, se había envalentonado después del evento de Villarruel y había pedido que se enjuiciara a los sobrevivientes de los años ‘70, así como a los periodistas o militantes que niegan a las “víctimas del terrorismo”. Antes, Sandoval había escrito una carta abierta a los intelectuales que se negaron a votar por Milei.
Su alineamiento con “las fuerzas del cielo” de LLA era evidente, pese a que no fue uno de los represores que pidió votar en el balotaje. Es que Sandoval –que fue agente del Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) durante la dictadura– se escapó del país poco después de la asunción de Raúl Alfonsín y, en 1997, recibió la ciudadanía francesa. Desde entonces, se dedicó a la academia: fue profesor en La Sorbona y llegó a ser asesor del presidente Nicolás Sarkozy en inteligencia económica, como reveló en 2008 Nora Veiras en este diario.
Sandoval está resuelto, desde hace tiempo, a torpedear los procesos de lesa humanidad. Antes de las primarias, publicó una carta abierta a los precandidatos en la que les preguntaba qué harían para ponerle fin a los “juicios revolucionarios”.
En esa misma línea, se pronunció en 2019. Entonces le escribió a Mauricio Macri que “los presos políticos y sus familias no regalan los votos”. Según estimaciones de Sandoval, la familia militar representa un millón de sufragios. Para que esas adhesiones fueran al líder del PRO, Sandoval exigía una serie de condiciones: que se pusiera fin a la política estatal de derechos humanos, que los juicios fueran declarados ilegales, que se indemnizara a las “víctimas del terrorismo”, que se dijera que no había 30.000 desaparecidos y que no se había implementado el terrorismo de Estado o perpetrado un genocidio.
El futuro de la Secretaría de Derechos Humanos
Sandoval puede sentirse realizado: varios de esos pronunciamientos ya los hicieron tanto Milei como Villarruel. La vicepresidenta electa dijo que en los juicios se violaron garantías constitucionales y suele repetir como latiguillo que no fueron 30.000 los desaparecidos. No reconoce tampoco que haya existido terrorismo de Estado y mucho menos, un genocidio. Durante el primer debate presidencial, Milei dijo que en Argentina se libró una guerra y que hubo excesos, repitiendo el guión que inventó Jorge Rafael Videla para responder a la presión internacional por los miles de detenidos-desaparecidos.
Si bien Milei ya anticipó que Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia, no hubo pronunciamientos on-the-record sobre el futuro de la Secretaría de Derechos Humanos –que depende de esa cartera y es la encargada de la política frente a los juicios de lesa humanidad. El diario La Nación publicó que LLA pensaba en desmantelar esa dependencia, que también es responsable de los sitios de memoria como el que funciona en el que fue el campo de concentración de la ESMA y al que Villarruel pretende darle un destino para que puedan "disfrutar" todos los argentinos. Durante la campaña, la vicepresidenta electa atacó en reiteradas oportunidades al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
Cúneo Libarona ya empezó a moverse: este jueves visitó a los jueces de la Corte Suprema y recorrió los tribunales de Comodoro Py. Todavía no se reunió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. Hubo comunicaciones informales. El encuentro posiblemente quede para la semana próxima, comentan.
