Santa Fe es desde ayer la primera provincia en contar con una ley de reparación histórica post dictadura para la población travesti y trans que sobrevivió a la persecución policial sistemática y la violación de derechos humanos ya en democracia, por la vigencia de un código de faltas que recién se derogó en 2010.

El Senado provincial aprobó el proyecto elaborado por una mesa de trabajo integrada, entre otros actores, por la comunidad que sufrió aquella hostilidad estatal, y presentado en abril de 2022 por la diputada Matilde Bruera. La Cámara Baja le dio media sanción en junio de este año, y ayer quedó sancionada por unanimidad de senadores. 

Establece el pago de "una pensión mensual no contributiva, de carácter vitalicio, equivalente al doble del haber mínimo de la pensión vigente en Santa Fe, para toda personas travesti-trans que acredite que entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio de 2010 haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de identidad de género", precisa la norma.

La ley se propone resarcir a una población que padeció el acoso estatal de manos de la policía, pero ya en estado de democracia. Según el último censo, se estima que en Santa Fe sobreviven unas 140 personas de esa época. Para que accedan al beneficio deben acreditar que habitaban en la provincia cuando fueron privadas de libertad.

"El derecho para obtener el beneficio es imprescriptible, y se otorgará desde la fecha de su solicitud. En caso de existir dudas sobre la acreditación de las condiciones y/o requisitos establecidos para su otorgamiento, deberá estarse a la interpretación más favorable a la solicitante, previa vista al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en forma sumarísima, la que tendrá carácter vinculante", postula la legislación sancionada.

La pensión se tramitará ante la Caja de Pensiones Sociales, previa solicitud al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad provincial, que en la gestión de Maximiliano Pullaro será reducido al rango de Secretaría.

La norma especifica la documentación necesaria para acreditar haber padecido la persecución policial, detenciones, torturas, secuelas de salud, etc. Y cuando la beneficiaria muera, la pensión será extensiva a cónyuge o conviviente, hijos menores de edad o discapacitados sin límite etáreo, o los progenitores. 

El beneficio incluye, además, la cobertura médica con la obra social provincial Iapos para la persona a reparar y su grupo familiar, que será deducida del haber otorgado. Y la beneficiaria tendrá derecho a esa compensación más allá de que cuente con otro ingreso o no.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que cuando el Estado viola sistemáticamente los derechos humanos debe reparar, como sucedió con las víctimas de la dictadura. Esta ley no hace ni más ni menos que cumplir con ese mandato internacional, y sienta las bases para que otras provincias sigan este camino. Santa Fe es la primera", valoró el abogado Matías Gómez, quien participó de la mesa de trabajo en la que desde febrero del año pasado afloraron numerosas historias, testimonios y memorias de abusos y violencia institucional contra travestis y transexuales, por parte de la policía y una Justicia que aplicaba el código de faltas. Arrestos recurrentes, castigos físicos fundamentados por el hecho de travestirse. "Ofensa al pudor", era el rótulo esgrimido para justificar la represión policial.

"Fue la persecución sistemática de compañeras travas y trans que padecieron el código de faltas que existía en la provincia en los '80 y '90. Llevamos 40 años de democracia, pero para la comunidad travesti y trans no fue así. Te condenaban con 3 artículos por estar vestida de mujer, en cualquier momento del día y lugar te podían llevar apresada en plena democracia", relató Karla Ojeda, referente de la comunidad travesti en Rosario, y una de las impulsoras de la ley.

"Nosotras, hasta 2010, no vivimos en democracia. Recién entonces se derogaron esos artículos. Y en 2012 la Ley de Identidad de Género nos reconoció como sujetas de derecho. Nos sumamos a la lucha y tomamos la identidad travesti trans como una identidad netamente política", definió.

Esta población sí mereció una reparación, pero para quienes padecieron esta violencia estatal durante la dictadura. Faltaba compensar a quienes la sufrieron aún ya en estado de derecho. "Muchas compañeras –añadió Ojeda– quedaron sin acceder al beneficio de la reparación. Falta justicia, y la habrá cuando las travestis y trans gocemos de plenos derechos como cualquier ciudadano. Una reparación histórica que el Estado le adeuda a esta comunidad".