La pesca ilegal en aguas argentinas y en el mundo entero no sólo conllevan pérdidas millonarias de recaudación para los Estados, y pérdidas de riqueza ictícola, sino regímenes de empleo que incluye violencia física y otras prácticas abusivas, recientemente denunciadas por ONGs de reputación. La actividad en la milla 201 de Argentina se lleva de manera ilícita un monto similar al total de exportaciones declaradas: 2.700 millones de dólares. El control y vigilancia es exiguo ante una masiva presencia de buques extranjeros.

La pesca ilegal se concentra en los territorios conocidos como milla 201, la primera más allá de la milla 200 hasta la cual los países detentan la soberanía sobre los recursos naturales. Argentina tiene una de las zonas marinas más ricas en especie y biodiversidad y por ende una actividad pesquera intensa, pero el gobierno no puede apresar buques fuera de su zona exclusiva porque entraría en conflictos severos con la ley internacional o con los países de procedencia de los buques pesqueros.

“Se estima que en torno a la milla 201 operan no menos de 500 barcos al año, según datos de la Armada Argentina, pero apenas una embarcación cada año y medio es sancionada por pesca ilegal”, advierte Nicolás Gutman, investigador de Fundación Ses, una de las ONGs responsable de los trabajos de investigación más importantes sobre pesca ilegal.

“La pesca ilegal utiliza una modalidad llamada ‘transbordo’ en la que los buques que pescan de manera ilícita apagan sus sistemas de seguimiento satelital por períodos prolongados y cruzan la milla 200 para luego transferir sus capturas a los buques ‘nodriza’, que a su vez los reponen de combustible y alimentos para que puedan permanecer en alta mar durante un período largo (y con condiciones de trabajo esclavas) mientras el nodriza vuelve a territorio para descargar en los puertos”, detallan en uno de los informes a los que tuvo acceso Página 12.

Aquí y en el mundo las operaciones de control y disuasión de la pesca ilegítima suelen acarrear situaciones muy violentas y además los esfuerzos de aplicación de la ley suelen centrarse en el propio buque, su capitán y tripulación, sin afectar a las grandes compañías pesqueras. Apenas 10 controlan el grueso de la pesca. 

“Algunos estudios sugieren que las sanciones deberían ser multiplicadas por 24 para tener un efecto disuasorio real sobre las actividades pesqueras ilegales”, continúa el informe también firmado por la Financial Transparency Coalition (FTC) y la Global Financial Integrity (GFI). Los beneficiarios finales de las pesqueras mantienen el anonimato, y además operan con empresas fantasma, práctica que también develó este diario siguiendo la investigación de las operaciones ilegales del financista Ivo Rojnica.

Otros datos valiosos que aportan las ONGs: “el calamar es el principal objetivo de la pesca ilegal en Argentina y se estima que dicho comercio involucra entre 1.000 y 2.600 millones de dólares al año”. Esa cifra equipara a los 2.700 millones de dólares por año que genera aproximadamente la exportación legal del país, principalmente de langostinos. 

“En 2020 el Congreso nacional aprobó un nuevo sistema de multas que varía según la gravedad del delito” y que fue muy exitoso al capturar tres barcos en el año que entró en vigencia, pero desde esa fecha a la actualidad no hubo más captura de buques, tal como reseñó también este diario en una entrevista a Carlos Liberman, subsecretario de Pesca de la Nación.

Sobre la situación nacional, Gutman sostiene que “los recursos con los que cuenta la Armada Argentina y la Prefectura son escasos, lo que hace que las tareas de patrullaje sean difíciles: sin submarinos y con un solo avión de patrulla marítima en estado operativo, las tareas de vigilancia ante más de 500 ataques ilegales se vuelve imposible y cualquier captura que puedan hacer es irrelevante en el presente escenario.”

Pesca ilegal y trabajo forzoso

Las ONGs mencionadas crearon una base de datos de casi 500 buques pesqueros acusados de trabajo forzoso entre enero de 2010 y mayo de 2023, una de las más grandes del mundo. La compararon con otra de más de 1.000 buques pesqueros acusados de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (cuatro veces mayor a la declarada oficialmente). Con esa información pudieron detectar que la pesca ilegal representa el 20 por ciento de la captura mundial de peces, “genera pérdidas económicas estimadas en 50.000 millones de dólares al año y esto la convierte en el tercer negocio natural más lucrativo después de la madera y la minería”.

La pesca ilegal es impulsada por flotas extranjeras –provenientes de China, Taiwán, Japón, España y Corea del Sur principalmente- que amplían sus operaciones cada vez más lejos ante la disminución de las capturas nacionales. “Los subsidios que los propios gobiernos otorgan a esos buques y el secreto financiero que rodea a sus propietarios son factores clave para entender a esta poderosa actividad”, señalaron en los informes. El último correspondiente al trabajo forzoso señala que esto se ha convertido en una crisis humanitaria.

“Solo en 2021, 128.000 pescadores sufrieron trabajos forzosos a bordo de buques pesqueros, a menudo mientras faenaban en alta mar donde los trabajadores están aislados, las condiciones son peligrosas y hay poca supervisión regulatoria (…) aunque esta cifra probablemente subestima significativamente el alcance total del problema”, observan. Todo trabajo exigido a cuenta de una amenaza y en contra de la voluntad individual es considerado forzoso por la OIT. 

“Se estima que entre 57.000 y 100.000 personas trabajan buques en alta mar en estas condiciones de servidumbre”, agregan. El 54 por ciento de los buques comerciales acusados son de procedencia asiática, el 15 por ciento lleva banderas europeas (encabezados por Irlanda, Rusia y España) y un porcentaje similar es de América Latina y el Caribe (Panamá y Belice principalmente), mientras el 10 por ciento porta banderas de África, puede leerse en el informe.