El Senado de Salta aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley que modifica el artículo 9° de la Ley 7658, del Programa de Regularizacion Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales. De esta manera se prorroga por un año más la suspensión de desalojos. 

El artículo 9 quedó redactado ahora de esta forma: “Suspéndase hasta el 31 de diciembre de 2024, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial”

Al momento de presentar la iniciativa, su autor, el senador Miguel Calabró (La Caldera, Evita Conducción), recordó que es “una prórroga más” de una ley “que se viene trabajando en la Legislatura hace más de diez años”. Es la intervención de la Legislatura salteña “para frenar los desalojos compulsivos, legales, de pequeños productores”. Aunque la conflictividad por la tierra se encuentra en todo el territorio provincial, la gran mayoría están concentrados en los departamentos Rivadavia y San Martín.

Calabró repasó que esa conflictividad emergió cuando el boom de la soja, el trigo, el maíz y demás cultivos extensivos, y demás emprendimientos productivos en gran escala, valorizó estas tierras. Señaló también que hay conflictos que comprenden a tierras fiscales, otros en tierras en manos de particulares que tienen títulos de propiedad perfectos y otros en tierras en manos de campesinos y campesinas que tienen la posesión por muchos años, de varias generaciones, pero no cuentan con títulos de propiedad.

"A valorizarse estas tierras", "empresas como la de Gianfranco Macri, la de Molinos Cañuelas, por nombrar algunos, pero hay muchos otros, compraban" propiedades a veces sin visitarlas siquiera, pero sabiendo que podía haber ocupantes, y luego, cuando pretendieron avanzaron con sus proyectos productivos, y desolojar a las familias poseedoras, se suscitaron los conflictos.

Con el agravante de que “Algunos jueces, fundamentalmente del distrito Tartagal", comenzaron a fallar sistemáticamente a favor de los grandes titulares registrales. Por eso urgió la aprobación de esta ley. Calabró afirmó que si no fuera por esta ley "más de 12 mil familias campesinas ya estarían desalojadas". 

El año pasado, al prorrogarla por un año, la Legislatura le agregó la creación de una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que se encarga de la regularización dominial en la provincia, un proceso que viene llevándose a cabo de manera lenta, en gran parte, debido a la complejidad de estos procesos, pero también por la falta de recursos para llevar a cabo una política más activa de solución del conflicto. 

El senador caldereño explicó que la prórroga se acordó solo por un año más porque "la prórroga en sí misma no resuelve el conflicto dominial”. Pero tampoco lo resuelven los fallos judiciales, y por eso es necesario poner el foco en el trabajo de la UEP, afirmó. 

"Si no existiera esta ley habría una gran conflictividad", añadió. Para dar una idea, contó que ahora mismo 67 mil hectáreas se están negociando con unas 80 familias que habitan los lotes 16, 21 y 20 del extenso departamento Rivadavia. Añadió que la Unidad Unidad Ejecutora ya llevó a cabo 16 mesas en las que se sientan a negociar titulares registrales con poseedores. Y hay un caso en que un titular registral negocia con una comunidad originaria.

“(Las y los técnicos de la UEP) Van avanzando, pero necesitan más tiempo, por eso el pedido de esta prórroga”, agregó. Pero también necesitan mayor presupuesto, porque deben hacerse mensuras y planos, se necesitan vehículos para recorrer el territorio. “Este es un proceso que necesita inversión”, insistió Calabró. Esa más, considera que la UEP debería tener una oficina descentralizada, ubicada tentativamente en Embarcación, un lugar a donde poseedores y titulares puedan ir y haya un trato más cercano, que se pueda generar la confianza necesaria para avanzar en este proceso, porque, por distintas razones, “hay una gran desconfianza de los productores".

El senador Walter Wayar (Cachi, FdT), que preside la Comisión de Seguimiento del trabajo de la UEP, recordó a su turno que esta ley abarca a la totalidad de la provincia, entonces comprende distintas problemáticas y distintas formas de encararlas. Explicó que es muy difícil llegar a acuerdos entre privados, y hasta es difícil avanzar en la entrega de tierras estatales. “El resultado es escaso. Necesitaríamos otros 40, 50 años de democracia, para poder resolver el problema, al paso que vamos. Porque es una cuestión de recursos”, aseguró. 

Por eso instó: “El Ejecutivo debe pensar en el presupuesto", que debe contemplar un monto que "sirva para empezar a resolver estos problemas. Lo que se necesite, en lo humano, lo tecnológico y en lo financiero". El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para que lo revise. 

Despedidas

Tocando el fin del año, en la sesión de ayer hubo largos discursos de despedida de los senadores Fernando Sanz (del que se dijo que ocuparía un cargo en el gobierno nacional de la ultraderecha), Carlos Ampuero, Alfredo Sanguino y Marcelo García, que terminaron sus mandatos. 

Hoy asumirán las senadoras y los senadores electos el 14 de mayo, a excepción del senador Carlos López, quien asumirá con retraso porque ejerce el cargo de intendente del municipio El Jardín hasta el 10 de diciembre.