El anuncio de obra pública cero que realizó Javier Milei cayó como una bomba en todas las provincias, y Salta no fue la excepción. Consultado por Salta/12, el ministro de Infraestructura de la provincia, Sergio Camacho, advirtió que si se cumple con la paralización total de la obra pública que se ejecuta con fondos nacionales se perderán más de 15.000 empleos directos, además de un importante número de trabajadores que se benefician indirectamente de esa actividad.

“No era campaña del miedo, decíamos la verdad”, expresó el funcionario provincial, que se mostró muy preocupado por el devenir de la provincia y el país. A la vez se preguntó: “¿(aun) vivimos en un Estado de derecho o no?”, haciendo referencia a que el gobierno nacional ya firmó “cientos de convenios que tiene que cumplir”, caso contrario “recibirá una catarata de juicios”.

“La continuidad institucional de este país no depende de quien sea presidente el 9 de diciembre o el 10, y hay una cantidad de obra pública que se está ejecutando con fondos nacionales con convenios y procesos absolutamente claros, así como el llamado a licitación y las ejecuciones de obra, que no se pueden desconocer, porque el Estado es el mismo”, volvió a explicar Camacho. Sí reconoció que sería una muy buena medida auditar cada obra en curso para determinar si se cumple con la Ley de Obras Públicas.

“Yo escucho que la gran preocupación es pagar a los inversores de las Leliqs, las deudas, pero si vamos a cumplir, cumplamos con todos los contratos”, aseveró.

En cuanto al modelo de obra pública a la chilena que quiere imponer el líder de La Libertad Avanza, el ministro explicó que el sistema tiene que ver con un mecanismo por el cual el Estado le entrega al privado la responsabilidad de generar una inversión y a cambio de las obras el privado recibe el derecho de explotar la inversión, haciéndose cargo, por ejemplo, del cobro de los peajes en la concreción de una ruta o autopista.

“Puede servir para algunas obras, pero no ser la única alternativa ¿quién se hará cargo de las que no dejen rédito como, por ejemplo, la escuelita de Cerro Negro, en La Poma, que tiene una sola aula para todos los alumnos? O el Hospital de El Potrero, que se está ejecutando”, “¿a quién le va a cobrar la construcción de nuevas aulas el empresario? ¿al municipio? ¿a los maestros? ¿a los padres? ¿A quién el hospital? ¿al paciente de la zona?”, cuestionó.

Asimismo, aseguró que en cuanto a la construcción de viviendas ese modelo “tampoco podrá reemplazar a lo que realiza el IPV”, ya que no será rentable para una empresa “construir viviendas para gente con menos recursos y que tienen más dificultades para acceder a algún tipo de crédito”.

Por lo que concluyó que más allá de un análisis ideológico, la mirada del próximo presidente “responde a una vieja estructura de este país centralista y portuario, porque es una acción que podría responder bien para Buenos Aires y alrededores, pero no para zonas históricamente abandonadas como las del interior del país”.

“Si solo se aplica ese modelo, va a profundizar mucho más las asimetrías que existen entre el Norte profundo y el puerto, a pesar de que siempre extrajeron y explotaron nuestras riquezas y nunca volvieron de la misma manera”, concluyó.

El origen de los fondos

El ministro de Infraestructura explicó que hay tres tipos de financiamiento, el binacional, como se realizó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona Sur de la ciudad de Salta o la ampliación del Hospital San Bernardo, en donde el crédito lo pide la Nación para la provincia, pero lo devuelve el Estado nacional. El segundo origen de financiamiento se da a través de obras que están incluidas en el presupuesto nacional “o que a través de gestiones como las que realizó Gustavo Sáenz, se consiguen”, como las obras de la Terminal de Güemes, el alteo del Dique Limón, la ruta nacional 9/34 entre Metán y Rosario de la Frontera, la Ciudad Judicial de Orán, el nuevo puente de Vaqueros o los tramos de la ruta nacional 40.

Además de esas obras, que en principio quedarían inconclusas, Camacho detalló que hay más de 3.700 viviendas en ejecución “que se deberían terminar en septiembre del año que viene con fondos nacionales, mientras que la provincia pone los terrenos y la infraestructura”, así como los hospitales de El Potrero, Rosario de La Frontera, y la tercera etapa del de Metán.

A lo que sumó el gasoducto Calchaquí, que recorre 207 kilómetros “y le cambia la vida a siete municipios, de los que seis son salteños y uno tucumano, y genera una nueva matriz energética para el turismo y otros actividades como la vitivinicultura, la producción tabacalera y la ganadera”.

Por último, la tercera fuente de financiamiento que tiene la provincia es la que llega a través del presupuesto provincial, “que tienen una menor envergadura, como cloacas, pavimentación, electrificación, alumbrado público y agua”. “Pero todo esto lo vamos a poder mantener”, añadió inmediatamente, “siempre y cuando no bajen los impuestos que sean coparticipables y otros conceptos que llegan de la coparticipación, como anticipó también que hará el presidente electo”. Los ingresos de coparticipación representan el 80% del presupuesto provincial salteño.

En enero de este año, la provincia había destinado en su presupuesto algo más de $25.000 millones a obra pública, mientras que el Estado nacional, a través de sus distintos mecanismos de financiamiento, le sumó $114.000 millones.

Por último, Sergio Camacho sentenció que el nivel de incertidumbre es altísimo “porque ni siquiera se puede definir el presupuesto provincial antes de saber cuál será el nacional, y no sabemos si el futuro presidente presentará otro, cómo será, si trabajará con el del año anterior o el que presenta este gobierno saliente, y así es muy difícil de proyectar, sin un presupuesto nacional en donde se pueda ver si habrá o no fondos proyectados para Salta”.