Laura Villalba trabajaba como enfermera en Puerto Rico, Misiones, donde criaba a sus 5 hijos e hijas, y fue a Paraguay a acompañar a las niñas de la familia que querían conocer y vincularse con sus padres, integrantes de la guerrilla del EPP. Para ese encuentro, el EPP montó una carpa en la que pudieran compartir unos días. Luego de conocer a sus padres, las niñas regresarían a su casa en Argentina, para continuar los estudios. La pandemia y el consecuente cierre de fronteras lo impidió. Lejos estaba Laura de lo que se la acusa en esta farsa judicial, que es llevar a las niñas de 11 años a ser reclutadas por la guerrilla, e ir ella también a sumarse al EPP. Ella tenía que regresar rápidamente a Misiones, donde quedaron 4 de sus hijos e hijas, y donde ejercía su trabajo de enfermera.
Myrian Villalba, hermana de Laura, mamá de Lilian Mariana, la otra niña asesinada, vive en Argentina, donde pidió refugio político para ella y su familia. Myrian impulsa la Campaña “Eran Niñas”, para exigir justicia para María Carmen y Liliana Mariana, aparición con vida de Lichita, libertad para Laura, y libertad para Carmen Villalba, presa política comunista, que ya cumplió su condena, pero sigue presa y acaban de montarle un allanamiento en su celda para volver a criminalizarla. Nos dice: “El juicio contra Laura es totalmente arbitrario, ilegal. Estamos ante una causa armada, porque Laura, la única “culpa” que tiene, es ser mamá de María Carmen, niña de 11 años asesinada por un estado terrorista que sostiene la impunidad frente a este doble infanticidio. Laura está presa por maternar, por portar el apellido Villalba, por ser mamá de María Carmen. Ayer no tuvo otra opción que recusar al pleno del Tribunal de Sentencia por su manifiesta parcialidad a favor de la Fiscalía, dado que no realiza ningún tipo de investigación, y prácticamente van a un juicio con nulas pruebas. ¿Por qué razón? Porque saben que ya tienen un caso “ganado”, porque ya hay una condena cantada, y Laura no puede mantenerse ajena a esta situación”.
El Tribunal recusado por Laura está integrado por los jueces César Ibarra Barreto (presidente), Richard Luis Alarcon Arredondo y Darío Hernán Estigarribia Ramírez.
Fue evidente durante todo el curso del juicio la estrecha relación de este Tribunal con el Ministerio Público, y sus modos de intervención, no reaccionando cuando las fiscalas no se presentaron ni dieron aviso en una de las audiencias, por la agresividad con la que condujeron el “interrogatorio” contra el testigo de la Defensa, Gustavo Franquet, y cuando se trataba de los testigos de la Fiscalía, llegaron a sugerirles como “responder” mejor a las preguntas que se les hacían, de acuerdo con el discurso construido. Un acto perverso, admitido por el Tribunal, es que en el juicio fueron interrogados como testigos presentados por el Ministerio Público, 12 militares integrantes de las FTC (Fuerzas de Tarea Conjuntas), que integraron los dos equipos que participaron del allanamiento del campamento y del crimen de las niñas. Dijeron que al encontrar los cuerpos, no percibieron que eran niñas, ya que estaban boca abajo, razón por la cual los abogados de la defensa les preguntaron si sabían distinguir la diferencia entre un cuerpo adulto y el cuerpo de una niña.
El abogado defensor, Salvador Sánchez, nos informa: “Lo que en este desarrollo judicial pudimos constatar, es que testificaron los 12 personales de la Fuerza de Tarea Conjunta que estuvieron en el episodio el 2 de septiembre, en un operativo del Estado Paraguayo donde asesinaron a las niñas María Carmen y Lilianita. Eran personal de combate que admitieron sin pudor que dispararon sus armas reglamentarias con las que provocaron la muerte de las niñas. Con las declaraciones testificales pudimos precisar de dónde provenía la violencia que sufrieron estas niñas, al morir asesinadas por el organismo de seguridad del Estado de Paraguay. Pudimos corroborar que el Estado de Paraguay sabía de la existencia de niñas en el lugar, y de todos modos decidió hacer un operativo militar, pese a que normativas de vigencia internacional no permiten desarrollar ningún operativo militar en zona de conflicto donde se encuentran menores”.
Además de los testimonios de los militares, el Ministerio Público representado por las fiscalas Karina Sanchez y Claudia Morys, presentaron una carpeta de recortes de los diarios de ultraderecha, ABC, Ultima Hora y La Nación, con los que construyeron la versión de que las niñas eran parte del grupo guerrillero, que usaba a las niñas como escudos humanos para cuyo fin supuestamente las llevó Laura. Se afirmaba en ese discurso ridículo, que los guerrilleros/as del EPP, a los fines de nutrir sus filas, tienen hijos/as en el monte, que luego los llevan a Argentina para recibir adoctrinamiento, y regresar como guerrilleros/as, siendo todavía niñas/os. Es fundamental para llevar adelante ese rol de estigmatización y criminalización, el papel jugado por los medios hegemónicos de comunicación, que construyeron la historia más absurda, la difundieron ampliamente, y generaron una política de “cosa juzgada”. Es la enorme mentira del régimen infanticida y misógino que hace y deshace desde el control de esos medios, de los tribunales, de las fuerzas represivas y del poder político. La idea de la “nursery de guerrilleros” en Argentina, ya había sido presentada a través de los medios, y de las intervenciones políticas de la derecha paraguaya, lo que en su momento provocó una desmentida del gobierno argentino.
En la cuarta jornada del Juicio debía presentarse la prueba principal de la Defensa, pero la misma no fue incorporada a la causa. Señala el abogado defensor Salvador Sánchez: “El tribunal decidió prescindir de esa prueba, quisieron privar a Laura del legítimo derecho a la defensa en juicio, al no ordenar que se traiga esa prueba documental ya admitida en el estadio procesal oportuno y que hay una resolución firme del juzgado que lo admite. Esto derivó en que Laura Villalba haya perdido total confianza en el Tribunal, por lo que expresó que lo recusa. Nosotros pasamos a fundamentar, conforme al Código Procesal Penal, el motivo de esa recusación, que es por la parcialidad manifiesta del tribunal a favor del Ministerio Público. Ahora el tribunal de alzada, deberá resolver en un plazo no menor a los 10 días esta recusación, para que este juicio pueda reanudarse. Caso que le lleve más de 10 días, el juicio tendrá que volver a iniciar”.
Así se está escribiendo esta historia de la injusticia. Remarca Myrian Villalba el apoyo de la familia a esa decisión: “Apoyamos a Laura. Fue esta percepción, justamente, uno de los motivos por el cual yo no me presenté ante la “justicia” de Paraguay, porque sabía que no iba a ser un juicio objetivo, donde uno no tiene derecho a la defensa, porque si vamos a hablar de un juicio objetivo, los que tienen que estar sentado en el banquillo de los acusados son los asesinos y torturadores de nuestras niñas, no las mamás”.
Laura es rehén del estado infanticida. Sabemos que el objetivo de este juicio es silenciar a la principal testigo del crimen de las niñas. Por eso la tortura sistemática con la que buscan silenciarla y destrozarla sicológicamente. En diciembre cumplirá 3 años de prisión, sin ver a sus cuatro hijos e hijas que viven en Argentina. Es nuestra tarea denunciarlo y ampliar la lucha por su libertad.
