El próximo 31 de diciembre vence el plazo para renovar, modificar o anular la denominada Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), una normativa aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2008, que autoriza a realizar espionaje sobre todas las comunicaciones por mail, telefónicas y virtuales que son gestionadas por las grandes empresas residentes en Estados Unidos, como Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Tesla, entre otras. La creciente globalización de la comunicación permite a Washington el control de una gran cantidad de centros de poder militar, empresario y político, a nivel global. El programa autoriza a las agencias de seguridad estadounidense a interceptar, recopilar y almacenar –sin orden judicial alguna–, toda información, geolocalización e imagen almacenadas por empresas estadounidenses.

La Sección 702 se instituyó para luchar contra el terrorismo, pero bajo ese justificativo se interfirieron las comunicaciones de la empresa Petrobras –que se resistía a privatizar áreas hidrocarburíferas–, y las interacciones telefónicas de las jefas de gobierno Dilma Rousseff y Angela Merkel. Las extensión y las características de la FISA se hicieron públicas en el marco de la filtración realizada por el contratista Edward Snowden en 2013, cuando divulgó cientos de miles de informes almacenados, intervenidos y analizados por la Agencia de Seguridad Nacional.

El programa, originalmente, tenía como objetivo la interferencia del comunicaciones por fuera de los Estados Unidos, pero la globalización creciente hizo imposible trazar esa frontera: las organizaciones estadounidenses que proponen el cierre y/o la modificación de la FISA denuncian que existe un seguimiento sistemático de 250.000 mil personas a nivel global a quienes se les intercepta sus mensajes, se le lee sus WhatsApp, se interfiere sus correos electrónicos y se escucha sus llamadas por teléfonos celulares. Además se geolocaliza sus ubicaciones y se mapea sus consumos, sus compras, sus datos financieros, sus historiales de salud y sus búsquedas dentro de la web. Estos seguimientos se llevan a cabo con la cooperación obligada de las empresas de telecomunicaciones estadounidenses o de aquellas que cotizan en la bolsa de Wall Street.

Además de los seguimientos específicos, que se presumen dirigidos a dirigentes políticos, empresarios, militares o de inteligencia, las tareas avaladas por la FISA incluyen millones de comunicaciones recopiladas con la catalogación de “incidentales” en las que se investigan datos claves respecto a terceras personas. Esa particularidad habilita a recabar información sobre las opiniones y los posicionamientos ideológicos y políticos orientados a imponer modelos algorítmicos de control e influencia poblacional. La Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles (PCLOB), entidad federal estadounidense que avalúa las consecuencias de la Ley FISA, ha advertido que la misma debe ser modificada debido a las sistémicas “recopilaciones inadvertidas”, eufemismo con el que se esconde el relevamiento intrusivo que tiene como objetivo y como víctimas no solo al resto del mundo, sino también a los propios ciudadanos de Estados Unidos.

Una de las fundaciones que se constituyó en opositora a la reautorización de la Sección 702 es la Electronic Frontier Foundation (EFF), responsable de presentar ante el Capitolio un análisis pormenorizado de los efectos negativos pasados y presentes, y del peligro de su continuidad futura. Los posicionamientos divulgados por EFF consideran que se ha “creado una amplia excepción de seguridad nacional a la Constitución que permite que todos los estadounidenses sean espiados por su gobierno, negándoles al mismo tiempo cualquier medio viable para desafiar ese espionaje”. Las críticas al espionaje al interior de los Estados Unidos, sin embargo, no incluyen cuestionamientos alguno al rol de Washington como espía global ni al cotidiano quebrantamiento de las soberanías nacionales que incluye la intervención de las comunicaciones de todos los gobiernos extranjeros, bajo el pretexto de la (su) seguridad nacional.

Muy pocos países en el mundo cuentan con redes, cables, satélites y servidores independientes del tendido global montado ex profeso para controlar, intervenir y monitorear la información del resto de los países, sus fuerzas armadas, líderes políticos, empresas, centros financieros, y agencias de inteligencia. Cuando China y Rusia decidieron aplicar cortafuegos, tender cables de fibra óptica autónomos o impedir que sus comunicaciones residan en “nubes” (servidores) radicadas en Estados Unidos, las agencias gubernamentales de Washington y las cadenas noticiosas, ligadas a la OTAN, caracterizaron dichas medidas como evidencias de los posicionamientos dictatoriales de sus gobiernos. Al fin y al cabo, la soberanía, vista desde Washington, es una falta de respeto al orden global unilateral.