"La Oficina de Presidente Elector de la República Argentina informa que la Dra.Patricia Bullrich será la Ministra de Seguridad (sic)." Después de días de rumores, Milei confirmó que la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio volverá a ocupar el lugar que tuvo durante el gobierno de Mauricio Macri. Una gestión recordada con nombres propios –Luis Chocobar, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel– y con iniciativas que, tras su frustrada campaña presidencial, Bullrich prometió que volverían: protocolo antipiquetes, menguada protección de la ciudadanía frente a los "excesos" de las fuerzas de seguridad y "guerra contra el narcotráfico".
El arribo de Bullrich es parte de una interna en el PRO, entre la futura ministra y Macri –que tuvo tregua solo para darle el apoyo necesario a Milei para ganar el balotaje– a la que se sumó una nueva dentro del binomio presidencial electo. Sucede que el líder de La Libertad Avanza se había comprometido a darle a la negacionista Victoria Villaruel la lapicera para poner los nombres en Seguridad y Defensa. Pero la decisión fue otra.
Villaruel, al igual que el presidente electo, nunca ocultaron su militancia a favor de los genocidas condenados por crímenes en la dictadura ni sus nexos con la ultraderecha europea. En ese contexto, supieron apuntar sobre el pasado guerrillero de Bullrich pero con información tergiversada que les valió una amenaza de la actual ministra de llevar la acusación a la justicia.
A su vez, durante su primera gestión como ministra, la presidenta del PRO se reapropió de los reclamos por "verdad y justicia" para las fuerzas de seguridad frente a casos de violencia institucional como los de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado o la defendió de los "derechos humanos" de las fuerzas de los policías con en la instalación de su "doctrina Chocobar" desconociendo que ellos son una fuerza del Estado y no ciudadanos de a pie.
Rafael Nahuel, un crimen con cinco prefectos condenados
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó el miércoles al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión y 8 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por ser autor del homicidio agravado de Rafael Nahuel, el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi durante el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. El tribunal también condenó a los prefectos Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García y Carlos Valentín Sosa a cuatros años de prisión y 7 de inhabilitación por ser partícipes necesarios.
Rafael murió al recibir un tiro en la espalda durante una persecusión en la que los prefectos dispararon 150 balas de plomo. La represión ocurrió mientras la entonces ministra de Seguridad aseguraba estar combatiendo a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una organización de escaso poder de organización, un enemigo interno inventando para justificar la cacería.
Bullrich no dijo nada en sus redes sociales sobre la condena a los prefectos que defendió. Pero a tal punto los tuvo bajo su ala que el letrado que representó a tres de los cinco prefectos acusados fue Marcelo Rocchetti, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense cuando estaba a cargo de Cristian Ritondo.
El crimen de Rafael Nahuel ocurrió mientras en la Ciudad de Buenos Aires se conocía la información sobre la autopsia de Santiago Maldonado tras estar 78 días desaparecido. La aparición del cuerpo del joven hechó por tierra todas las falsas hipótesis que Bullrich había regado en defensa de la Gendarmería, como un supuesto escape a Chile o que pudo haber sido asesinado por un puestero montaña adentro. A pesar de eso, la entonces ministro insistió en las falsedades para defender a las fuerzas de seguridad.
Un día después del asesinato, el comunicado del Ministerio de Seguridad sostuvo que la Prefectura había sido emboscada "por un grupo que tenía armas blancas, boleadoras, lanzas" y "armas de grueso calibre". Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de General Roca dio por probado que existió delito.
De todos modos, la condena no fue a cadena perpetua –como solicitaron las querellas de la familia y la Secretaría de Derechos Humanos– sino que fue validado el pedido de la Fiscalía como "exceso de legítima defensa", con el argumento de que sí hubo un enfrentamiento.
Las declaraciones de los testigos durante el juicio oral evidenciaron que las teorías del supuesto enfrentamiento entre los Albatros de la Prefectura y la comunidad mapuche en territorio recuperado de Villa Mascardi eran falsas.
"Quedó claro con las testimoniales de los peritos que hicieron la inspección ocular y recogieron las vainas, que eran todas de 9 milímetros de la Prefectura, se confirmó que no hubo ni un solo rastro de arma de fuego por parte de la comunidad mapuche, ni impronta en los árboles ni vainas que no fueran las de Prefectura", explicó Mariano Przybylski, director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a PáginaI12.
"¿De qué enfrentamiento habla? A mi hijo le pegaron un tiro por la espalda. Manga de asesinos", había lamentado Alejandro Nahuel, padre de Rafael. La familia apelará el fallo de este miércoles. "Enfrentamiento" y "exceso" son dos palabras que quedan flotando para el futuro mandato de una ministra de Seguridad dentro de un gobierno negacionista de los crímenes de la última dictadura militar.
Gendarmería, Bullrich y Santiago Maldonado
Bullrich forjó su alianza con las fuerzas de seguridad con el caso de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Fue en defensa de la Gendarmería, que actuó ilegalmente en la represión en la ruta 40 a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen el 1 de agosto de 2017, cuando habló de "cuidar a los que nos cuidan".
En medio de la campaña rumbo a las PASO y a seis años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, sobreseyó a todos los gendarmes que eran investigados en la causa por participar del operativo represivo. "Hoy se acaba de confirmar el pacto de impunidad para Patricia Bullrich y la gendarmería nacional", sentenció Sergio Maldonado, hermano de Santiago, en las redes sociales tras conocer el fallo, y aseguró que Lleral "juega a la política partidaria de Juntos por el Cambio".
La decisión judicial benefició al gendarme Emmanuel Echazú, que estaba acusado por la desaparición forzada de Maldonado, y a los agentes Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, quienes eran señalados por haber cometido los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público. Echazú fue el gendarme que Bullrich ascendió a subalférez por su participación en la represión, cuando era el único imputado de la causa.
Lleral decidió sobreseer a los gendarmes sin realizar una reconstrucción virtual del escenario ocurrido el 1 de agosto cuando la Genedarmería –bajo orden del ex jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad Pablo Noceti– desalojó la ruta 40 y persiguió campo adentro a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Santiago desapareció aquel día y su cuerpo apareció 78 días más tarde 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez. Tras la autopsia, Lleral habló de que el cuerpo había estado 60 días sumergido en el agua, una diferencia de 18 días.
El juez federal también decidió dejar sin efecto un peritaje tecnológico sobre los videos del expediente para identificar las expresiones verbales, la cantidad de disparos efectuados o los momentos en que los gendarmes persiguieron a la comunidad con armas u otros elementos.
La familia de Santiago apeló en la decisión de Lleral en busca de "verdad y justicia". Sin embargo, Bullrich continuó usando el caso para mostrar su perfil de mano dura y fortalecer su alianza con las fuerzas federales, fuera de los protocolos de intervención en el marco de una convivencia democrática.
Durante el primer debate presidencial, realizado en Santiago del Estero a principios de octubre, Bullrich insitió: "Quiero mandarle un abrazo a los gendarmes absueltos. Así siempre tatan a las Fuerzas Armadas, no los dejan vivir en democracia. Yo les rindo homenaje y siempre defiendo a quienes cumplen con la ley. Maldonado, un juicio y todos absueltos. Digan la verdad".
La vuelta de la "doctrina Chocobar"
Otra política que volverá en la gestión de la futura ministra de Seguridad es la institucionalización de su eslogan "cuidar a los que nos cuidan". Como lo hizo durante su gestión anterior con la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, Bullrich propuso en campaña reformar el artículo 34 del Código Penal para establecer la "legítima defensa especial para los agentes de las fuerzas de seguridad" y reformar el Código Procesal Penal para "restringir el uso abusivo de la prisión preventiva respecto al personal policial".
Esas propuestas, que fueron elegidas por el 23,8% de los votantes en las elecciones de octubre pasado, podrán llegar a la gestión gracias a la alianza de ultraderecha entre el PRO y La Libertad Avanza. Bullrich podrá volver a poner en marcha su "doctrina Chocobar", surgida de la reivindicación de la acción del Policía Local Luis Chocobar, quien fuera de servicio intervino y mató por la espalda a Pablo Kukoc, de 18 años, cuando escapaba tras robar junto a un menor de edad a un turista de forma violenta.
Bullrich oficializó la doctrina Chocobar con un reglamento publicado en diciembre de 2018 para el uso de armas letales por parte de fuerzas federales, que permitía disparar sin siquiera dar la "voz de alto". Según el Archivo de Casos de la Correpi, los cuatro años de gestión de Bullrich tuvieron un triste récord de casos de gatillo fácil: 508 casos en todo el país.
El caso de gatillo fácil ocurrió en diciembre de 2017, Chocobar fue condenado en mayo de 2021 a dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el cargo. El día de la condena, la ex candidata a presidenta fue hasta los tribunales de Comodoro Py a mostrarse en cámaras con Chocobar.
En el segundo debate presidencial, realizado en la Universidad de Buenos Aires, Bullrich volvió a mostrarse junto a Chocobar, uno de sus invitados especiales. "Acá me acompaña hoy Chocobar. Chocobar defendió a un ciudadano, al que le metieron nueve puñaladas, y sin embargo los kirchneristas lo querían mandar a prisión para toda la vida. Sin embargo, él defendió a la ciudadanía", reivindicó la entonces candidata lo que el Poder Judicial condenó.
Tras aquel segundo debate, el análisis de los medios de comunicación fue que Bullrich había mejorada su rendimiento respecto del primero y la ubicaron entre las ganadoras. También se mencionó como ganadora Villaruel, cuando tuvo su debate de vicepresidentes con el jefe de gabinete Agustín Rossi en una noche en la que Villarruell sostuvo: "No fueron 30 mil desaparecidos". La anterior gestión en Seguridad de la presidenta del PRO ya mostró lo peligroso que es negar una óptica democrática en las políticas de seguridad.
Protocolo antipiquetes
Bullrich también podrá tomar revancha de la que fue su primera cruzada como ministra de Seguridad de Macri: el protocolo antipiquetes. Denunciado por las organismos de derechos humanos por violar el derecho a la protesta --algo que el gobernador saliente de Jujuy Gerardo Morales institucionalizó con la reforma de la constitución provincial-- y rechazado por el grueso del gremio de prensa, a los que les prometía "un corralito" para no ser alcanzados por la represión ni poder estar cerca de quienes protestan, el intento se frustró.
"Yo desde el primer día dije: 'protocolo contra esta gente porque no nos pueden seguir manejando todo el país'. Y, sin embargo, lamentablemente, para ser un poquito políticamente correctos, les dejamos demasiado poder", lamentaba Bullrich durante la campaña del "Sí, se puede", en 2019, cuando acompañó a Macri en la caravana con la que intentó revertir el resultado de las PASO y no perder en primera vuelta con el Frente de Todos. "Esto va a cambiar. Esto en la próxima gestión cambia totalmente", prometió hace cuatro años.
Incluso Bullrich sumó esa promesa en su propia caravana presidencial rumbo a la primera vuelta de octubre, cuando criticaba a Milei y le enrostraba "estar con la casta". Realizó un acto en el Puente Pueyrredón "símbolo de cortes y piquetes", con la compañía del jefe de gobierno porteño electo Jorge Macri, quien prometió iniciar demandas penales a quienes realizaran cortes. Ayer, antes de confirmarse su cargo como futura ministra de Milei, Bullrich se reunió con quien ocupará esa cartera en la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf.
El ex diputado del PRO, cuando estaba del lado de las palomas haciendo campaña con Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que la fuerza porteña debería llamar a todos su personal para poder desalojar sin represión un corte en la 9 de julio. Ahora, tendrán su oportunidad de fuego como funcionarios de la alianza de ultraderecha.
