La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci– sostuvo que Jaime Lamont Smart, el exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, debe continuar en prisión preventiva y urgió al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata que lo juzga a imprimirle celeridad al proceso.

El 9 de noviembre pasado, "Jimmy" Smart empezó a ser juzgado por un operativo que tuvo lugar el 22 de abril de 1978 en Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires. Ese día, una patota de la comisaría 1ª de Berazategui llegó a la casa en la que vivía Marcelina Juani con sus dos hijos, Marcelo y Ariel Juani. Con ella, se habían mudado dos sobrinos, Horacio Wenceslao Orué y Raúl Aguirre.

Marcelina primero escuchó un golpe en la puerta y después vio cómo un arma se asomaba por una ventanita. Al abrir, el grupo de tareas se metió en la casa. Orué salió corriendo. Ella no lo vio más. En la entrada forcejeaba uno de sus hijos con un policía mientras uno de sus perros, un ovejero alemán, estaba alterado y ladraba. “Matalo”, le dijo uno de los integrantes de la patota a otro, y su compinche obedeció.

La mujer y sus hijos estuvieron horas viendo cómo el grupo de tareas desvalijaba la casa. Se llevaron todo: hasta cargaron al otro perro de la familia, un salchicha. A Orué lo mataron. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Rafael Calzada. A Aguirre lo vieron en la comisaría de Berazategui.

Durante la dictadura, Smart fue el ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean en la provincia de Buenos Aires. Las comisarías dependían de su cartera. Smart había pasado a la función ejecutiva después de haber integrado, entre 1971 y 1973, la Cámara Federal en lo Penal –más conocida como el “Camarón” o la “Cámara del Terror”, que era un fuero de excepción creado para juzgar a los militantes de aquellos años. Después de que Héctor Cámpora desmanteló el Camarón, Smart se fue del país y volvió tiempo antes del golpe. Hasta 1979, fue parte del gobierno dictatorial.

Slokar, Ledesma y Yacobucci entendieron que Smart debe continuar en prisión preventiva por la naturaleza de los hechos que le imputan, por la dimensión, por la gravedad y por la complejidad de las investigaciones. “De las circunstancias del caso examinado, se advierte la existencia de los riesgos procesales que deben justificar cualquier detención preventiva y que se trata de una causa seguida por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, que obligan a considerar las especiales características de estos casos y a extremar la cautela en salvaguarda de la responsabilidad internacional del Estado argentino”, escribieron.

Smart afronta actualmente tres juicios: la causa Orué, el de las brigadas de Lanús, Banfield y Quilmes y el de los centros clandestinos de 1y 60 y la comisaría 8ª. Está desde 2018 en prisión domiciliaria. En 2012, recibió su primera condena a prisión perpetua en el juicio del Circuito Camps. Desde entonces, batió todos los récords: no tiene ninguna sentencia confirmada por la Corte Suprema.

Al no tener sentencia firme, Smart fue uno de los aproximadamente 50 represores que, estando en domiciliaria, estuvieron autorizados para ir a votar en el balotaje. Como marcaron los organismos de derechos humanos, los represores salieron a votar por su impunidad.