En el municipio bonaerense de San Miguel se vulnera sistemáticamente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. No sólo se trata de un distrito que obstaculiza el derecho al aborto, sino que se imparte un trato cruel y deshumanizado a las mujeres que se acercan a un centro de salud para pedir una IVE/ILE: las tratan de convencer de no abortar mediante mecanismos de hostigamiento, persecución y culpabilización. Uno de los ideólogos y quien ha implementado esta política pública es Pablo de la Torre, exsecretario de Infancia y Familia de San Miguel, presentado en los últimos días como quien sería el próximo secretario de Desarrollo Social (hasta el cierre de esta nota su designación no había sido desmentida).“Nos han llegado relatos de mujeres de San Miguel que nos han contado que les dan muñeco-fetos para que se conecten con la maternidad”, contó a este diario una funcionaria de Salud bonaerense.

¿Qué puede ocurrir con el acceso a la ILE/IVE –garantizada por la Ley 27.610, cuando sus referentes – por empezar Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel-- se han manifestado expresamente contra ese derecho y cuando en su plataforma electoral se estableció entre las propuestas del área de Salud “proteger al niño desde la concepción”? Por los posicionamientos de LLA, con su gobierno también está en riesgo la continuidad de la Educación Sexual Integral, de los tratamientos de hormonización a niñeces y personas adultas trans y de programas para acompañar a víctimas de violencia de género,entre otras políticas públicas.

¿Quién es Pablo De la Torre?

Hermano del exintendente de San Miguel, y actual senador provincial Joaquín De la Torre, Pablo se haría cargo de un ministerio degradado a secretaría, y que estará bajo la órbita de la superministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien también tendrá bajo su mando las carteras de Trabajo y Salud. “Casado. 7 hijos. Médico pediatra. Asesor de Infancia y Familia de la Municipalidad de San Miguel”: se presenta actualmente en su perfil de Instagram.

Pablo de la Torre fue uno de los expositores en el Senado, en 2018, en contra del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto: “De aprobarse esta ley habrá niños argentinos que en democracia no van a poder nacer, no van a poder jugar, amar, reír o llorar”, sentenció. Además, agregó: “Miles de mujeres van a quedar destruidas porque créanme y he visto las secuelas y el síndrome post aborto es desvatador: depresión, intentos de suicidio, baja autoestima, recaídas de la salud mental cercanas a la fecha del aborto, llanto fácil, etc, etc.”. Se trata de supuestas consecuencias no demostradas científicamente. No existe científicamente el síndrome post aborto.

Su llegada al gabinete de Milei no sólo estuvo relacionado con el estrecho vínculo que mantiene con Patricia Bullrich y el ala dura del Pro, sino también por su perfil: De la Torre preside la fundación Concordia, un thinktank conservador vinculado a la Iglesia Católica desde donde hace lobby por “los valores de la familia” y en contra del aborto legal.

En su exposición en el Senado, De la Torre habló de las Consejerías Guadalupe --que se crearon en el Hospital Larcade de San Miguel-- y que en la práctica se usan para hostigar a las mujeres que llegaban con embarazos no intencionales y convencerlas de que los continúen-- y del Programa de los 1000 días para acompañar “a la madre desde la concepción hasta los 2 años”. Ese modelo, con algunas modificaciones, lo tomó el gobierno de Alberto Fernández para proponerlo como contrapartida al proyecto de Ley de IVE/ILE en 2020 y enviar juntas ambas iniciativas a la Cámara de Diputados.

Hoy las Consejerías Guadalupe no se ubican con facilidad, pero como contó Euge Murillo en una nota para Las 12, sus mecanismos siguen vigentes: a las mujeres que demandan una IVE/ILE en el sector público en San Miguel, no solo les niegan la práctica si no que al quedarse con sus datos, luego las contactan desde algún teléfono, en general es por whatsapp”, y las empiezan a hostigar con frases como: “¡Ojalá lo tengas! Te vamos a ayudar, Con pañales, ropita, cuna o cochecito” “el bebito no tiene la culpa” o “rezo para que lo pienses”. Después les envían flyers, material audiovisual, invitaciones a talleres e información respecto a los abortos con imágenes que resultan impresionantes para las personas gestantes y que no hacen más que generar mayor angustia. El objetivo es convencerlas de que continúen con los embarazos, les prometen recursos como pañales, leche y ropa como si solo tomaran la decisión de interrumpir un embarazo porque no cuentan con recursos económicos. Asustadas, ninguna de las mujeres y personas gestantes afectadas por estas maniobras crueles ha querido hacer la denuncia, contó a este diario una fuente provincial.

El Concejo Deliberante de San Miguel declaró al municipio “Pro Vida” en 2018. Junto con Capitán Sarmiento, son los dos municipios bonaerenses sin establecimientos de salud públicos que garanticen el acceso a IVE/ILE: en 2022, 481 mujeres con domicilio en San Miguel tuvieron que recurrir a otras jurisdicciones de la provincia para poder interrumpir un embarazo en el marco de la Ley 27.610. “Nos detonan a los municipios vecinos: son cerca de medio millar de prácticas anuales de IVE/ILE que resuelven otros distritos con el costo de sobrecarga que eso significa”, explicó a Página 12 una fuente del área de Salud provincial. Por ejemplo, el año pasado a José C. Paz se derivaron 257 de los casos, a Moreno, 84, a Pilar, 58, a General San Martín, 26, a Morón 24, entre otros lugares.

Con este panorama, referentes de salud pública de distintas provincias expresaron a este diario su preocupación en torno al acceso futuro a la IVE/ILE. Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que hay stock de medicación --misoprostol y mifepristona-- hasta marzo, aunque hay varias licitaciones en marcha para comprar más insumos. Con variaciones entre provincias, entre 80 y 90 por ciento de todas las IVE/ILE se resuelven con medicamentos. En la provincia de Buenos Aires puntualmente, en 2022, el 91,3% de los abortos voluntarios y legales se hizo contratamientos de tipo farmacológico, con uso de misoprostol o combipack (mifepristona + misoprostol).

Más allá de que la intención a mediano o largo plazo de LLA sea lograr las mayorías necesarias en el Congreso para derogar la ley de IVE/ILE --como lo expresaron diputados electos y el referente de la ultraderecha en el país Agustín Laje-- si dejan de proveer insumos desde Nación, a las provincias --en un contexto de ajuste como el que se avizora-- les resultará más complicado comprarlos con fondos propios y seguir garantizando la medicación necesaria para resolver los abortos.

La desfinanciación de programas fue una de las estrategias que puso en práctica el macrismo durante su gobierno. Se vio con claridad con el de Educación Sexual Integral en los primeros años del gobierno que encabezó Mauricio Macri cuando el Programa Nacional de ESI, creado por la Ley 26.150 --sancionada en 2006-- sufrió una política de desmantelamiento. En 2018 contaba con menos del 40 por ciento de los recursos que tenía en 2015, en precios corrientes, según calculó el Instituto Marina Vitte, de la Ctera, con datos del Ministerio de Educación y del Jefe de Gabinete, publicados oportunamente por este diario. También en aquel momento las capacitaciones de docentes se redujeron significativamente. Recién después del debate por el aborto, donde legisladores verdes y celestes coincidieron en la necesidad de garantizar la ESI en las escuelas, se reanudaron las capacitaciones, en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en Adolescentes (ENIA).

Tanto el acceso a IVE/ILE como a la ESI así como los tratamientos de hormonización para personas trans son políticas que se fueron afianzando en los últimos años --con presupuestos adecuados en cada programa dependiente de los ministerios de Salud y Educación-- y que deben estar garantizadas por el Estado, independientemente de quien gobierne, porque están establecidas en leyes que votó el Congreso.

Con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, lo más probable es que desaparezca el Programa Acompañar, destinado al fortalecimiento de la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género: hasta noviembre de este año se habían invertido más de 100.853.242.000 pesos --según datos oficiales-- para 352.385 personas beneficiarias que reciben un subsidio por seis meses. Ese programa se lleva la mayor parte del presupuesto del MMGYD.

En la plataforma de LLA, se vuelve a colocar el problema de la violencia por razones de género dentro del paraguas de la “Seguridad Nacional”, es decir, un planteo que apunta a concentrarse solo en la atención de la emergencia --en el mejor de los casos-- y no en la modificación de las condiciones estructurales que afectan a las personas --fundamentalmente mujeres-- que sufren violencia machista. En el ítem “Seguridad nacional y reforma judicial” de su plataforma se propone “crear mesas de enlace en los Ministerios del Poder Ejecutivo para abordar problemáticas comunes con el Poder Judicial: por ejemplo facilitar lugares de internación para personas con problemas psiquiátricos, entrega de tobilleras electrónicas como aseguramiento del cumplimiento de exclusiones perimetrales en casos de violencia familiar, entrega de botones anti pánico para víctimas de violencia o trata, al igual que los lugares apropiados para niños y adolescentes en situación de riesgo y víctimas de trata en todas sus formas también”. Todo en una misma bolsa.