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La prolongación de la guerra asimétrica que lleva adelante Israel en Gaza, hizo que creciera el rechazo a su política de gobiernos, legislaturas y ayuntamientos en países de Occidente y los BRICS. Ya no son naciones árabes que defienden la causa palestina las que suspendieron relaciones, convocaron a sus embajadores o repiten la palabra “genocidio” contra la población de la Franja. Poco a poco y pese a la tregua vigente de estos días, el estado invasor pierde apoyos en la comunidad internacional después de los ataques letales de Hamas el 7 de octubre.
En Sudáfrica, que preside este año el grupo BRICS, su Asamblea Nacional dio esta semana el paso previo a la ruptura de vínculos diplomáticos. Hasta ahora Bolivia había sido el primer país en cortar relaciones con Tel Aviv. Belice la siguió a mediados de este mes. En Latinoamérica, Chile, Colombia y Honduras retiraron a sus embajadores. Y el viernes último se sumó el ayuntamiento de Barcelona a esa línea de pensamiento y acción: votó a favor de una interrupción de los lazos con Israel hasta tanto no haya “un alto el fuego definitivo”. También un eurodiputado español, Manuel Pineda, se presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para entregar un dossier con lo que considera “crímenes de guerra, de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos”.
Aunque Israel conserva la fuerte estructura de apoyo que recibe de Estados Unidos y las principales potencias europeas como Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, más Canadá – básicamente el G7- la impopularidad de sus bombardeos diarios sobre Gaza, el alto costo en vidas humanas de su población y la privación de elementos indispensables para su existencia, aumentaron las críticas al gobierno del ultraderechista Benjamin Netanyahu.
A cincuenta días de su declaración de guerra que recibió un sólido respaldo en Occidente, ya pesan sobre el primer ministro israelí acusaciones formales por genocidio y hasta un pedido de arresto ante la CPI. Lo presentó el abogado francés Gilles Devers en defensa de las víctimas fatales palestinas que, a mediados de este mes, se calculaban en 11.500, incluidos 7.870 niños y mujeres. Una cifra que aumenta día a día.
La decisión reciente más fuerte de un estado contra Israel la tomó Sudáfrica. Su presidente Cyril Ramaphosa declaró que “el castigo colectivo a los civiles palestinos a través del uso ilegal de la fuerza es un crimen de guerra; y la negativa deliberada de proveer medicamentos, carburante, comida y agua a los habitantes de Gaza equivale a un genocidio”. No lo dijo en cualquier lugar. Fue durante una reunión virtual del BRICS. Ahí estaban China, Rusia, Brasil y la India, miembros fundadores de la organización y sus socios adherentes, entre ellos la Argentina.
En simultáneo con su comentario sobre Israel, la Asamblea Nacional sudafricana aprobó una iniciativa parlamentaria del partido de izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF) acompañada por el Congreso Nacional Africano (CNA) en el gobierno, por 248 votos a favor y 91 en contra. Consistió en “solidarizarse con el pueblo de Palestina, que está actualmente experimentando una limpieza étnica y el genocidio a manos del Estado terrorista de Israel”. La medida es simbólica, porque la ruptura de relaciones que ya opera en los hechos, solo puede decidirla el presidente. Hasta hoy, los dos países retiraron a sus embajadores. Netanyahu primero convocó al suyo desde Pretoria después de que Ramaphosa anunció que pediría una investigación por crímenes de guerra ante la CPI. Sudáfrica hizo lo mismo más tarde.
La simpatía por la causa palestina proviene de la época en que Nelson Mandela gobernaba el país. En 1997, el líder del movimiento anti Apartheid, dijo que la libertad del pueblo sudafricano estaba “incompleta sin la libertad de los palestinos”. Pese a las serias diferencias políticas entre el CNA que fundó Mandela y el EFF, estas no resquebrajaron sus posiciones sobre el conflicto en Medio Oriente. El líder de Luchadores por la Libertad Económica, Julius Malema, y otros cinco diputados de ese partido, acaban de ser sancionados por desacato con un mes sin sueldo, por la Comisión de Poderes y Privilegios del Parlamento sudafricano.
Ya son diez las naciones que tomaron distintas medidas contra Israel, incluida Sudáfrica. En América Latina, Bolivia se adelantó a toda la región cuando rompió relaciones diplomáticas a fines de octubre. El vínculo entre los dos países solo se había restablecido de manera efímera durante la dictadura de Jeanine Áñez en noviembre de 2019. Chile, que tiene la principal colonia de palestinos fuera del mundo árabe, incluso superior a las de Egipto y Líbano con casi medio millón de habitantes contando sus descendientes, convocó a consultas a su embajador en Tel Aviv y condenó “enérgicamente” las operaciones militares de Israel en Gaza. Colombia lo hizo casi al mismo tiempo y justificó su medida en que “si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”.
La mirada política de varios países de Latinoamérica no es nueva sobre la situación en Palestina. Cuando Israel atacó Gaza en julio de 2014, hubo reacciones parecidas a las actuales. El Mercosur condenó “de manera enérgica el uso desproporcionado de la fuerza por parte del ejército israelí en la Franja de Gaza”. Incluso antes, en enero de 2009, la Venezuela de Hugo Chávez rompió relaciones con Tel Aviv y al año siguiente Nicaragua. Cuba no tiene relaciones desde 1967 y sistemáticamente recibe en Naciones Unidas el voto en contra de Israel a su resolución para que cese el bloqueo que le aplica Estados Unidos hace más de sesenta años.
Entre los países que no tienen vínculos con el gobierno de Tel Aviv se encuentra su principal enemigo regional, Irán, más Argelia, Afganistán, Kuwait, Líbano, Libia, Sudán, Siria, Omán, Irak, Pakistán, Qatar, Venezuela y Arabia Saudita, con la que venía negociando un acercamiento propiciado por EE.UU que ahora, con sus bombardeos sobre Gaza, se congeló. El reino del Golfo nunca reconoció a Israel hasta hoy.
