En plena ronda mediática por la campaña, Vidal visitó el programa de Antonio Laje en América TV, Buenos Días América. La entrevista corría por canales normales hasta que, hacia el final, cayó una pregunta que descolocó a la gobernadora. Laje acotó que en la causa Farmacity está “involucrada la mesa chica chica (sic) del Gobierno”, en referencia a que la empresa fue creada y presidida hasta diciembre de 2015 por Mario Quintana. No sólo eso: uno de los ministros de la Corte propuestos por Mauricio Macri, Carlos Rosenkrantz, tuvo entre sus principales clientes a la compañía farmacéutica.

Visiblemente incómoda, Vidal respondió: “Sí, justamente. Por eso y porque hay, puede haber un conflicto de intereses, yo nunca hablé con la Corte de este tema ni lo voy a hacer. La decisión va a ser de la Corte. Ni a favor ni en contra”.

“La respuesta es patética, el juicio de Farmacity es en contra de la provincia de Buenos Aires, a quien ella representa. Si te hacen un juicio y no contestás, es porque evidentemente lo querés perder”, advirtió a Página/12 el presidente de la filial Lanús del Colegio de Farmacéuticos, Néstor Caprov. 

El ex ministro de Salud de Buenos Aires y actual secretario de Salud de La Matanza, Alejandro Collia, por su parte, criticó con dureza a Vidal: "Qué raro que la máxima autoridad política de la provincia no tenga una idea sobre el rol de la farmacia en la red sanitaria. Qué raro que no sepa cuál es el rol que quiere darle a ese actor y en consecuencia, defenderlo". "¿Vidal forma parte de ese conflicto de intereses? ¿En calidad de qué? Si es como gobernadora, tiene que opinar. Tiene la responsabilidad de fijar posición en el tema", dijo Collia a Página/12. 

La empresa presentó una demanda contra la provincia de Buenos Aires en 2012, cuando el presidente de Farmacity era el propio Quintana. Las autoridades sanitarias le habían rechazado el permiso para que la cadena desembarcara en la provincia más populosa con el argumento de que entraba en colisión con la ley 10.606, que establece una distancia mínima de 300 metros entre los establecimientos farmacéuticos y un máximo de una farmacia cada 3 mil habitantes. También prohíbe que las farmacias sean sociedades anónimas.  

"Existe una ley vigente que tiene un fuerte contenido sanitario de acuerdo a las necesidades de la población y no de las empresas", dijo a este diario el médico sanitarista, ex superintendente de Salud y ex director de Sistemas de Salud la Organización Panamericana de Salud (OPS), Rubén Torres.

"Nosotros pensamos en un sistema en donde no sólo se dispense medicamentos, sino que las farmacias estén a cargo de farmacéuticos que sepan, que conozcan las leyes, que tengan la obligación de prescribir con el nombre genéricos", remarcó Collia.

La empresa de Quintana perdió en tres instancias de la Justicia provincial e incluso recibió un revés de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Entonces recurrió a su última carta: la Corte Suprema nacional. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) confirmó sus sospechas cuando la Corte decidió tratar el caso, a pesar de que podría haberlo rechazado in limine, teniendo en cuenta su recorrido hasta llegar al máximo tribunal. La COFA comenzó con una campaña de denuncia acerca de los vínculos entre Farmacity y algunos funcionarios de la alianza gobernante, que incluyó un abrazo a Tribunales llevado a cabo en el día de ayer. 

"Por supuesto que llama la atención que la Corte haya decidido tratar el caso después de tres fallos negativos y siendo un tema de jurisdicción provincial, ya que la salud es administrada por la provincia", amplió Torres.

Collia, por su parte, vaticinó que de prosperar la intención de Farmacitiy, las farmacias de barrio van a ser las más afectadas. "No es una cuestión menor: detrás de todo esto, hay una idea estrictamente comercial. El Estado tiene que regular muy especialmente la cuestión de los medicamentos, que son un bien social, que el ciudadano tiene que acceder de la mejor manera. Lo que están impulsando es un shopping", añadió.

En tanto, el defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, adelantó que, si la demanda de la empresa prospera, demandarán a Rosenkrantz en la Bicameral de juicio político y presentarán otra denuncia penal contra Quintana, por negociaciones incompatibles con su función.

Para Vidal, en cambio, está todo bien, todo legal. Al cierre de la entrevista televisiva dejó en claro que el tema no es de su incumbencia, probablemente la mejor manera para que las cosas fluyan en la dirección que el lobby farmacéutico tanto ansía: “Tengo reuniones con Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, tengo reuniones con el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti. Nunca hablamos de este tema ni lo vamos a hacer. Yo me voy a enterar como ustedes, cuando la Corte lo decida”.