A pocas horas del contundente triunfo de LLA en las urnas, comunidades de los pueblos Quilmes y Tolombón en Tucumán se encontraron con procedimientos judiciales por reclamos de privados en tierras comunitarias que incluyó -en Trancas, norte provincial- un megaoperativo con policía montada, perros y topadoras que apuntaban a destruir la casa de un comunero.
En el caso de los Quilmes, comuneras y comuneros de la Base Colalao, asentados sobre la ruta nacional 40, cerca del límite con Salta, la justicia respondió al reclamo de un particular luego de que el cacique Patricio González junto al Consejo de Delegados distribuyeran en septiembre pasado once hectáreas de territorio comunitario a familias de ese pueblo originario.
En el marco de una acción que responde a los usos y costumbres -normas que se practican desde siempre por parte de los pueblos indígenas- las familias delimitaron sus espacios, marcaron dónde iban a estar las calles y trabajaron todas bajo otra institución originaria: la minga o el trabajo en común de amigos, vecinos y parientes.
Un territorio extra seco donde la tierra es arena y en el invierno no cae una sola gota de lluvia, con vientos -para esta época- que arrastran la arena hasta el cielo y la llevan por todo el valle del Yokavil, 40 familias comuneras iniciaron la construcción de su presente y futuro mientras mastican angustia y bronca por los ataques.
“Desde que se entregaron los terrenos empezaron amenazas y difamaciones por parte de los Yala, se dicen dueños pero no se los conoce. No viven en Colalao del Valle sino en Córdoba, según confesó Andrea Yala el 21 de octubre pasado. A la denunciante, Claudia Patricia Yala, nadie la vio y nunca se hizo presente en el lugar según los comuneros que están en el lugar”, dijo a Salta/12 el cacique González.
La autoridad tradicional enumeró la legislación que protege los derechos de las y los indígenas a nivel local, provincial, nacional e internacional “el artículo 149 de la Constitución Provincial; artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional; Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la ley de Eemergencia territorial 26.160 que prohíbe desalojos en comunidades indígenas”.
Desalojo y recuperación
Para las y los tolombones el miércoles 22 fue un día de angustias y expectativas. Apenas unas horas antes les comunicaron que una orden judicial ordenaba el desalojo del anciano Máximo Román Ríos de sus tierras ancestrales, según había dispuesto Ana Pizzicanella Blasi, jueza del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la VII Nominación, informaron en un comunicado urgente.
Mercedes Velárdez, secretaria y vocera de la Comunidad Indígena Pueblo de Tolombón, destacó en diálogo con Salta/12 la “desproporción” del operativo en Gonzalo, una de las seis bases comunitarias distribuídas en las 43 mil hectáreas que este pueblo originario ocupa en el noroeste de la provincia de Tucumán.
“Un superoperativo para desarmar la casa de una familia que tiene posesión ancestral de más de 300 años. El abuelo Román tiene 88 años y están rompiendo todo porque quieren tomar posesión para negocios inmobiliarios. Es el usurpador Crito. Nosotros acá estamos, nos hemos juntado pacíficamente pero ellos están fuertemente armados”, precisó Velárdez.
Las bases (o comunidades) de los tolombones son: Hualinchay -lugar inmortalizado en la zamba Copla y Viento del músico tucumano Rolando “Chivo” Valladares-, Tacanas Grandes, Tacanas Chicas, Rearte Sur, Potrero, y Gonzalo, donde se desarrolló el operativo de destrucción de las posesiones de un poblador originario.
Además, las y los tolombones cuentan con Bases de apoyo y se trata de “las familias que están afuera por trabajo o estudios pero en permanente vinculación como, por ejemplo, las que viven en El Cadillal, Los Nogales, Tafi Viejo y, también, en Buenos Aires”.
Velárdez detalló que hay unas 450 familias empadronadas en todas las bases del territorio comunitario, “muchas están en la zona alta (Lara, Abra La Queñua, Yuchayo) son trashumantes, mientras que los de la zona baja somos más agricultores”.
Añadió un dato poco conocido y que merece una investigación profunda: “nosotros con los indios colalaos compartimos un documento histórico, una escritura, de 1679”.
“Quizás por eso estamos muy familiarizados. Los caciques tolombones y colalaos de ese entonces adquirieron título comunitario para ambas comunidades pero para el 1800 y con la creación del Estado argentino nos negaron ese reconocimiento estatal. Un poco diferente a Quilmes y Amaicha”, lamentó la entrevistada.
El operativo del miércoles 22 de noviembre contra la familia Ríos es uno más de los tantos que “el usurpador” -así le dicen las y los comuneros- Javier Critto impulsó ante la justicia y aunque en alguna de esas incursiones “destruyeron viviendas de más de cien años”, con el correspondiente daño a “su valor simbólico y cultural, mantenemos la posesión que es lo más importante para nosotros”.
De hecho, el operativo no alcanzó su cometido total y por cuestiones horarias se retiraron, tras lo cual los comuneros retomaron el predio de siete hectáreas. “Arreglaron los destrozos y planeamos cultivar de manera comunitaria, con pasturas, granos. También se piensa llevar adelante una plantación de árboles nativos para que funcionen como cortinas forestales y también vamos a fortalecer la actividad apícola”, indicó la vocera.
Inspección en territorio
Ese mismo día, el miércoles 22 en el territorio de los Quilmes el juez Sergio Fernando Lo Valvo realizaba, en el marco de una audiencia matutina, la inspección ocular del territorio en disputa sobre la ruta 40, mientras el cacique y los delegados denunciaron la filtración de un audio de la familia Yala en el que se anticipaba la posición del magistrado.
“Está todo dado a favor nuestro, el juez está recontra a favor nuestro y en contra de ellos, ellos están preocupados, el cacique; quieren suspender porque obviamente saben que van a... hasta es posible que el mismo juez los saque mañana mismo, se han movido un montón ellos porque están asustados porque este juez no les va a dar cabida en nada”, revela parte del audio que los quilmes denunciaron.
“En el audio Andrea Yala afirma que el juez va a fallar a favor de ellos y que se procederá a un desalojo inmediato del lugar, que ya está armado todo con tres testigos que se supone ya dieron los testimonios a favor de esa familia. Esto le dijimos al juez pero él nos contestó que había denunciado penalmente a Yala y se comprometió a ser imparcial en su trabajo”, contó a este diario, esperanzado y alerta, el cacique Patricio González. Finalmente, el juez le dió la razón a la comunidad Quilmes.
En el escenario de los pueblos originarios en Tucumán el miércoles 22 de noviembre fue otro día en el paraíso. Esperan muchos otros, claro.
