La Corte Suprema de Panamá comenzó el viernes a analizar unas demandas de "inconstitucionalidad" contra el contrato con una minera canadiense, asunto que mantiene semiparalizado al país desde hace más de un mes, con protestas y bloqueos de rutas.
Los nueve magistrados del máximo tribunal acordaron trabajar en "sesión permanente" hasta emitir un fallo que podría conducir al cierre de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Cerca de la Corte se producen cotidianas manifestaciones en demanda de un fallo que declare inconstitucional al contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals.
Por su parte, la minera pidió a la Corte desestimar esos recursos, al argumentar que el contrato no infringe la carta magna panameña y la mina es ambientalmente sostenible.
El rechazo al contrato minero
Las protestas estallaron el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno que permite a First Quantum operar por 40 años esta mina situada en el Caribe panameño. Desde entonces hay cortes de rutas que han afectado a casi todos los sectores productivos y ocasionado millonarias pérdidas, según gremios empresariales.
Una decena de organizaciones y particulares presentaron demandas de "inconstitucionalidad" del contrato, que deberán ser resueltas por la Corte Suprema, presidida por la magistrada María Eugenia López. El tribunal no tiene plazo fijo para dictar su fallo.
La empresa canadiense amenaza con demandas
El ministerio panameño de Comercio informó que recibió dos notificaciones de posibles demandas arbitrales, enviadas por la canadiense First Quantum Minerals (FQM) y su filial Minera Panamá.
A estas dos demandas que se presentarían ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, se suscribe también Franco-Nevada Corporation, señaló un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) panameño. Franco Nevada es una compañía especializada en oro que opera en minería, metales y banca.
En el escueto comunicado de solo dos párrafos, la cartera de Comercio dijo que ante este aviso "Panamá responde que ha cumplido con todas sus obligaciones y el derecho panameño y que está preparada para defender los intereses nacionales".
Ambientalistas y juristas alegan que un fallo de inconstitucionalidad sobre ese contrato pondría en una situación más ventajosa el Estado panameño frente a un posible arbitraje internacional por parte de la minera por incumplimiento del contrato.
Pero las consecuencias económicas de llegar hasta un arbitraje internacional con la multinacional canadiense estarían sobre los 50.000 millones de dólares teniendo en consideración la inversión de 10.000 millones, según la Cámara Minera de Panamá (Camipa).
