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Los trabajadores del Estado nacional inician un plan de lucha frente a los anuncios de Javier Milei de eliminación de ministerios, privatización de empresas estatales y medios públicos. Este lunes cortaron la calle --no podía ser de otra manera-- en la puerta del sindicato ATE Capital, donde realizaron un plenario. “Milei va a reducir 12 ministerios y va a mandar al Congreso el día después de asumir una reforma del Estado; tenemos que prepararnos para evitar la mayor cantidad de despidos. Estamos construyendo masividad para abrazar a los cuerpos de delegados que hoy sienten mucha angustia, mucha incertidumbre”, dijo allí Daniel Catalano, titular de ATE Capital. Catalano detalló que el Estado nacional tiene 350 mil trabajadores, de los que “más de 60 mil están en riesgo de perder su empleo rápidamente, por tener los peores contratos”.
Los precarizados del Estado son incluso muchos más: todos los que tienen hasta diez años de antigüedad en sus puestos de trabajo, explicó el dirigente. En la administración pública conviven formas diversas de precarización laboral como los monotributistas, los becarios, los conveniados por universidades, los contratados por locación de servicios, que ahora quedaron bajo amenaza de ser borrados de un plumazo. Luego hay un segundo grupo con contratos que vencen el 31 de diciembre; ATE pidió un informe de gestión pública para dimensionar su tamaño. Luego están quienes trabajando desde hace años, pertenecen a la planta transitoria. El gobierno saliente se había comprometido, con el plan de Regularización del Empleo Público 2021, a realizar concursos para que este año 30 mil de esos trabajadores pasaran a planta permanente, pero sólo concursó la mitad de esos puestos. Esta situación facilitará a la gestión mileísta, desde el punto de vista legal, el uso de la motosierra: son muchos los trabajadores estatales que pueden terminar en la calle sin siquiera una indemnización.
Ante la gravedad de la situación, dos conducciones gremiales que estuvieron enfrentadas por años -como ATE Capital y ATE Nacional- acordaron unirse para dar la pelea y en los ministerios y secretarías, en las empresas del estado, en el Conicet y en los medios públicos se vienen haciendo asambleas.
El plenario votó esa unidad de acción, que incluye también a las agrupaciones de la izquierda. Aprobó además hacer este jueves una conferencia de prensa en la sede de ATE Nacional, ubicada en el barrio de Congreso. Las listas de izquierda habían propuesto no esperar a la asunción de Milei y hacer una marcha al Congreso sin esperar a que asuma Milei, pero quedaron en minoría. “Se impuso el criterio de no jugar en posición adelantada”, señaló una delegada del oficialismo. “Queremos movernos con inteligencia, prudencia y responsabilidad, y conseguir la mayor masividad posible en cada acción”.
El plenario se hizo así en el medio de la calle, en la cuadra de Carlos Calvo al 1300. ATE Capital montó un escenario y abrió el micrófono a delegados y activistas. Hubo algunos, como los de Vialidad Nacional, que contaron que tras el anuncio de Milei sobre que el Estado dejará de financiar las obras públicas, ya hay empresas que levantaron campamento. Es más, en algunas provincias ya comenzaron a despedir trabajadores de la construcción vinculados con la obra pública.
ATE nacional
Mientras la asamblea de ATE Capital deliberaba, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, confirmó que los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ya decidieron hacer un paro de 72 horas contra los despidos. El paro de tres días, pegado al fin de semana, va a afectar a todas las exportaciones de granos y animales vivos, anticiparon en el gremio, donde explicaron que partir de medida no habrá los controles del Senasa en los puertos, aeropuertos internacionales, pasos de frontera y todas las aduanas. También, se levantarán las barreras de control zoofitosanitarios en la patagonia y otras regiones del país justo cuando la Unión Europea realiza una auditoría sobre el status sanitario argentino. Con la medida de fuerza, los trabajadores del Senasa buscan que representantes del próximo gobierno abran un diálogo sobre el futuro de sus puestos.
«La paz social la tienen que garantizar los gobiernos con sus políticas, no los trabajadores. Tenemos derecho a actuar en legítima defensa si sentimos que estamos en peligro«, planteó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y agregó su preocupación porque “a los economistas que están llegando al Gobierno no les interesa nada. Sólo bajar los gastos aún a riesgo de que la operatividad de los organismos se vea reducida a su mínima expresión”.
