Este martes los usuarios de colectivos del AMBA sufren complicaciones para viajar. Desde temprano, gran cantidad de líneas comunales y provinciales del Conurbano prestan servicios reducidos. Mientras que las líneas 388 y 406 no funcionan.
En qué se diferencian el paro de colectivos y el lockout
Los paros son realizados por trabajadores para exigir mejores condiciones laborales, como salarios, vacaciones y otros derechos.
En tanto que el lockout es un paro realizado por uno o más empresarios que buscan defender sus intereses profesionales o económicos para ejercer una presión contra el Estado y los propios empleados. Es decir que, en estas huelgas, los empleados son sujetos pasivos.
En Argentina, el derecho de los trabajadores a hacer una huelga está contemplado por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis.
Sin embargo, no es lo mismo hablar de un paro laboral de una comunidad de empleados que de un sector empresarial: estos paros patronales son los conocidos popularmente como "lockout" y carecen de reglamentación legislativa.
Por otro lado, esta acción no es considerada un delito dentro del Código Penal. La única mención realizada al respecto se encuentra en el artículo 158, que establece: "Será reprimido con prisión de un mes a un año (...) el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lockout y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada".
En este sentido, la patronal decide "a voluntad" y de forma "no definitiva" cerrar el establecimiento donde se realizan las actividades laborales o prohibir la continuidad de las actividades, para retomar sus servicios "con otras condiciones" o tratando de "mantener las existentes", apunta la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ).
"Se lo define como el cese temporario de tareas, decretadas con carácter parcial o total, por uno o varios empleadores en defensa de sus intereses profesionales o económicos frente a los trabajadores", resume el organismo dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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