Desde Santa Fe.

El fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti avanzó ayer en una reforma en el Ministerio Público de la Acusación que habrá que ver si no es el primer paso para desplazar al fiscal Roberto Apullán y a la adjunta de éste, María Laura Martí de investigaciones resonantes, entre ellas al jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, Adrián Rodríguez (que podría complicar a un funcionario del gobierno de Miguel Lifschitz), el allanamiento de la Municipalidad de Santa Fe (que enfureció al intendente José Corral), las maniobras en el D4 (que derivó en la detención del ex jefe de Policía de la provincia Rafael Grau) y los manejos con las horas OSPE en la Policía santafesina. Ayer, Arietti anotició a Apullán de la creación de la Unidad de Delitos Complejos para investigar la corrupción institucional y el crimen organizado, que estará a cargo dos fiscales designados hace menos de tres meses: Ezequiel Hernández y Leandro Lazzarini, que él no integrará esa unidad y será reubicado en la Oficina de Investigación y Juicio. Antes, Arietti había ofrecido a Martí sumarse a una Unidad de Violencia de Género, pero ella rechazó la propuesta. Apullán desconoció las versiones sobre su futuro y una supuesta embestida para desplazarlo de las causas. "No tengo ninguna notificación oficial de que me aparten de esas investigaciones", dijo.

Fuentes del MPA subrayaron que Arietti prepara la reforma desde hace meses, pero la hizo operativa el jueves, con lo cual calzó justo en una semana tensa, en la que le ordenó a Apullán que dejara en libertad al comisario Rodríguez. El fiscal le pidió que se lo dijera por escrito y lo hizo, le mandó una "directiva particular" que Apullán no tuvo otra que cumplir. Rodríguez volvió a su casa: se suspendió la audiencia imputativa del miércoles y luego la del jueves, aunque en este caso a pedido de la defensa por supuestos problemas de salud del imputado. Las dos cancelaciones impidieron a Apullán informar al comisario Rodríguez los hechos que le atribuye y las pruebas de cargo, entre ellas una escucha telefónica que podría complicar a un alto funcionario del gobierno de Lifschitz, según fuentes seguras de Tribunales.

 

Crean la Unidad de Delitos Complejos con dos secciones: una de Criminalidad Económica y otra de Violencia y Corrupción Institucional.

 

El jueves, mientras Apullán suspendía la segunda audiencia, un funcionario del MPA distribuyó tres resoluciones de Arietti: la número 26 que reestructura la Fiscalía en cuatro oficinas, entre ellas la de Investigación y Juicio (a la que irá Apullán), la 27 que crea la Unidad Especial de Violencia de Género (donde querían designar a Martí) y la 28 que crea la Unidad de Delitos Complejos con dos secciones: una de Criminalidad Económica y otra de Violencia y Corrupción Institucional. Esta última estará a cargo de los fiscales Ezequiel Hernández y Leandro Lazzarini, cuyos pliegos fueron aprobados por la Legislatura a fines de junio, hace menos de tres meses. Uno de sus objetivos será "la persecución de los delitos cometidos por agentes estatales en ejercicio u ocasión de sus funciones, ya sea que implique estos el uso ilegítimo o abusivo de la violencia o la obtención de beneficios patrimoniales indebidos o enriquecimiento ilícito (violencia y corrupción institucional)", dice la resolución 28.

Las dos unidades especializadas y las cuatro oficinas están en "funcionamiento" desde el jueves, lo que plantea desde ya el gran interrogante: si Apullán y Martí seguirán al frente de las investigaciones a los jefes de la Policía y a la Municipalidad de Santa Fe o si las causas pasarán a la unidad que coordinarán Hernández y Lazzarini. Una fuente del MPA no descartó el traspaso, pero hasta ayer, Apullán no estaba notificado de ninguna movida para desplazarlo de las causas.

La Unidad de Violencia de Género estará a cargo de la fiscal Mariela Jiménez, a quien acompañarán sus colegas Agustín Nigro, Alejandra Del Río Ayala, Eric Fernández, Bárbara Ilera y Yanina Tolosa. La séptima era la fiscal Martí, pero ella rechazó el ofrecimiento y fue reemplazada por Marcelo Fontana.

Vale entonces repasar los hechos de esta semana:

  • El lunes, Apullán ordenó la detención de Rodríguez y el allanamiento de su residencia en la jefatura de Policía de Rafaela y de su domicilio particular en Santo Tomé.
     
  • El miércoles estaba prevista la audiencia imputativa a las 17, en Tribunales, ante el juez de garantías, pero tres horas antes, Rodríguez quedó en libertad por una "directiva particular" de Arietti, que Apullán no tuvo otra que cumplir.
     
  • La audiencia imputativa pasó entonces para el jueves, a las 18.30, en el MPA, a puertas cerradas, pero una hora antes se canceló por un problema de salud de Rodríguez.
     
  • Ayer, otro funcionario de la Fiscalía había anunciado una conferencia de prensa de Apullán para informar sobre el caso, pero Arietti la suspendió. Y pasado el mediodía le informó a Apullán que había creado la Unidad de Delitos Complejos y que él no integraba esa área.