A una semana del balotaje que dio como ganador a Javier Milei, y con él a Mauricio Macri, quien se ocupó durante todo el año de halagar al ultraderechista y ahora desembarcó en su gabinete colonizando carteras claves, la Cámara Federal porteña volvió a la carga y ordenó revocar el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de activos en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez, conocida como la "Ruta del dinero K", una de las causas emblema en la persecución a la vicepresidenta. 

Este martes, en una votación dividida, la sala II del Tribunal de Apelaciones hizo lugar a un planteo de la ONG macrista Bases Republicanas -que pidió reabrir la investigación y en agosto fue aceptada como querellante en la causa-, y revocó el sobreseimiento de la exmandataria, que había firmado el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal del caso Guillermo Marijuán y con el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), por entender que no existen pruebas en su contra.

Con esta decisión, la causa en la que se investigaron maniobras de lavado de dinero cometidas por Lazaro Báez a través de su grupo empresario, vuelve a Casanello, a quien la Cámara recomendó analizar las pruebas que expuso el fiscal Diego Luciani en el juicio Vialidad, estudiar el caso de Hotesur-Los Sauces e incorporar las declaraciones de exfuncionarios arrepentidos en el expediente Cuadernos.

La reapertura de la investigación contó con el voto positivo de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que hicieron lugar al reclamo de la asociación civil Bases Republicanas. Los magistrados no aceptaron declarar la nulidad del dictamen del fiscal Marijuan el 24 de mayo pasado, como pretendía la ONG, pero sí dispusieron que el juez de trámite al planteo del nuevo querellante como acusador.

Eduardo Farah, en cambio, votó en minoría para rechazar el planteo de la ONG. “No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG ‘Bases’ una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa (conf. lo dicho por mí en la resolución previa registrada en CFP 3017/13/330/CA90, del 17 de agosto pasado), debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia”, dijo.

Bases Republicanas, querellante

El juez Casanello, quien sobreseyó a la vicepresidenta, había rechazado tener como querellante a Bases Republicanas, una ONG conformada por exfuncionarios macristas, entre ellos Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura por el estamento de los abogados y exnúmero dos de la AFIP durante la gestión de Cambiemos.

Sin embargo, la Asociación apeló y en agosto logró que se le adjudique ese rol de parte en la causa: la Cámara Federal porteña aceptó el recurso de queja de la Asociación, declaró "mal denegado" el rechazo de la apelación y la concedió. La "labor aislada de la asociación" es la "última ocasión que tienen los habitantes de la República para verificar el alcance que tiene esta denuncia", consideró Llorens en agosto, al recordar que las querellas ya existentes en la causa consintieron el sobreseimiento.

“Resulta procedente la constitución como parte querellante de la asociación que nos ocupa en supuestos en los cuales se ven conculcados derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, en la medida en que el objeto social de la organización de que se trate abarque la defensa y protección de tales garantías y que ello guarde relación con las particularidades de los hechos investigados”, señaló entonces Bertuzzi.

En cambio, Farah, quien en esa oportunidad también votó en disidencia, advirtió que dicha Asociación se presentó en la causa "a más de diez años de iniciada" y "cuando los acusadores legitimados habían pedido la definición de la última situación pendiente, instando al sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, luego decretado por el magistrado". "Lo central pasa porque no están dadas las condiciones que fija la ley para que la solicitante sea tenida por querellante", había advertido el camarista.  

Quiénes integran Bases Republicanas

Tal como describió el periodista Nahuel Lag en esta nota de Página/12, Bases Republicanas es una asociación formada  por dirigentes del PRO que buscan interceder en los juicios contra la vicepresidenta

La actual "presidente" de la asociación, según figura en la página web, es Valeria Viola, quien fuera directora Nacional de Coordinación Institucional y jefa de Gabinete de la Secretaria de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri. En esos años, Viola estuvo involucrada -al igual que Macri- en los Panamá Papers, la revelación de empresas offshore para la fuga de dinero. Viola integraba junto a sus cuatro hermanos Nuni Associates Limited, con dirección en las Islas Vírgenes.

El vicepresidente primero es Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich e involucrado en el operativo represivo sobre la Pu Lof de Cushamen, en el que desapareció y luego apareció sin vida Santiago Maldonado. Con la investigación en marcha, Bullrich movió a Noceti al cargo de secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales. "Abogado penalista de UBA en ejercicio desde hace 20 años", se describe el perfil de Noceti en la web de la asociación. ¿A quiénes defendió en esos años? El ex funcionario de Bullrich es conocido como defensor de represores de la última dictadura militar e integrante de la prodictadura Corporación de Abogados Católicos.

El Consejo Directivo de la asociación también está integrado por ex funcionarios macristas. Entre ellos, Pablo Clusellas, el ex secretario Legal y Técnico de la Nación, quien también había acompañado a Macri en su gestión en la Ciudad con el mismo cargo. De hecho, Clusellas acompaña a Macri desde pequeño, son amigos desde los 6 años y fueron compañeros en el Colegio Cardenal Newman. El amigo de Macri logró mantener un cargo público tras su salida de la Casa Rosada: en enero de 2020 fue nombrado auditor en la Auditoria General de CABA.

El consejo también lo integra Juan Curuchet, quien fuera presidente Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) durante la gestión de María Eugenia Vidal y también vicepresidente Banco Ciudad de Buenos Aires de la mano de la gestión macrista. Durante su gestión en el Bapro, Curuchet impulsó la Ley 15.008, que modificó la normativa de la caja de jubilaciones del personal, elevando la edad a los 65 años para hombres y mujeres, y redujo de 82 a 75 por ciento el pago de los háberes respecto de sus salarios en actividad. La norma fue suspendida por la Suprema Corte provincial este año. También bajo su mandato se orquestó en una sede del Bapro una reunión entre exfuncionarios de Vidal, con el ministro Marcelo Villegas a la cabeza, junto al intendente Julio Garro y exespías de la AFI, para diseñar una "Gestapo" antisindicalista.

Otra integrante del Consejo Directivo de la asociación que busca reabrir la causa de la "Ruta del dinero K" es Inés Liendo, quien fue precandidata a gobernadora del PRO en Salta con el respaldo de Macri, aunque no llegó a las generales. También fue derrotada en la interna como precandidata a diputada nacional por la lista que acompañaba a Horacio Larreta. Liendo es nieta del general Horacio Tomás Liendo, el primer ministro de Trabajo de Jorge Rafael Videla durante la peor dictadura de la historia argentina y ejercer la herencia de su abuelo con un negacionismo militante.

Cuando falleció la madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, Liendo escribió en sus redes: "Murió Hebe de Bonafini. Una mujer que con la excusa de los DDHH, incitó a la violencia, fomentó la división entre argentinos, y fue la responsable de la causa de corrupción más escandalosa de la era kirchnerista. Digamos todo!". 

Entre los fundadores de la asociación también está presente el ex senador y asesor de campaña de Bullrich, Federico Pinedo. En mayo se animó a anticipar sobre la interna de Juntos por el Cambio: "Los halcones vamos a ganar la interna".

Otra de las fundadoras y ex presidenta de la asociación es Jimena De la Torre, consejera del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados y ex jefa de Gabinete de la AFIP, bajo la gestión de Leandro Cuccioli en el gobierno de Macri. Por su paso por la AFIP fue denunciada por contrataciones irregulares en una causa que tramita el Juzgado Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti; y estuvo involucrada en la causa Oil Combustibles con la que el gobierno de Macri presionó al Grupo Indalo. De la Torre también fue asesora del exsenador Esteban Bullrich y jefe de despacho del diputado Cristian Ritondo.