La Corte Suprema de Panamá declaró este martes inconstitucional el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, una decisión que se espera ponga fin a una crisis nacional y abra un frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
Por unanimidad, el pleno de nueve magistrados encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el contrato.
"Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406", declaró López Arias acompañada por el resto del pleno en una declaración emitida en directo. "Esto significa que la ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país", agregó la magistrada al anunciar el fallo luego de cuatro días de deliberaciones entre los nueve miembros del máximo tribunal del país.
"Aprovechamos la oportunidad para enviarle un mensaje de felicitación a los panameños, con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia, que Dios bendiga a Panamá", planteó López Arias en referencia a la celebración este 28 de noviembre de los 202 años de la declaración de independencia de Panamá de España.
La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10 mil millones de dólares, según la empresa, que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano causando daños irreparables al ecosistema, de acuerdo con los grupos ambientalistas que llevan años luchando contra el enclave.
Con este fallo el contrato "deja de existir", habían adelantado ante esta posibilidad la exfiscal general panameña Ana Matilde Gómez y el experto constitucionalista Ernesto Cedeño. En consecuencia el Ejecutivo tendrá, en el corto plazo, que ordenar el cese de operaciones de la mina, que no es lo mismo que su cierre, un proceso que tomará años de acuerdo con los expertos.
El presidente acatará el fallo
Laurentino Cortizo reaccionó al fallo del máximo órgano judicial subrayando que acatará la orden. "Como presidente de la República, siempre respetuoso de la separación de los poderes del Estado y de nuestra Constitución, recibo y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia, expresada en su fallo de hoy, sobre la Ley 406 del contrato minero", afirmó el presidente panameño en un breve comunicado.
"Reitero al país mi total convicción sobre el valor de la justicia, como columna vertebral de la democracia", concluyó el presidente, muy criticado por la velocidad con la que fue aprobada esta ley, en apenas tres días. La canadiense FQM ya avisó que presentará dos demandas contra Panamá ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, según informó el gobierno de Cortizo, que dijo estar listo para defender al Estado.
Protestas históricas
La compañía minera respondió al comunicado del gobierno panameño asegurando que el objetivo de la notificación era "meramente cumplir con las formalidades" con el propósito "de abrir entre las partes un período de diálogo de al menos 90 días". La canadiense FQM argumenta que la mina genera 50 mil empleos, aporta un 5 por ciento del PBI y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial.
La mina produce desde 2019 unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75 por ciento de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares anuales. Los ambientalistas denuncian que la mina daña severamente el medioambiente por estar en un corredor biológico que conecta a Centroamérica y México.
Se espera que esta decisión de la Corte panameña ponga fin a la crisis desatada por la aprobación exprés del contrato ley por parte del Parlamento y el gobierno, que dejó cuatro muertos, un paro docente que dejó sin clases en el último mes a cerca de 800 mil estudiantes y un descalabro económico por los cortes de ruta liderados por grupos indígenas y sindicatos, que empezaron ya a levantarse.
Luego del anuncio de inconstitucionalidad de la ley, se desataron celebraciones de un grupo de manifestantes que pasaron toda la noche afuera del edificio la Corte Suprema. "Esta patria no se vende, esta patria se defiende", cantaban frente a la Corte los maestros, gremio que está en huelga desde el 23 de octubre. El ministerio de Educación informó que a 17.495 docentes de todo el país se les retuvo el salario correspondiente a la segunda quincena de noviembre por declararse en huelga indefinida.
Más de 1.300 personas fueron detenidas por la Policía Nacional desde el inicio de las manifestaciones en contra de la Ley 406. El movimiento estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno y FQM para operar por 40 años una mina de cobre a cielo abierto en el Caribe panameño. El contrato fue rubricado en agosto por el gobierno y la compañía canadiense, después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.
