A dos días de las elecciones en Venezuela, un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralelo empezó a funcionar ayer, con el amparo del secretario de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, y el rechazo de los embajadores de los países miembros del organismo supranacional, que no asistieron al acto. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela calificó el hecho de “golpe judicial” y pidió a los países del mundo rechazar “estas acciones conspirativas, que dan pie a la anarquía en la delicada práctica del derecho internacional”.

Este tribunal paralelo fue elegido por el Parlamento, de mayoría opositora, y funcionará en tres sedes fuera del país, sin competencias reales y con sus integrantes buscados por la Justicia venezolana. 

El titular de este TSJ paralelo, Miguel Ángel Martín, encabezó el acto en el que se instaló el cuerpo en el Salón de las Américas de la OEA. El Supremo opositor celebró, además, su primera sesión de trabajo en el Salón Miranda de la sede del organismo continental y la semana próxima hará otra Colombia. Aunque los jueces harán base en una oficina privada, Martín aseguró que habrá otras sesiones en las instalaciones de la OEA, donde se congregaron opositores y simpatizantes antichavistas, y remarcó que las cuestiones de derechos humanos y la necesidad de “una apertura de un canal humanitario” serán claves para el Tribunal.

Almagro resumió el rol futuro del cuerpo: “Los magistrados tienen la fundamental tarea de dar sentido a la Justicia nuevamente en el país, una Justicia que ha sido esquiva para los venezolanos, inexistente para los venezolanos, definitivamente atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen”, dijo. Para el ex canciller uruguayo, el TSJ oficial es “hijo de la Asamblea Nacional Constituyente y definitivamente está deslegitimado por sus acciones contra la democracia, sus abusos y arbitrariedad contra el Estado de derecho y los derechos humanos”.

El Tribunal instalado ayer en la OEA es fruto de la designación, en julio, de 33 integrantes por parte de la opositora Asamblea Nacional, que cuestiona al TSJ original porque sus miembros fueron nombrados con la composición vieja del legislativo, dos días antes del recambio de bancas, y lo considera al servicio del gobierno de Nicolás Maduro.

Casi de inmediato, desde Caracas llegó la réplica del Tribunal oficial, que consideró un “golpe judicial” la instalación del cuerpo paralelo, y reivindicó “la defensa de la soberanía y de las instituciones” venezolanas.

En un texto firmado por el titular del máximo tribunal, Maikel Moreno, el TSJ adelantó que revisará “con profundidad las relaciones y el principio de reciprocidad con las naciones que intenten legitimar la acción criminal e ilegal de un grupo de usurpadores que pretenden promover acciones golpistas e intervencionistas en contra de la Justicia venezolana”.

“Cualquier tipo de legitimación por alguna nación en reconocimiento de ese grupo usurpador, solo traerá consecuencias negativas a los procedimientos en materia penal, tratados internacionales, acuerdos mutuos en materia judicial, convenios multilaterales”, prosigue el comunicado oficial.

El Poder Judicial venezolano, alineado con el oficialismo, llamó “apátridas y mercenarios de la Justicia” a los magistrados opositores que, consideran, “deben ser perseguidos no sólo por los organismos del país, sino por las instituciones del mundo”.

La cuestión judicial tuvo otro capítulo fuera del territorio nacional: la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció ayer que tiene listo un expediente que presentará ante la Corte Penal Internacional para denunciar al Estado venezolano por violaciones de los derechos humanos. Ortega habló al final de un encuentro que tuvo en Ginebra con el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con quien debatió la situación en Venezuela y las elecciones regionales del domingo.

Ortega Díaz es una chavista que se fue alejando del oficialismo, hasta ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora reside con su esposo en Colombia. “He decidido empezar a sacar todas estas pruebas, o parte de ellas, porque me voy a reservar muchas para ver en qué oportunidad las voy a sacar”, adelantó.

El miércoles, Ortega Díaz publicó en su cuenta de Twitter un video en el que aparece un ex presidente de la constructora Odebrecht en Venezuela declarando supuestamente ante autoridades judiciales de Brasil que había entregado 35 millones de dólares para la campaña electoral de Maduro.