Varios medios latinoamericanos han confesado expresamente que desarrollan una guerra mediática, una guerra informativa en contra de sus adversarios políticos. Se comportan como partidos políticos, frente a la debilidad de los partidos políticos de derecha.

Asimismo, se desarrolla, por parte de la derecha del continente, una guerra jurídica (lawfare) en contra de los liderazgos y de los partidos de izquierda. Lawfare es el uso indebido de recursos jurídicos para fines de persecución política. La ley es utilizada como una especie de arma de guerra, lo cual permite el uso político de un instrumento jurídico, buscando resultados políticos.

El lawfare depende de reiterados usos de notas destacadas en los medios para mostrar a un líder político popular como el gran enemigo del país. Un rasgo del lawfare es el uso de acusaciones livianas, sin pruebas, sin fundamentos. Pero los medios se comportan como si estuvieran respaldados por gran cantidad de pruebas. Se utiliza  –y se abusa de su uso– el derecho como sustituto de armas de guerra, de los tradicionales métodos militares, para obtener éxito en un conflicto, intentando aniquilar la imagen de un líder popular. 

Se trata de dar una apariencia de legalidad a un abuso. Para intentar deslegitimar aun líder popular, se manipula el sistema legal, con abuso, sin defensa, para buscar influir en la opinión pública. Por eso, en esa guerra jurídica es fundamental la alianza estrecha entre el poder judicial y los medios. Las personas son expuestas, execradas y condenadas en la opinión pública antes de ser juzgadas, con todas las formalidades y el respeto al derecho a la defensa. Cuando se llega al juicio, la condena ya fue ejercida por los medios. 

El uso cobarde del lawfare es más fácil que una disputa democrática en las elecciones, porque quien lo ejerce cuenta con poderosas fuerzas, como los medios y el poder judicial, actuando de forma brutal y unilateral. Es el opuesto a la búsqueda de justicia, dado que procura, por medio de instrumentos livianos y del mal uso de procesos legales, intimidar a sus adversarios políticos. Los jueces, así como la policía y los medios, actúan de forma arbitraria, violando derechos individuales, buscando imponer una culpabilidad sin pruebas.

Gana el lawfare quien tiene más poder, político y económico. Se van acumulando sospechas, aun sin pruebas, que buscan destruir reputaciones, destruir el prestigio político de los líderes que lo han construido con sus políticas de carácter popular. Se trata entonces de buscar el debilitamiento de la confianza del pueblo en esos líderes por la acumulación de simples sospechas. 

El lawfare es un acto de guerra, por eso la expresión está vinculada con warfare. En las condiciones políticas actuales, se da por medios jurídicos y de manipulación de la opinión pública. Se trata de una guerra asimétrica, en la que las armas son las leyes, manipuladas de forma unilateral y arbitraria, con fines políticos. 

Se pueden resumir los rasgos de ese nuevo tipo de guerra de la forma siguiente:

  • manipulación del sistema legal, con apariencia de legalidad, para fines políticos
  • instauración de procesos judiciales sin ninguna base legal, con cualquier pretexto
  • abuso del derecho, con el objetivo de perjudicar la reputación de un adversario
  • promoción de acciones judiciales para desacreditar al oponente
  • intento de influir en la opinión pública usando la ley para difundir publicidad negativa
  • judicialización de la política, valiéndose de la ley para buscar medios y fines políticos
  • promoción del desconcierto y de la desilusión en sectores del pueblo
  • crítica de los que se valen del derecho internacional y de los procesos judiciales para emprender acciones en contra del Estado
  • uso del derecho como forma de combatir al adversario político
  • bloqueo y retaliación de los intentos de los adversarios de hacer uso de procedimientos y normas legales disponibles para defender sus derechos
  • descripción de las acciones de los enemigos como inmorales e ilegales, con el fin de frustrar sus objetivos.

En síntesis, es una forma contemporánea de perversión de la democracia, en la que se usa lo que debiera garantizar el Estado de derecho como arma de guerra para aniquilar el enemigo, cuando no se lo puede destruir políticamente, en condiciones de disputa equitativa.